Desde el 16 de marzo de 2020, cuando el gobernante Nicolás Maduro ordenó aplicar la cuarentena por la COVID-19, las aproximadamente 1.000 agencias que hay en el país han permanecido cerradas sin recibir apoyo financiero por parte del gobierno, que ha mantenido la política restrictiva de encaje legal que impide a la banca dar créditos a las empresas.