Por José Rivas – 15 Marzo 2025
Tucupita está diariamente vigilada y patrullada por funcionarios de seguridad e inteligencia del Estado venezolano. La política se ha impregnado en todo, y no en todos los casos para bien.
“El gobierno de turno nos pilla, nos busca donde estamos y nos malpone”, dice un líder indigena que prefirió mantenerse en el anonimato, ante el temor a represalias.
Años atrás, trabajaba para el Estado y fue despedido luego de exigir mejores condiciones de transporte y de vida para su comunidad, ubicada en el municipio Antonio Díaz, un municipio fluvial distante de la capital Tucupita.
Detalla que la presión, cada vez más creciente, los obligó a adaptarse a las políticas del gobierno, a sacar el carnet del Partido Socialista Unido de Venezuela (el partido de gobierno) y el Carnet de la Patria. “Eso no está bien, pero hay que llevar el ritmo del gobierno”, sostiene.
El Carnet de la Patria es un documento de identidad electrónico creado por la administración de Nicolás Maduro, en el año 2017. El objetivo era regular el acceso a alimentos y, más tarde, se convirtió en un requisito para acceder a beneficios como gasolina subsidiada y bonos.
Oenegés han denunciado que se ha usado como mecanismo de control social. En 2018, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) reveló que la ministra de pueblos indígenas, Aloha Núñez, obligó a comunidades indígenas a tener el Carnet de la Patria para acceder a derechos económicos y sociales como el de salud.
Los indígenas han sido obligados a adherirse a las políticas del Estado, pese a que no están dentro de sus tradiciones
Esto, pese a que va en contra el artículo 119 de la Constitución de Venezuela, que establece: “El Estado reconocerá la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su organización social, política y económica, sus culturas, usos y costumbres, idiomas y religiones, así como su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida”.
Durante miles de años, los waraos vivieron en la ribera de los caños en el Delta del Orinoco. Fuentes documentales reseñan que cada ranchería tenía su administración y política propia y estaba dirigida por los ancianos, que eran autoridades dentro de la comunidad y resolvían conflictos.
Para liderar las comunidades era necesario que el warao fuera sabio, que contara con conocimientos mágico-religiosos y una larga experiencia dentro de la comunidad, que le permitieran ganarse el respeto de sus iguales.
Sin embargo, la entrada del siglo XX trajo consigo cambios en su organización, como consecuencia del contacto con los misioneros capuchinos, la educación católica, el cierre del caño manamo y los trabajos asalariados en la agricultura comercial y la industria extractivista.
“El modelo educativo cristiano repercutió en las pautas tradicionales. Mitología, rituales y costumbres se sustituyeron por la necesidad de artefactos y herramientas modernas. Pero, entre lo más importante, cabe destacar las modificaciones a la organización social. A esta se interpuso un sistema jerárquico que permitía dirigir las rancherías. Kobenahoro (Gobernador), Kabitana (Capitán), Biskari (fiscal) y Borisia (policía) fueron los cargos destinados a la nueva organización comunitaria”, explica un trabajo del Centro de Investigación Social CISOR. 2012.
Otro trabajo, titulado Entre vulnerabilización y resistencia estratégica: caso de los desplazados warao en Boa Vista, realizado por el antropólogo Josiah K’Okal, destaca que la misión dejó cambios importantes en la estructura organizativa:
K’Okal destaca que el Estado no se preocupó por las comunidades, sino que buscaba una forma de control
Los que se graduaban de los internados formaban nuevas comunidades que tenían tres figuras de autoridad: el Aidamo (Jefe), el Cabitan (Capitán) y bisikari (Fiscal o policía).
“Luego, en la época chavista, ocurrió otro cambio. Surgió la figura de los dirigentes políticos, que eran voceros de las comunidades ante el gobierno. En su mayoría, los dirigentes eran docentes, y su formación les permitía representar a la comunidad ante varias instituciones. Sin embargo, en las comunidades, son los ancianos que se encargaban de resolver los problemas que se enfrentaban”, resalta.
