Por el delito cometido en 2003, la corte ordenó ejecutar las investigaciones y procesos penales en un plazo razonable, así como reparar con prontitud a los familiares de las víctimas. | Foto cortesía
El tribunal determinó que las siete muertes ocasionadas durante un operativo de la Guardia Nacional dentro del centro penitenciario en 2003 fueron consecuencia del uso de la fuerza excesiva y desproporcionada.