
A conciencia de ser repetitivo, diremos que es indispensable el cese de la usurpación, es decir, la salida de Nicolás Maduro y el combo que lo rodea, de las posiciones que detentan.
El régimen sabe que la cuenta regresiva está en marcha. Aunque algunos piensen lo contrario adquiere pleno valor aquella vieja frase según la cual “lo bueno que tiene la cosa es lo mala que se está poniendo”. | Foto William Urdaneta
Varios diputados resaltaron la importancia del evento que iniciará el próximo 7 de diciembre. El presidente del Parlamento, Juan Guaidó, aseguró que no existe duda de que con el 6D “Maduro no busca legitimidad sino aniquilar” el Poder Legislativo.
El presidente encargado aseguró que tienen “toda la intención de rectificar y alinear las visiones de todos los sectores que hacen falta para lograr los objetivos planteados”.
La formación de un gobierno de transición y la posterior convocatoria a elecciones libres y democráticas serían acciones progresivas a medida que las circunstancias lo permitieran. En esto, aparentemente al menos, estuvo toda la oposición.
“Hay que volver a la separación de poderes que manda la Constitución”, señala el padre jesuita Luis Ugalde, quien destaca tres ingredientes que debe contener un potencial acuerdo político: elecciones presidenciales, supresión de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente y renovación del CNE con participación de la Asamblea Nacional.
Las apariencias engañan. Mientras Maduro baila salsa y pierde terreno, Guaidó, en su stillness continúa avanzando en el cese de la usurpación.
El llamado socialismo del siglo XXI ha sido un fracaso más de una política ideológica comunistoide. En nuestro país, en manos de individuos sin formación suficiente, incompetentes y muchos de ellos bastante corrompidos.
En Guayana, las estatales de metales están en su mayoría paralizadas, de modo que la convocatoria de paros escalonados realizada por el presidente encargado, Juan Guaidó, luce poco efectiva en el contexto actual. El miembro del comité de Operación Libertad Sindical, Leonel Grisett, considera que la propuesta puede ejecutarse en entes dependientes de alcaldías y gobernaciones.