
Hasta ahora, la FAN adelantó el traslado del material electoral a los lugares inhóspitos del país. El 22 de julio se informó sobre el inicio de la activación de los puestos de comando del Plan República en todo el territorio nacional.
En asamblea realizada en la comunidad pemón también acordaron cerrar de forma indefinida el aeropuerto Gustavo Heny, ubicado en su jurisdicción.
“Todos aquellos ciudadanos que incumplan la ley serán judicializados y sus materiales destruidos por ecocidio y permanencia ilegal y arbitraria”, afirmó el jefe del Ceofan, Domingo Hernández Lárez.
El jefe del Ceofan incluyó un cuadro estadístico con el número total de desalojos de la mina, donde indicó que de los 864 ciudadanos hasta este viernes, 654 son de nacionalidad venezolana y 210 pertenecen a etnias indígenas.
Según la Fuerza Armada Nacional se evacuaron a 236 personas en las últimas 24 horas de Bulla Loca, ya que en el balance ofrecido el lunes la cifra se situaba en 523.
A través de sus redes sociales, el jefe del Ceofan dijo que las autoridades activaron un plan de desalojo de las personas que se dedicaban a la “minería ilegal de manera subrepticia y violando el ordenamiento jurídico territorial”.
Este domingo, Maduro envió un mensaje en redes sociales donde expresó que solo quedaban siete días para la realización del referendo consultivo sobre el Esequibo; evento “para que el pueblo dé una demostración de democracia y paz”.
Hernández Lárez reiteró que por órdenes de Maduro, la FAN está desplegada en el Parque Nacional Reserva de Biósfera Parima Tapiraoeco en el municipio Alto Orinoco.
La ONU señala que la minería ilegal es ejecutada “por una persona, física o jurídica, o un grupo de personas, sin cumplir los requisitos de la legislación o los reglamentos administrativos aplicables que rigen esas actividades”.
A los evacuados se le atribuye “una presencia arbitraria” en zona de seguridad del Estado y destrucción de la naturaleza.