La junta directiva del ente municipal quedó ratificada con el voto de los 9 concejales oficialistas, y el de la fracción de Unión y Progreso.
La legisladora continúa con el trabajo de contraloría social en dependencias del estado Bolívar.
La página de la Contraloría indica que las inhabilitaciones se hicieron según dos resoluciones con fecha del 24 de mayo, aunque no ha habido declaración pública de esa institución.
La dirigente de Vente Venezuela respondió a esta sentencia a través de su cuenta en X, donde dio por muerto el Acuerdo de Barbados y aseveró que “(Nicolás) Maduro y su sistema criminal escogieron el peor camino para ellos: unas elecciones fraudulentas”.
El recurso consignado por la defensa de la candidata presidencial señala no estar inhabilitada ya que nunca fue notificada de esa sanción por lo que asegura que es “un acto inexistente”.
Esa actitud de la mencionada instancia es “para aparecer que están haciendo algo en relación a la solicitud hecha por la candidata” a través del documento entregado por el doctor Perkins Rocha Contreras el pasado viernes.
De su gestión no hay información de algún pronunciamiento sobre los 148 casos de corrupción con origen en Venezuela que se ventilan en tribunales de 27 países, o sobre las más de 260 obras inconclusas por las que Venezuela pagó y no se culminaron.
Según el documento emitido por Contraloría y entregado por Brito a los medios, a la dirigente se le aplicó una inhabilitación el 13 de julio de 2015 por un año, pero se le continuó una investigación patrimonial que derivó en la declaratoria de responsabilidad administrativa.
Los fondos de la corrupción podrían pagar millones de salarios durante al menos dos años, garantizando al menos la alimentación de millones de familias venezolanas.
El jueves 2 de febrero se incendiaron seis carros que pertenecían al CLEB y que llevaban unos cinco años, con signos de desvalijamiento y abandono, en un inmueble de propiedad privada.