8 Mayo 2025
Los caños en Delta Amacuro son una zona geográfica rica en recursos hídricos y naturales. Pero este no es su único atractivo. Su posición geográfica es importante por su salida hacia el océano Atlántico y por la cercanía con países como Trinidad y Tobago y otras islas del Caribe.
Esta condición seduce a la delincuencia organizada y grupos irregulares, que hace más de seis años se disputan el manejo y control de los caños, donde habitan los waraos.
Una de las evidencias más claras de la existencia de grupos irregulares en el Orinoco y sus zonas cercanas la constituye un enfrentamiento armado ocurrido el primero de enero de 2022 en Barrancas del Orinoco, estado Monagas, fronterizo con Delta Amacuro. Pobladores entrevistados dijeron al medio Caracas Chronicles que el intercambio de disparos se produjo entre miembros del Sindicato de Barrancas, un grupo irregular acusado de dedicarse a la extorsión, y miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), conocidos popularmente en Delta Amacuro como “Los Pata de Goma”, por sus botas de plástico.
Según la reseña, al menos siete personas murieron durante esa balacera.
“Un grupo de hombres enmascarados, con uniforme de camuflaje negro, se lanzó de varias embarcaciones desde la orilla del río. Llevaba la bandera roja y negra del ELN (Ejército de Liberación Nacional) y atacaron el pueblo, disparando fusiles de asalto y lanzando granadas. Mientras El Sindicato atrincheraba las calles que conducían a sus escondites y armerías, los hombres del ELN rodeaban el pueblo con puestos de control en cada posible ruta de escape”, detallaba el medio.
El ELN y las bandas armadas se disputaban el control del río Orinoco, según pobladores y ganaderos
Originaria en los años setenta en Colombia, la guerrilla del ELN se ha dedicado durante décadas a los delitos de secuestro, extorsión y tráfico de drogas a nivel internacional.
En abril de 2025, el medio de investigación Armando.info reveló que el ELN se ha instalado durante los últimos años en Venezuela, específicamente en Apure, Zulia y el sur del estado Bolívar, de acuerdo con unos documentos de autoridades colombianas a los que tuvo acceso.
Una investigación realizada por la oenegé FundaREDES permitió documentar la presencia del ELN, el Sindicato de Barrancas y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), dentro del Delta.
“El Sindicato de Barrancas opera en los sectores de los municipios Pedernales y Casacoima, vía fluvial, y en la frontera con Guyana, en la mina «El Terror». Los Patas de Goma actúan en sectores de los municipios Tucupita, Antonio Díaz y en Barrancas del Orinoco, al sur del estado Monagas; y las FARC controlan Pisco, en la mina Valledupar. Su forma operativa comienza con el reclutamiento, seduciendo con dinero rápido y teléfonos celulares a jóvenes y niños; también ofrecen incentivos económicos a las familias, al tiempo que los coaccionan para que no revelen los hechos”, denunciaba FundaRedes en un boletín publicado en 2023.
La presencia de estos grupos armados dentro de los caños ha sido documentada escasamente en algunos informes, pese a ser un secreto a voces tanto en Barrancas, como en Delta Amacuro. Las personas se atreven a hablar de ellos, siempre y cuando sea con el micrófono en off y entre murmuraciones.
Un ganadero entrevistado por este medio, que pidió mantener su identidad en resguardo, señaló que de 2021 a 2023 eran extorsionados por grupos guerrilleros. “Nos matraqueaban, nos pedían una res por viaje de chalana. Hicieron una reunión con los ganaderos y cada uno tuvo que darles un animal”, aseguró.
La promesa era protección y mejorar la seguridad en sus fincas. Sin embargo, el productor ha dejado de visitar los caños y su centro de producción, ante el temor de encontrarse con estos grupos.
Considera que la acción de este grupo ha disminuido en esta zona, debido a la presencia de cuerpos de seguridad del Estado; pero continúa en los caños y zonas más recónditas, donde habitan las comunidades waraos.
Según el artículo 21 de la ley de Pueblos y Comunidades Indígenas: “El Estado garantiza a los pueblos y comunidades indígenas la protección y seguridad debida en el hábitat y tierras de los pueblos y comunidades indígenas en los espacios fronterizos, preservando la integridad del territorio, la soberanía, la seguridad, la defensa, la identidad nacional, la diversidad y el ambiente, de acuerdo con el desarrollo cultural, económico, social e integral”.
