La iniciativa analiza las contribuciones de las Organizaciones de la Sociedad Civil al tercer ciclo del Examen Periódico Universal sobre Venezuela de las Naciones Unidas, en donde se evaluarán los expedientes de derechos humanos del país.
El organismo pide además que el gobierno de Nicolás Maduro investigue y sancione con la debida diligencia a los responsables de la muerte de personas mientras están bajo custodia del Estado.
Por el delito cometido en 2003, la corte ordenó ejecutar las investigaciones y procesos penales en un plazo razonable, así como reparar con prontitud a los familiares de las víctimas. | Foto cortesía
La ONG Acceso a la Justicia respondió siete preguntas claves sobre el proyecto de Ley de Cooperación Internacional, que nos es más que una arremetida en contra de las organizaciones de la sociedad civil. | Foto William Urdaneta
La organización de derechos humanos ofrece un balance de la situación de la patología en el país a propósito de la medida cautelar que otorgó al CIDH a 20 pacientes.
Daniel Ortega utiliza mecanismos “traperos” para acabar con la prensa y los medios independientes del sufrido país centroamericano. Hace funcionar al fisco, envía inspectores que rápidamente encuentran elementos y faltas para sancionar a los medios.
Francisco Cox, uno de los tres expertos que encabeza la misión de verificación de hechos comisionada por la ONU que determinó que en Venezuela Nicolás Maduro y otras autoridades son responsables de posibles crímenes de lesa humanidad, afirma que las prácticas violatorias de derechos humanos han penetrado a fondo en los cuerpos de seguridad nacionales.
El origen de la Relatoría habría que ubicarlo en julio de 1997, cuando en la conferencia hemisférica convocada por la SIP se pidió a la CIDH la creación de la Relatoría especial para la libertad de expresión. Fue la recomendación número 25, votada por la unanimidad de más de una cincuentena de “notables” del continente y de Europa.
El informe 2019 del organismo multilateral responsabiliza al Poder Judicial, afín a Maduro, de socavar la democracia y vulnerar los derechos humanos.
El organismo consideró indispensable que se produzca información veraz y transparente, “sin que haya restricciones indebidas en el acceso a la información relacionada con la pandemia y las acciones de contención”.