Mahmoudi advierte que la aplicación podría limitar la libertad de expresión y reunión pacífica, además de contribuir a detenciones ilegítimas y otros abusos graves contra los derechos humanos.
Las condenas a muerte dictadas durante el pasado año aumentaron 20% con respecto al anterior, hasta alcanzar un total de 2.428.
La organización explicó que las víctimas comparecen ante un tribunal, son “acusadas de asociación para delinquir y otros cargos relacionados con el terrorismo” y luego “trasladadas a un centro militar o policial”.
El informe anual 2020 – 2021 de Amnistía Internacional enfatiza que la situación generada por la COVID-19 profundizó la crisis de derechos humanos que atraviesa Venezuela. | Foto William Urdaneta