Una visita no anunciada (2002)
En la incertidumbre de los días en que un golpe de Estado sacó a Hugo Chávez del poder durante algunas horas de abril 2002, el sábado 13 de aquel mes y de aquel año, el oficialista exalcalde de Caroní Antonio Briceño, rodeado por integrantes de los círculos bolivarianos (de los primeros grupos de choque que empoderó el chavismo), se presentó en la sede del periódico y exigió ser atendido en su declaración. Aunque aseguró que su visita era pacífica, estuvo secundado por esos grupos, los mismos que minutos más tarde causaron destrozos en la sede de TVGuayana y mantuvieron secuestrado al personal durante varios minutos.
La demolición que no fue (2006)
Ya el máximo representante del chavismo en la región, el entonces gobernador Francisco Rangel Gómez, había demostrado públicamente su animadversión hacia el periódico. Pero la intimidación no quedó solo en palabras. En mayo de 2006, la fracción oficialista del Consejo Legislativo del estado Bolívar, encabezada por el diputado Carlos Rojas (hoy opositor), pidió a la Alcaldía de Caroní, entonces conducida por Clemente Scotto, desalojar y luego demoler la sede del periódico. La razón que se adujo entonces fueron de irregularidades jurídicas en torno de la sede del diario, en Villa Colombia. Aunque la medida no se concretó, el caso fue un precedente para la seguidilla de ataques posteriores. Para la posteridad quedaron los votos salvados de los diputados Alfredo Arcila y Juan Linares, quienes, aunque oficialistas, se opusieron a la medida, y la frase de Rojas a modo de sentencia: “Que se le pase por encima (al edificio del periódico)”.
La primera ausencia (2007)
La política de asfixia a los medios de comunicación independiente por parte de Hugo Chávez incluyó la disolución de las concesiones para televisoras y emisoras, ataques directos a periodistas y la asignación selectiva de divisas para el papel periódico. En diciembre de 2007, y por vez primera en 30 años de historia, Correo del Caroní dejó de circular varios días debido a que en esa política selectiva se negaron los dólares para la empresa Dipalca, exportadora de papel periódico chileno que se utilizaba en ese momento en el diario. La consecuencia fue esa primera ausencia física de tres días y, a la vez, la potenciación del sitio web para suplir esa falta.
Una excusa para imponer silencio (2013)
En julio de 2013, el empresario Yamal Mustafá, presidente de la empresa Corpobrica, fundador del diario Primicia y contratista predilecto de exgobernador Francisco Rangel Gómez fue detenido por haber participado en un esquema de corrupción en Ferrominera Orinoco. Imputado por el Tribunal 5to de Control de Puerto Ordaz por peculado doloso, concertación con funcionario público y asociación para delinquir, Correo del Caroní informó sobre el caso con los documentos que incriminaban a Mustafá, quien no tardó en reaccionar a través de otro tribunal, el Primero de Juicio, para intentar silenciar la información con una medida que prohibía la publicación de noticias sobre el caso. Correo del Caroní, por cierto, continuó informando al respecto.
La reducción inevitable (2014)
El primer día de septiembre de 2014 fue la fecha de otro precedente lesivo para la libertad de expresión, aunque inevitable: Correo del Caroní dejó de circular los fines de semana debido a la falta de papel. Aunque en enero de ese año se anunció como medida paliativa la reducción a un solo cuerpo en la edición diaria, esto no fue suficiente para alargar el inventario de papel. Fue ese el porqué y el meollo de aquella decisión.
Un mazazo a la libertad de expresión (2016)
El 11 de marzo de 2016, luego de tres años de la demanda de Yamal Mustafá, el Tribunal Penal Sexto de Juicio condenó al director del periódico a cuatro años de prisión y a pagar una multa de aproximadamente 20 mil dólares. La sentencia fue catalogada por organismos internacionales como un exabrupto jurídico orientado a entronizar el miedo a informar en Venezuela.
La pandemia también fue antidemocrática (2020)
El 12 de octubre de 2020, la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) detuvo durante varias horas al director de Correo del Caroní, luego de allanar su casa sin razón alguna. Una semana después, el 20 de octubre, una comisión del mismo cuerpo detuvo a una periodista y a una secretaria en la sede del periódico. Aunque los funcionarios señalaron que el procedimiento era rutinario y solo para tomar declaraciones, ambas fueron llevadas contra su voluntad y sin ninguna orden. Una medida que dejó ver, una vez más, la anquilosada salud de la democracia en Venezuela y la precariedad de la libertad de expresión en el régimen antidemocrático de Nicolás Maduro.