
El organismo exhortó a los distintos actores políticos que participan en el proceso a sostener un “diálogo serio, amplio e inclusivo” que no solo permita el rescate de la institucionalidad democrática, sino que se dé en un marco de garantía de los derechos humanos. | Foto cortesía
La CIDH destaca que “estos asesinatos ocurren en un contexto de discriminación y falta de protección para las personas LGBTI, incluyendo la ausencia de reconocimiento legal y registral de la identidad de género de las personas trans y de género diverso”.
La medida cautelar para José Humberto Hernández fue solicitada en octubre de 2020 por la ONG Defiende Venezuela. Por sus condiciones de salud, Hernández tiene riesgo de desarrollar cáncer de próstata.
La Comisión considera que los 20 pacientes se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida, integridad personal y salud están en riesgo de daño irreparable.
La comisión observó que se ha alegado que los seis niños enfrentan riesgos a sus vidas y a sus integridades personales si regresan a Venezuela, con situaciones que incluyen abuso doméstico.
Olnar Ortiz, abogado del Foro Penal, informó que los indígenas tuvieron síntomas similares a los de la COVID-19. Pese a las denuncias en la Defensoría del Pueblo, siguen sin acceso a la salud, en un recinto sobrepoblado y sin agua potable.
El informe 2019 del organismo multilateral responsabiliza al Poder Judicial, afín a Maduro, de socavar la democracia y vulnerar los derechos humanos.
El objetivo principal sería aclarar hechos denunciados de manera individual o colectiva, investigando las circunstancias que los rodean y consignar estos en un informe objetivo, que deberá ser presentado ante los órganos direccionales de la CIDH, para posteriormente hacerlo público.