En las imágenes satelitales publicadas por la organización conservacionista se evidencia el avance de la tala de árboles y el desplazamiento de la fauna en zonas que siguen bajo el yugo de la minería ilegal a cielo abierto.
Datos recientes de SOS Orinoco indican que son 173.989 hectáreas en las que se practica la minería, pero estos datos también abarcan la que se hace en el Esequibo, que es impulsada por Guyana.
Hernández Lárez compartió un video donde pueden verse enormes cráteres dejados por la extracción ilegal de oro, así como decenas de árboles derribados.
Se estiman que hay unos 500 mil trabajadores en las minas del estado Bolívar. Esto es medio millón de personas buscándose la vida bajo múltiples riesgos.
Las evacuaciones empezaron a mediados de febrero, días después de que colapsara la mina, lo que generó un despliegue militar y de autoridades del gobierno en el lugar.
En los últimos días, la Fuerza Armada ha reiterado que autoridades en materia ambiental y derechos humanos se encuentran desplegados en los estados Amazonas y Bolívar.
En el arco minero se reproduce la estratificación social que impuso el socialismo del siglo XXI en Venezuela. Esto es 5% con poder absoluto, con todos los recursos y apoyo total, y 95% que entrega su vida a la más primitiva y deshumanizada explotación.
Sin embargo la realidad estructural de Venezuela tiene rasgos distintos en el momento actual. Demasiadas carencias se mueven al abismo sin fin de la oscurana de obstáculos llevando consigo un grito feroz y desgarrador.
El municipio El Callao fue el escenario de la mayor cantidad de accidentes durante el 2023, siendo el año de más alta peligrosidad para la actividad minera.
El jefe del Ceofan incluyó un cuadro estadístico con el número total de desalojos de la mina, donde indicó que de los 864 ciudadanos hasta este viernes, 654 son de nacionalidad venezolana y 210 pertenecen a etnias indígenas.