Ilusorio creer que exista autoridad judicial alguna en Venezuela, con voluntad de reparar semejantes despropósitos de la Sala Constitucional. Pero hay que levantar acta del atropello.
Juan Guaidó ya ha adelantado que Voluntad Popular y el resto de la oposición mayoritaria que capitanea no participarán en los comicios parlamentarios por considerar que en las circunstancias actuales serían un “fraude”.
Bachelet manifestó su preocupación por las continuas detenciones contra líderes políticos, periodistas, trabajadores de la salud, sindicalistas y otros representantes de la sociedad civil, así como la obstaculización del trabajo de la Asamblea Nacional y lo que considera como “las graves violaciones a los derechos económicos y sociales”.
La designación arbitraria de las autoridades del Poder Electoral aleja la posibilidad de celebrar comicios confiables y transparentes. La oposición considera que la decisión agrava aún más el panorama institucional.
La ONG Acceso a la Justicia explica las inconsistencias de la sentencia de la Sala Constitucional para considerar a Luis Parra como presidente del Parlamento.
La movilización en Puerto Ordaz hizo énfasis en un mensaje contra la desesperanza ante la traba del régimen de Maduro a la crisis institucional. “No hay que claudicar, tenemos que seguir en la lucha”.
La crisis institucional en Venezuela se agravó en 2017 cuando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró en “desacato” al Parlamento y se creó la Constituyente, que asumió ‘de facto’ el Poder Legislativo.
Grupos violentos amparados por el gobierno agreden a diputados y periodistas en su intento por enturbiar la entrada del presidente de la AN luego de su gira internacional para aumentar la presión a Maduro.
El mandatario solicita -entre insultos al presidente de la AN- el acompañamiento de la ONU y el grupo de contacto para que lideren una negociación que derive en un “acuerdo electoral de amplias garantías”.
Juan Guaidó dijo que esta demanda “forma parte de la estrategia” para “atender la emergencia” y resguardar los activos fuera del país.