Con estas acciones, quienes detentan el poder pretenden vulnerar el derecho a la participación, la asociación y la legítima potestad que tienen los ciudadanos de designar a sus representantes, prevista en la legislación nacional.
En un comunicado, la institución rechazó las “actuaciones del Ministerio Público y del Tribunal Supremo de Justicia” que -señaló- tienen el objetivo de “judicializar y criminalizar” a la Comisión Nacional de Primaria.
Magaly Vásquez, abogada del presidente de la Comisión Nacional de Primaria, Jesús María Casal, informó que “no hay motivos para imputar porque no hay delito”.
Este 30 de octubre el máximo tribunal ordenó la suspensión de “los efectos de las distintas fases” de las elecciones primarias de la oposición en las que resultó electa María Corina Machado con 92% de los votos.
La Comisión Nacional de Primaria dejó de comunicar información importante durante la jornada electoral, dejando abierta la posibilidad de usar esos vacíos para la desinformación.
La Sala Electoral ordenó a la Comisión de Primaria remitir los antecedentes administrativos de las fases del proceso electoral.
“La primaria fue un robusto proceso ciudadano que no podrá ser empañado por la arremetida de Nicolás Maduro ante el temor que le causa la firme decisión de cambio del pueblo venezolano”.
“El Estado debe propiciar las condiciones y mecanismos para que dichos derechos puedan ser ejercidos de forma efectiva y sin ningún tipo de discriminación”, insistió.
El abogado y exfiscal Zair Mundaray cuestionó este viernes que los fiscales Jean Karim López y Jorman Flores citen como “investigados” a Casal, Camero y Abdul, pese a que esta cualidad no existe en el Código Orgánico Procesal Penal.
La administración madurista persigue con la garra de sus cuestionadas instituciones a los organizadores del evento opositor días después de firmar un acuerdo parcial sobre los derechos políticos y electorales.