
“Creo que el gobierno quiere presentar esto como un gran esfuerzo en pos de la seguridad pública de los Estados Unidos por razones políticas”, opinó John Sandweg, ex director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
“La Corte Penal Internacional debe actuar con urgencia, ante tantos elementos presentados y acelerar la investigación y emitir órdenes de arresto contra los máximos responsables, incluso si ocupan cargos de poder”, expuso la abogada Tamara Suju.
La defensa del militar venezolano había pedido en febrero pasado que se anulara la orden de arresto emitida en septiembre de 2024 en su contra.
La CPI ha investigado los asesinatos masivos ocurridos durante la letal campaña del exmandatario contra las drogas ilegales, cuando era alcalde de la ciudad sureña de Davao y luego como presidente.
Organizaciones enfatizaron que los representantes legales y las organizaciones de la sociedad civil podrían enfrentar consecuencias derivadas de su respaldo a la justicia ante la corte.
La petición se enmarca dentro del artículo 14 del Estatuto de Roma, que regula la posibilidad de solicitar investigaciones para determinar responsabilidades en posibles crímenes internacionales.
La petición se ha hecho en favor de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU y coincide con los recortes que está ordenando el Gobierno estadounidense y que afectan a programas humanitarios en el exterior.
El Fiscal cree, tanto como la oposición funcional venezolana, que el régimen de Maduro es redimible y hasta puede volverse bueno. Que sólo cabe esperar, hasta que cese el mal absoluto que le apresa, por medio de una entente civilizada con este, con espíritu de tolerancia.
“Después de las elecciones de este año insistí en mis comunicaciones con Venezuela y en declaraciones públicas en la necesidad de proteger los derechos de los civiles, incluidos los niños, que deben ser liberados si están detenidos por motivos políticos o cualquier persona que estuviera protestando pacíficamente”.
Manifiestan que los acontecimientos postelectorales, y la aparente inacción del fiscal Karim Khan desde el inicio de la investigación en junio de 2023, generan una profunda preocupación entre las víctimas y sus familias.