
En el grupo de sancionados, cuatro están directamente implicados en la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta, quien murió en junio bajo la custodia de las autoridades venezolanas.
“La detención políticamente motivada y la trágica muerte del capitán Rafael Acosta fueron injustificadas y son inaceptables”, ha dicho el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en un comunicado.
“Exigimos la entrega del cuerpo del capitán Acosta a su viuda de acuerdo a los procedimientos legales establecidos y los principios de la más básica humanidad”, reclamó la OEA a través de su secretario general. El régimen no acató.
“Urjo a las autoridades a llevar a cabo una profunda investigación -que incluya una autopsia que siga los estándares internacionales- que sea independiente y transparente”, pidió la alta comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos.
El presidente encargado exhortó a los venezolanos a salir a la calle el 5 de julio.