Por una Venezuela de empleos dignos y trabajadores libres de persecución

El trabajo es “el fundamento sobre el que se forma la vida familiar, la cual es un derecho natural y una vocación del ser humano”, señala una de las principales enseñanzas sociales de la Iglesia Católica, un concepto incorporado al derecho constitucional y explícito en los artículos 87, 88, 89, 91, 95 y 97 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

El derecho social al trabajo está hoy sometido a períodos convulsos: además del auge del autoritarismo, con especial énfasis militarista en la Venezuela de Nicolás Maduro, la pandemia de la COVID-19 redimensiona los desafíos planetarios que han asumido vertiginosamente las relaciones económico-financieras y el mercado de trabajo.

Somos conscientes de que el deber del Estado no consiste tanto en asegurar directamente el derecho al trabajo de todos los ciudadanos, constriñendo toda la vida económica y sofocando la libre iniciativa de las personas, sino en proteger la actividad de las empresas, creando condiciones que aseguren oportunidades de trabajo, estimulándola o sosteniéndola en momentos de crisis.

El Día del Trabajador 2020, desafortunadamente, coincide con un marcado deterioro de las relaciones laborales en Venezuela, agravadas por las precarias condiciones económicas del país y la falta de medidas estructurales para contrarrestar los efectos del coronavirus.

Por si esto fuera poco, el gobierno sigue centrando sus esfuerzos de represión selectiva en los trabajadores y voceros laborales como expresión de una política que busca acallar el disenso y eliminar cualquier opinión contraria a la “verdad” del Estado.

La defensa del salario justo es una acción legítima, por lo tanto, la protesta como medio democrático para exigir mejoras de las condiciones de trabajo es un derecho innegociable. Pero la defensa del trabajo se ha convertido en una actividad de alto riesgo en Venezuela y, especialmente, en Guayana donde germinaron importantes conquistas en el marco de las hoy desaparecidas negociaciones colectivas.

Correo del Caroní presenta hoy una serie de perfiles de trabajadores que dan cuenta del hostigamiento estatal, el cual no reposa ni en tiempo de coronavirus. Es una forma de reivindicar también la resistencia ante la invasión de prácticas intimidatorias en los lugares de trabajo.

Asimismo, respaldamos a las organizaciones que exigen el cese de las detenciones arbitrarias y la libertad de Rubén González, dirigente de Ferrominera encarcelado y procesado bajo la justicia militar, quien fue declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional.

Finalmente, nos hacemos eco de los informes de los organismos de protección de derechos humanos (Sistema ONU – OEA) a través de los cuales se ha insistido en solicitar al gobierno central que revierta la política de opacidad y falta de rendición de cuentas de los ministerios y órganos públicos.

La falta de transparencia alienta la corrupción y evita el monitoreo de los indicadores que afectan las negociaciones de los derechos colectivos del trabajo.

Urge adoptar medidas de compensación que pudiesen fomentar una política coordinada de identificación de casos sin resolver de despidos injustificados en la administración pública, cuyos efectos son devastadores para las familias.

El país reclama una política inclusiva que proteja el trabajo de los hombres, de las mujeres, de los jóvenes, y asegure una conveniente retribución.

El sombrío panorama nacional no puede eclipsar el merecido reconocimiento a los trabajadores en su día. A los que salen cada día sin importar las limitaciones de los servicios públicos; a los que hacen más llevadero el confinamiento; a todos aquellos trabajadores que fomentan con su mística y profesionalismo una sociedad democrática.