La sala recordó al Estado venezolano que en esta etapa de investigación corresponde a la Fiscalía de la CPI y no a dicha instancia determinar el interés o la suficiente gravedad para iniciar este procedimiento, en base al interés superior de justicia.
Khan ha insistido en que el Estado venezolano no ofrece pruebas circunstanciales que permitan admitir que presuntos crímenes de lesa humanidad están siendo investigados, juzgados y realmente sancionados.
Loaiza López representó a 11 organizaciones en la sesión 85 de la Cedaw que defienden a víctimas y sobrevivientes de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, tortura, esclavitud sexual y violencia de género.
Para Ali Daniels, el Gobierno “trata de manipular la utilización de términos que son estrictamente procesales y técnicos para dar una connotación que no es la correcta”.
De los tres anexos que tiene el informe de la CPI sobre las víctimas del caso Venezuela I, solo quedó publicado uno para mantener la identidad protegida de los participantes.
Las señaladas potencias, que mal deben ser subestimadas, concluyen para la Era Nueva y en tiempos de globalización que le saldrán al paso “al abuso de los valores democráticos y a la injerencia en los asuntos internos de los Estados soberanos con el pretexto de proteger la democracia y los derechos humanos”.
Desde hace tres años son más de 400 denuncias de desaparecidos en Tumeremo. Madres y esposas denunciaron al comandante Ernesto Solís por los crímenes que mantienen en zozobra al pueblo.
Venezuela se estremece y se desangra a consecuencia de los embates de las fuerzas de la violencia que, con todas sus máscaras y disfraces caídos, se abaten con toda la crueldad y perversión posibles sobre la humanidad de nuestra sociedad.