Desde 1999 hasta la fecha, los pueblos indígenas tuvieron importantes avances en lo que a “reconocimiento” constitucional y legal se refiere. Fueron reconocidos en la Constitución de ese año, posteriormente fue promulgada la ley de Pueblos y Comunidades Indígenas y se creó el Ministerio de Pueblos Indígenas.
En 2005, se crea la Ley de Pueblos y Comunidades Indígenas, con el objetivo de desarrollar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y proteger las formas de vida y el desarrollo sustentable de los pueblos y sus comunidades.
La ley de Pueblos Indígenas y la Constitución establecen derechos que en la práctica no se cumplen
Se estableció que: “El Estado promoverá y desarrollará acciones coordinadas y sistemáticas que garanticen la participación efectiva de los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas en los asuntos nacionales, regionales y locales. Los pueblos y comunidades indígenas participarán directamente o a través de sus organizaciones de representación, en la formulación de las políticas públicas dirigidas a estos pueblos y comunidades o de cualquier otra política pública que pueda afectarles directa o indirectamente. En todo caso, deberá tomarse en cuenta la organización propia y autoridades legítimas de cada pueblo o comunidad participante, como expresión de sus usos y costumbres”.
Se añade que los pueblos indígenas tienen derecho a conservar, desarrollar y actualizar su organización social y política propia “sea ésta comunal, municipal, estadal, regional o nacional, basada en sus tradiciones, usos y costumbres”
Esto quiere decir, que deben seguirse las formas y normas colectivas que han sido implementadas en las comunidades indígenas durante siglos, coexistiendo con el Estado moderno.
Pero esto no es lo que terminó ocurriendo. En un trabajo académico, Alexander Mansutti, antropólogo e investigador, destaca que durante un periodo de bonanza petrolera, los indígenas lograron inversiones en estructura y servicios, además de avances en materia legal.
Sin embargo, con el transcurrir del tiempo, se paralizaron los derechos que generan autonomía, como el reconocimiento a los territorios indígenas y el respeto a la organización sociopolítica propia, “avasallada por las jerarquías impuestas por los consejos comunales y el desconocimiento del peso e importancia de las organizaciones de base”.
K’Okal añade en su investigación que el Estado venezolano monopolizó el desarrollo dentro de los caños. “Las casas indígenas y su organización económica se consideró una forma de subdesarrollo. A través de las misiones Guaicaipuro, Vivienda, Vuelvan Caracas y Alimentación se implementaron varios programas en las comunidades warao. Este proceso transformó a las organizaciones indígenas, convirtiéndolas en socios y beneficiarios de las políticas del estado-desarrollista. Los pueblos indígenas asumieron su identidad y la convirtieron en lo que Bretón llama “recurso político en el combate por el acceso a derechos y recursos”.
Agrega que, a partir de allí, “surgió una carrera desarrollista, una especie de competencia entre varias comunidades. Asimismo, surgió una élite indígena, llamada “dirigentes políticos”, cuyo rol era mediar entre las comunidades y las varias instituciones del gobierno, ocasionando el ocaso de la organización endógena en las comunidades warao. De esta manera, se transformó el modelo de liderazgo warao que estaba en manos de los ancianos y los sabios (como los curanderos)”
En la investigación, se resalta que el Estado creó nuevas condiciones de vida que no eran tradicionales y esto trajo consigo nuevas necesidades. “Se percibe que el Estado no está preocupado por las comunidades, sino por instaurar un sistema de control”, añade.
Desde 2006 hasta la fecha, los consejos comunales y comunas empezaron a tener una relevancia importante, esto pese a que son contrarias a la tradicionalidad de los pueblos originarios, dentro de los que están los waraos.
