
A pesar de que el país cuenta con una ley contra la violencia de género, creada en 2007, las organizaciones advierten que su aplicación es insuficiente.
La jurista afirma que la falta de conocimiento de la ley contribuye a la impunidad en casos de violencia contra la mujer.
Meneses y Cepaz hicieron un llamado a los organismos internacionales a que mantengan y fortalezcan sus mandatos de monitoreo, protección e investigación sobre la situación de derechos humanos en Venezuela.
Los meses con mayor incidencia de acciones femicidas fueron febrero con 54 casos y julio con 42 casos.
San Miguel, acusada por el Ministerio Público de su supuesto vínculo con una conspiración que incluía un plan de magnicidio contra Nicolás Maduro, fue detenida el 9 de febrero en el aeropuerto internacional de Maiquetía, cuando se disponía a viajar en compañía de su hija.
Las inhabilitaciones políticas no solo representan un patrón sistemático de persecución política, sino que además se llevan a cabo bajo procedimientos que vulneran la Constitución y las convenciones y pactos internacionales en materia de derechos humanos.
El informe señaló que los femicidios mayormente ocurre en sus hogares y son perpetrados por sus padres, o por hombres cercanos a ellas, y en menor medida por sus madres, o por mujeres que las cuidan.
De acuerdo con la coalición de ONG, Venezuela no tiene un marco legal que proteja e incentive la paridad de género en los partidos políticos.
Cepaz alertó que la falta de datos estadísticos oficiales que revelen la verdadera magnitud de este delito impiden su comprensión e imposibilitan una actuación preventiva coordinada desde las distintas estructuras del Estado.
El registro anual de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía evidencia que las vulneraciones contra mujeres siguen siendo una realidad en el estado Bolívar.