El sistema público de salud en Venezuela tiene la obligación de proveer servicios de atención materna de manera gratuita a todas las embarazadas hasta la etapa posnatal según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Prodavinci constató que las mujeres deben pagar por los análisis de sangre y los ecosonogramas requeridos durante la gestación. Las embarazadas compran los insumos —desde el gel para los ultrasonidos hasta el bisturí para quitar los puntos de sutura—. Algunas optan por controles mixtos entre hospitales y centros privados, lo que aumenta sus gastos directos. Deben decidir entre satisfacer otras necesidades básicas, como la alimentación, o usar el dinero en su salud obstétrica.
Siete madres venezolanas relatan las limitaciones económicas que les impidieron cubrir exámenes necesarios para diagnosticar riesgo de preeclampsia, infecciones en vías urinarias y proliferación de bacterias en el aparato genital. La detección temprana de estas afecciones disminuye el riesgo de complicaciones durante y después del parto y, con ello, la mortalidad materna. Según los datos más recientes, publicados por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, en Venezuela fallecieron 259 mujeres en 2020 por cada 100.000 nacidos vivos, a causa de complicaciones relacionadas al embarazo y al parto. Esta es la tasa de mortalidad materna del país y supera por 171 puntos porcentuales a la tasa promedio de América Latina y el Caribe.
