
Desde Madrid, dice que no bajará la cabeza. Que ya no sabe si sus declaraciones las hace como dirigente política, como víctima indirecta de violaciones a los derechos humanos, como víctima directa o como todas las anteriores. Que solo le basta tener el deseo de que todo sea diferente: que aguarda la esperanza de que, un día, esos rottweilers que durante la noche rodean a su madre sean solo un mal recuerdo.
El Comando Con Venezuela recalcó que la situación a la que está siendo sometida la residencia oficial de la Embajada Argentina en Caracas es “gravísima” y violatoria de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático.
El grupo de exmandatarios exhortó a la Organización de los Estados Americanos, a la Unión Europea y a la Corte Penal Internacional a tomar acción en su deber de prevención.
Pedro Urruchurtu, Magalli Meda y Omar González, tres de los seis asilados en la Embajada de Argentina en Venezuela, hicieron un llamado de urgencia a los gobiernos de Argentina y Brasil ante la escalada de acoso como el corte de servicios básicos, y hostigamiento por parte de organismos de seguridad, incluyendo francotiradores.
El ministro también destacó la importancia del despliegue militar para preservar la libertad, soberanía e independencia del país.
“La OEA reitera que el otorgamiento de salvoconductos para los asilados es un imperativo que debe ser cumplido de inmediato”.
Pedro Urruchurtu, uno de los seis asilados y protegidos por Argentina denunció el pasado 4 de diciembre que “se ha intensificado” el “asedio policial” a las afueras de la sede diplomática.
Omar González, integrante de la dirección nacional de Vente Venezuela y uno de los seis asilados, denunció que el asedio por parte de los cuerpos de seguridad se ha intensificado.
Mediante un comunicado, la Conferencia Episcopal de Venezuela expresó su preocupación por los opositores refugiados en la sede diplomática.
En sus redes sociales, los dirigentes María Corina Machado y Edmundo González Urrutia señalaron que la presencia de los funcionarios, “con actitud agresiva”, incluyó hostigamiento e instrucciones relacionadas con un eventual ingreso a la embajada. Denunciaron que esto generó “zozobra y terror en los alrededores, además del cierre de la calle, perjudicando el libre tránsito y la tranquilidad de los vecinos”.