
La jueza tercera de juicio habría dado lugar a la petición de la estatal de cerrar el proceso de solicitud de cumplimiento voluntario de una sentencia que obliga a la empresa a igualar los beneficios de los pensionados con los de los trabajadores activos.
Advierten que la desincorporación del área operativa puede derivar en la pérdida de más de 150 empleos directos y retrasar la recuperación de la reductora de aluminio a punto de no retorno como ya ocurrió en CVG Alcasa. | Foto cortesía