Las familias de los pemones han sido los otros afectados desde la detención, han tenido que salir de sus comunidades para garantizar que los detenidos puedan alimentarse dentro del centro de reclusión.
La ONG Justicia Venezolana detalla que en el caso de los Comandantes de los Batallones Blindados hay un atraso de más de 750 días para la apertura de juicio y, en el caso operación ‘Vuelvan Caras’, más de 320 días de retardo procesal.
El diputado suplente por Bolívar lleva más de cinco meses preso en la sede del Sebin, en Ciudad Bolívar. Según informe médico, presenta una neumonía por posible COVID-19.
Familiares de González han denunciado su grave estado de salud. El dirigente padece de problemas renales y crisis hipertensivas al estar recluido sin medidas preventivas para evitar contagio de la COVID-19, su vida corre peligro.