El Fiscal cree, tanto como la oposición funcional venezolana, que el régimen de Maduro es redimible y hasta puede volverse bueno. Que sólo cabe esperar, hasta que cese el mal absoluto que le apresa, por medio de una entente civilizada con este, con espíritu de tolerancia.
“Después de las elecciones de este año insistí en mis comunicaciones con Venezuela y en declaraciones públicas en la necesidad de proteger los derechos de los civiles, incluidos los niños, que deben ser liberados si están detenidos por motivos políticos o cualquier persona que estuviera protestando pacíficamente”.
Manifiestan que los acontecimientos postelectorales, y la aparente inacción del fiscal Karim Khan desde el inicio de la investigación en junio de 2023, generan una profunda preocupación entre las víctimas y sus familias.
En un escrito, con fecha de 22 de noviembre, dirigido a la Sala de Apelaciones de la CPI con motivo de la recusación presentada contra Khan por presuntos conflictos de intereses, la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas advirtió que “las víctimas llevan mucho tiempo esperando justicia y tienen derecho a procedimientos rápidos y justos”.
Mientras se violan a menores de edad, se practican encarcelamientos por miles y siguen los asesinatos para acelerar el terror en los mayores y en la totalidad de la población, el régimen ha pulverizado a la soberanía nacional. Le ha irrogado un golpe de Estado.
Para el último trimestre del año la entidad mantiene los patrones de crímenes y violencia que lo convirtieron en la tercera región más violenta del país en 2023.
Especialistas consultados por el medio Voz de América indican que la realidad de la seguridad en Venezuela es más compleja de lo que el candidato plantea.
Resaltó que con estos casos se suman ya unas 920 incidencias en las oficinas de esta instancia en La Haya que se registraron después de las presidenciales.
El fallo alcanza además a más de treinta figuras vinculadas al Gobierno venezolano, entre ellos miembros de las Fuerzas Armadas, de Seguridad, de la Guardia Nacional Bolivariana y agentes de inteligencia al servicio del régimen.
El activista de los derechos humanos, Walter Márquez, dijo que estuvo en la CPI el pasado 12 de septiembre para consignar un documento en el que reclamó al Tribunal Internacional celeridad procesal en la investigación del caso Venezuela I por crímenes de lesa humanidad y prisión perpetua contra Maduro.