Sin embargo, waraos y no indígenas cuentan que esto no ocurre tal cual la ley. Además de las limitantes que implican recorrer estas zonas por la escasez de gasolina y los peligros de la misma naturaleza, los waraos y no indígenas lo piensan muy bien antes de permanecer o navegar por sus caños.
Viajar por los caños ahora se hace con mucha precaución y cuidado. Los pobladores y viajeros prefieren evitar la oscuridad de la noche y la madrugada para ahorrarse “malos ratos”.
En junio de 2018, la organización Provea documentó que grupos armados atracaron a una familia por el sector Boca Grande. Solo dos meses más tarde se denunciaba otro ataque a comunidades de la zona, en el que sufrieron el robo de embarcaciones e implementos de pesca.
“En el transcurso de 2018, según testigos que pidieron resguardar su identidad, se tuvo registro de al menos diez ataques armados contra comunidades e indígenas waraos del Delta, sin contar los que se realizaron y se ocultan por miedo a represalias. Sin embargo, testigos aseguran que varias denuncias reposan en las entidades regionales, como en comandos policiales y militares, sin que haya respuestas”, detalla textualmente el informe.
Una defensora de derechos humanos de la etnia warao, que prefirió mantener bajo reserva su identidad, manifestó que han recibido información de que grupos armados se han adentrado en los caños para refugiarse, luego de varios conflictos en Barrancas del Orinoco.
Esto ha generado que indígenas salgan de sus caños en el municipio Antonio Díaz a la capital Tucupita, por temor a estos grupos. “Es verdad que hay grupos armados. Los indígenas no pueden ir a pescar (…) Tienen miedo de ser explotados, de ser secuestrados”, declaró.
Juan (*) asegura que ha coincidido con varios grupos armados durante sus recorridos por el Delta Bajo y el Delta Medio. Estos encuentros sucedieron tanto a finales de 2024, como a inicios de 2025.
Aunque no tienen identificativos del ELN o la disidencia de la Farc, en el Delta Bajo ha coincidido con grupos armados que hablan con acento colombiano y venezolano. Los miembros de estos grupos están fuertemente armados con fusiles de guerra, entre los que logró identificar una AK-47. “Son armas que uno ve en las películas”, señala.
Entrevistados por Correo del Caroní denunciaron que los grupos armados portan fusiles de asalto
De acuerdo con este warao, la presencia de estos grupos ha cambiado de forma drástica la vida de las comunidades. Los indígenas están atemorizados, lo que a su vez ha impactado en sus formas de vida y tradiciones.
“La presencia de estos grupos cambió lo que era una tarea común para los waraos, como pescar y recoger leña, ante el temor de encontrarse con ellos, ya que hay miedo de que los rapten para trabajos esclavizantes”, coincide.
Por otro lado, algunos waraos, aunque estén mal vistos dentro de la etnia, se han puesto a la orden de estos grupos, han entrado a sus filas y “han llevado la marihuana a las comunidades”.
En el Delta Medio, la situación es similar: jóvenes entre los 16 y 25 años “armados hasta los dientes”, describe.
Una persona que pidió no ser identificada señaló que grupos armados colombianos se han asentado en Santa Catalina, municipio Casacoima, para el tráfico ilícito de drogas.
Santa Catalina es una comunidad ubicada en el Delta Medio, con graves carencias de servicios, como agua potable y luz. Al ser una comunidad remota, fuentes consultadas señalan que han sufrido la intromisión de grupos irregulares.
“Generalmente, Santa Catalina, al ser de caño y tener digamos que puerto libre y montañas, es una ruta que siempre pelean entre bandas, ya que la utilizan para sus comercios”, destacan.
La fuente cuenta que dentro de las comunidades se ha normalizado la presencia de grupos irregulares y que, incluso, estos pobladores piden ayudas para subsistir o al momento de una emergencia médica.
Marcos (*) visitó Santa Catalina por última vez en 2022. Señala que en ese momento los grupos irregulares ya imponían su ley en el pueblo, por encima de las mismas autoridades venezolanas.
“Los irregulares llegaban en las noches. Daban órdenes: no los quiero ver, se me acuestan temprano. A las 7 de la noche todos se tenían que acostar y los irregulares controlaban el pueblo a todas sus anchas”, cuenta.