Según el Ministerio del Poder Popular para las Comunas, Movimientos Sociales y Agricultura Urbana, el término comuna “es un espacio socialista que, como entidad local, es definida por la integración de comunidades vecinas con una memoria histórica compartida, rasgos culturales, usos y costumbres, que se reconocen en el territorio que ocupan y en las actividades productivas que le sirven de sustento, y sobre el cual ejercen los principios de soberanía y participación protagónica como expresión del Poder Popular, en concordancia con un régimen de producción social y el modelo de desarrollo endógeno y sustentable, contemplado en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación”.
Las comunas no son formas organizativas de los waraos
Sin embargo, la aplicación de este modelo no era parte de la organización de los waraos y ha dejado inconformes a algunos caciques y líderes de comunidades del Delta.
El aidamo de la comunidad Wakajura, Cosme Tovar, señaló que desde hace casi un año están trabajando bajo la organización de comunas, lo que ha permitido materializar proyectos para la construcción de 105 viviendas y luminarias con paneles solares.
Sin embargo, indicó que esto ha implicado otros retrocesos, ya que una comuna abarca al menos cuatro comunidades y no se atiende de forma específica las necesidades de cada sector o comunidad.
“Con lo que estamos haciendo ahora, yo no estoy de acuerdo, porque cada comunidad necesita un proyecto diferente; entonces, tengo que escoger un proyecto reuniéndome con otras comunidades para que llegue un beneficio”, relató.
Destacó que su comunidad es la que decide, pero posteriormente debe llegar a consenso con otras comunidades para distribuir el dinero entre los proyectos presentados por las que conforman la comuna.
Aunque han planteado que la organización de las comunas no es beneficiosa, sus reclamos no han sido atendidos del todo. “Como son leyes que mandan de Caracas, ellos son los que dan las instrucciones. Tenemos que seguirlos a ellos”, explicó.
La aidamo de la comunidad El Moriche, Mayashita Palacios, señaló que a través de los proyectos de las comunas han recibido un motor fuera de borda, luminarias y desmalezadoras; pero esto no es suficiente para las comunidades, ni el mecanismo permite a los liderazgos gestionar los recursos.
“Tenemos 18 comunidades y los recursos son muy pocos. Según y que ahora van a dividir las comunas en más comunas, para que con los 10 mil dólares se puedan atender a las comunidades. Están atendiendo con una desmalezadora y una motosierra para una comunidad y eso no es suficiente”, declaró.
Un líder warao -conocedor de la ley, pero que prefiere mantenerse en el anonimato- asegura que la Constitución de 1999 y la Ley de Pueblos Indígenas ayudaron a su reconocimiento, pero considera que no ha habido una política clara y precisa que respete sus formas organizativas.
“El mismo Estado exige que las comunidades se organicen a través de consejos comunales, pero es extraño a nuestras costumbres, tradiciones y formas organizativas. Hay cosas que no concuerdan. Dicen: te reconozco con tu forma organizativa, pero a la vez te exijo que te acoples a la nueva forma organizativa que implementamos en comunidades no indígenas”, reflexiona.
Agrega que, además, se les exige presencia en los Comités Locales de Abastecimiento y los Círculos de Abuelos, que forman parte de la Gran Misión Abuelos y Abuelas de la Patria en Venezuela. Para el líder, el Estado a través de sus instituciones ha tratado de “ayudar” a los pueblos indígenas a su manera, pero sin tomar en cuenta la visión de las comunidades.
Resaltó que los líderes waraos deben apegarse a las políticas de la administración de Nicolás Maduro, para no ver paralizada su carrera política y no perder beneficios en sus comunidades. “Nos dicen que tienen que pertenecer a nuestro partido o no van a recibir ningún tipo de ayuda (…) Hay miedo en los líderes que tratan de buscar una mejoría en sus comunidades”, asegura.
Pese a que los indígenas cuentan con reconocimiento en la ley y en la Constitución y se creó un Ministerio para la promoción de su cultura y sus formas organizativas, todo indica que se han politizado los intereses de los pueblos y comunidades.
