El general Rodríguez Pérez está acusado de ordenar la ejecución de seis de los 43 estudiantes que estuvieron vivos cuatro días después de los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014.
La Comisión de la Verdad también concluyó “que autoridades federales y estatales del más alto nivel fueron omisas y negligentes” e, incluso, de “alterar hechos y circunstancias” para establecer una conclusión “ajena a la verdad”.