Marcos (*) resalta que los grupos irregulares no vivían en el pueblo, pero era común que llegaran armados a Santa Catalina, para comunicarse y a proveerse de recursos.
“Los pobladores de Santa Catalina han aprendido a vivir callados. No se atreven a decir nada que moleste a los guerrilleros. Además, la mentalidad que ha impuesto la guerrilla es que desde que ellos llegaron se acabó la robadera de ganado y la sinverguenzura”, destaca.
Otro nativo del municipio Casacoima, quien solicitó mantener su nombre en reserva, destacó que es común encontrarse a grupos armados en zonas cercanas a las comunidades. Señaló que es normal verlos con sudaderas negras y botas de goma, en lanchas rápidas con motores fuera de borda y con armas, entre las que se incluyen las M16.
Contó que grupos armados desplazaron a los delincuentes venezolanos y tomaron zonas mineras, montañas y vías fluviales del Delta Medio. “Tienen el control definitivo de todo ese sector”, sostuvo.
Afirmó que, en las comunidades, impusieron una ley que consistía en no robar, cometer violencia contra las mujeres o “hacer cosas malas”; y por eso, los pobladores se han adaptado a su presencia.
Ganaderos y productores han tenido que entregar animales y queso para no sufrir represalias
“La gente los ve como una especie de Robin Hood. La gente no denuncia en ningún cuerpo de seguridad; van a la guerrilla, ponen su queja y la guerrilla es la que resuelve. Esa es la parte buena, entre comillas. La parte mala es que ellos son los que tienen el control y deciden quién vive y quién no vive, quién muere, cuándo muere y por qué muere”, explica.
La última vez que los observó fue en abril, mezclados entre la misma comunidad, como si fuera algo normal. “En el municipio Casacoima no se mueve nada sin que ellos no sepan”, finalizó.
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha hecho varios operativos contra grupos de delincuencia organizada. En agosto de 2022, el comandante estratégico operacional de la FANB, Domingo Hernández Lárez, informó la destrucción de campamentos en el municipio Casacoima.
Según la versión oficial, los campamentos y embarcaciones eran de grupos “Tancol”, acrónimo de Terroristas Armados Narcotraficantes de Colombia. Las embarcaciones serían utilizadas para el tráfico de drogas, contrabando y trata de personas.
No se permitirán estructuras de ninguna naturaleza que sirvan de plataforma al narcotráfico, contrabando, minería ilegal, otros. En labores de patrullaje FANB destruye campamento TANCOL en el municipio Casacoima, estado Delta Amacuro. pic.twitter.com/r3ZqLZCgOX
— GJ. Domingo Hernández Lárez (@dhernandezlarez) August 31, 2022
Posteriormente, en 2023, Hernández Larez informó la incautación de submarinos y una embarcación utilizada para el narcotráfico en caños del Delta.
Operación #EscudoBolivariano Wara 2023, #Fanb incauta embarcación #Tancol oculta en los manglares del Delta del Orinoco. pic.twitter.com/efU2S1VT7Y
— GJ. Domingo Hernández Lárez (@dhernandezlarez) March 4, 2023
Sin embargo, la organización Insight Crime detalla que, por los perfiles de los detenidos, armas e infraestructura, al menos un 41% de los operativos fueron contra disidentes de la FARC. Para IC, los Tancol no existen.
“En resumen, los casos analizados no involucraron a grupos armados con motivaciones políticas. En su lugar, se trató de redes clandestinas —o sus reclutas rasos — dedicados al trasiego de drogas o que prestaban servicios logísticos a traficantes, como el contrabando de combustible para avionetas. En varios casos, los detenidos estaban incluso por debajo de este grado de amenaza a la seguridad y fueron detenidos por narcomenudeo”, detallan los investigadores.
Juan (*) señala que, aunque ha habido operativos de cuerpos de seguridad del Estado en búsqueda de estos grupos armados, estos ha terminado revictimizando a los waraos. “Cometieron muchas imprudencias”, afirmó
Denuncia que “en su lucha” contra estos grupos delictivos, han amenazado a waraos, golpeado a líderes de comunidades y vulnerado aún más sus derechos con intención de recibir información sobre los campamentos, cuando los waraos no saben y son otras víctimas de estos grupos armados.
(*) Los nombres reales de las personas fueron modificados para preservar su seguridad.
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