“El derecho a la asociación indígena con base en sus estructuras tradicionales y organizaciones propias ha sufrido un retroceso importante desde la obligación de conformación en consejos comunales indígenas, direccionando no solo los recursos públicos destinados a la satisfacción de derechos en pueblos y comunidades indígenas, sino como arma para la exclusión, la partidización y la direccionalidad de las acciones, decisiones y reivindicaciones que atañen a las comunidades y pueblos indígenas. El desplazamiento de las autoridades tradicionales indígenas está generando conflictos internos por recursos y autoridad”, denunció Provea en un informe de 2014.
El antropólogo Mansutti señala que las comunidades han visto debilitada su organización y derechos, debido a que liderazgos indígenas en instancias nacionales y de altos cargos han sufrido de cooptación, subordinación o fracturas.
El investigador señala que, desde los años 70, los liderazgos indígenas que entraron en los principales partidos políticos se alinearon con organismos del Estado y empezaron a responder a los intereses partidistas, lo que fue empeorando con el pasar de los años.
“Simplemente, lejos de innovar para mantener la agenda indígena, se ataviaron de políticos revolucionarios, cuyos intereses subordinaron a los de sus congéneres indígenas. La agenda indígena, como en la década de los 70’s, se convirtió en la agenda de los partidos mestizos dominantes, donde se confundió con los objetivos políticos del ente revolucionario y su perfil, mientras que en aquello que es propio se hizo invisible”, destaca.
Carla Pérez, investigadora del Centro de Estudios Regionales de la Universidad Católica Andrés Bello, señaló que las comunas y los consejos comunales no tienen que ver con la tradicionalidad y organización de las comunidades, lo que representa una intromisión de las políticas del Estado en la organización de las comunidades indígenas y vulnera sus estructuras propias, ya que se imponen modelos que no corresponden a las comunidades.
“El Estado reconoce la autodeterminación de los pueblos indígenas. Eso quiere decir que tienes una forma de estructura política distinta a la que yo Estado establezco, eso quiere decir que yo debería respetar tus formas tradicionales de las autoridades y de toma de decisiones que tienen en esos espacios. Al yo imponer figuras (consejos comunales y comunas), sin hacer consulta previa, estoy violando los derechos de libre determinación”, destaca.
Aunque las políticas del Estado han llegado a las comunidades, esto no se ha transformado en su bienestar y fortalecimiento
Para evitar que se sigan socavando las autoridades indígenas, resalta que los waraos han conformado sus consejos comunales con los mismos liderazgos legítimos de las comunidades. Esto, como una forma de plegarse a lo que les pide el gobierno, pero que finalmente termina minando esos liderazgos.
“Esto no es solo un problema de los waraos, es un problema que se ve en los yekuana, los kariñas y entre los pemones: tanto la partidización, politización y de implementación de políticas del Estado que nada tienen que ver con la organización de las comunidades indígenas”, explicó.
Considera que los partidos de gobierno han impuesto un peso político “muy fuerte” en las comunidades. La especialista ha documentado que, en algunas comunidades, el gobierno regional del Delta ha escogido los liderazgos de los consejos comunales.
Pérez recalcó que hay representantes del sector político, leyes e instancias para la defensa de las comunidades, pero enumera que hay ausencia de políticas públicas, se minimizan los problemas de los indígenas en sus comunidades “y no hay interés de aplicar las políticas indígenas como debe ser”.
Señaló que no basta con que exista la ley y su estructura, sino que debe ser eficaz en su aplicabilidad. “Allí se socavan las autoridades legítimas, porque se fracturaron las comunidades”, finalizó.
Mientras tanto, los waraos y demás etnias indígenas siguen desprotegidas, sin organización y debilitadas a nivel de liderazgo, esperando ser reconocidas sus tradiciones, y que lo que establece la Constitución, deje de ser letra muerta.
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