La organización exigió que se garanticen los derechos humanos y la dignidad a las mujeres recluidas, al tiempo que afirmó que el Estado venezolano “debe garantizar justicia”.
La cárcel y el anexo de máxima seguridad de El Rodeo fueron intervenidos desde tempranas horas del 23 de noviembre por los cuerpos de seguridad. Las visitas fueron suspendidas y a los familiares que se encontraban en el lugar no se les informó el motivo de la toma.
Según el análisis del Observatorio Venezolano de Prisiones, al menos 42.863 personas privada nos de libertad, tanto en cárceles como en calabozos policiales, tienen derecho al voto.
El Observatorio Venezolano de Prisiones explicó que el Ministerio para el Servicio Penitenciario no cumple con el protocolo para determinar que más de 2 mil privados de libertad por razones política deben ser trasladados a una cárcel de máxima seguridad.
Familiares de personas que se encuentran privadas de libertad han realizado varias protestas contra el retraso procesal y los traslados inconsultos de sus parientes.
Defensores de derechos humanos denuncian que en los centros de arresto preventivo mantienen a detenidos en condiciones de hacinamiento, incluso durante años cuando por ley solo deberían permanecer pocos días.
“El retardo procesal de Venezuela es uno de los graves problemas que tiene nuestro sistema penitenciario, estamos hablando del 70%”, afirma Carlos Palma.
Entre los nuevos centros penitenciarios se encuentran tres cárceles de hombres, dos anexos femeninos y 11 centros de detención preventiva ubicados en sedes policiales.
La organización señaló que las recomendaciones no solo apuntan a la gestión penitenciaria, sino también a la humanidad de los detenidos.
Los detenidos exigen que cese el retardo procesal tal como lo prometió Nicolás Maduro en el 2021.