Durante el pleno, la diputada Carolina García explicó que el Poder Ciudadano fue incluido en la Constitución aprobada en 1999 como rama del Poder Público, rompiendo con la “estructura clásica” en la división de poderes.
El Observatorio Venezolano de Justicia hace un recuento de las irregularidades en el nombramiento de los rectores, anomalías legislativas que aumenta la duda en su credibilidad en un escenario de desconfianza en el voto. | Foto cortesía
La ONG Acceso a la Justicia concluye que la Asamblea Nacional Constituyente solo dio más poder al gobierno para perseguir a la disidencia.
Aunque el presupuesto general luce abultado, pues supera los 3.972 billones de bolívares, en la práctica es menor al de 2020 por efecto de la devaluación.
El mandatario responsabiliza a Estados Unidos por un supuesto bloqueo económico y financiero contra Venezuela. Sin dar detalles a fondo, indicó que la ley busca blindar al país de manera urgente.
A Nicmer Evans se le acusa de incitar al odio, uno de los delitos contenidos en el texto que emula una ley y que fue aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente en 2017.
Maduro y sus aliados cierran las puertas al Marco para la Transición Política de Venezuela que propone la conformación de un Consejo de Estado, la recuperación de las competencias de la AN y elecciones libres.
Constitucionalmente, la directiva parlamentaria presidida por Juan Guaidó es la legítima, pero no se descarta una nueva sentencia arbitraria e inconstitucional del TSJ para “legitimar” a la directiva de facto presidida por el diputado Luis Parra. Entretanto, la asamblea constituyente calla.
“Condenamos las declaraciones constantes de quienes están en el Ejecutivo tratando de vincularnos con el origen del recrudecimiento de la violencia o de que Venezuela”, dijo el máximo representante de la ilegítima ANC.
Llaman a la comunidad internacional a que demande el “cese de acciones provocadoras y desesperadas del régimen ilegítimo de Maduro”.