La organización propone que los indígenas sean trasladados de forma urgente para que cumplan la restricción preventiva de la libertad en su comunidad (Kumarakapay) mientras dure la cuarentena.

@mlclisanchez

Amnistía Internacional exige al Gobierno nacional que rectifique las condiciones de reclusión de los 13 indígenas de la etnia pemón vinculados al asalto al Batallón 513 de Infantería de Selva Mariano Montilla, en el sector Luepa del municipio Gran Sabana del estado Bolívar, el 22 de diciembre de 2019.

Desde su detención, organizaciones y defensores de los derechos humanos han denunciado las inadecuadas condiciones de reclusión, retardo procesal y violación al debido proceso, además de mantenerlos alejados de su comunidad: Kumarakapay (San Francisco de Yuruaní).

La ONG denunció que los pemones apresados son procesados por un tribunal con competencia en terrorismo y además no tienen acceso continuo a comida, agua y saneamiento, lo que infringe los estándares internacionales de derechos humanos que obligan a los Estados a apegarse a los sistemas de justicia indígenas.

El lugar de reclusión en el que este grupo cumple con la medida de detención preventiva es el Internado Judicial Rodeo II, en Guatire, a unos 1.200 kilómetros de distancia de Kumarakapay, una decisión condenada por la organización que recomienda fijar el arresto provisional de los indígenas en las cercanías de su etnia, o en la comunidad misma, y custodiados por la guardia comunitaria.

Por el debido proceso y respeto a la cultura indígena

En el comunicado emitido por Amnistía Internacional denuncian que los pemones arrestados fueron sometidos a la incomunicación y el aislamiento por más de 50 días desde el momento de su detención. Tampoco tuvieron la posibilidad de estar en contacto con sus familiares o la defensa.

Además manifiestan que existe una posibilidad de que el intérprete puesto al servicio de los órganos de justicia carezca de independencia, lo que afectaría el desarrollo de un juicio con las mínimas garantías judiciales. Hasta ahora el acceso a la justicia de los pemones ha estado condicionado.

Exige a las autoridades que impongan medidas que permitan a estos indígenas un tratamiento de acuerdo a su cultura y se les traslade a cumplir la restricción preventiva de la libertad en su comunidad.

Además solicitan que el proceso de traslado se acelere en medio de la pandemia por la COVID-19 para evitar el menoscabo sostenido de sus derechos y que en el proceso se respete el debido proceso, el acceso a la justicia, a un abogado de confianza y a la interpretación de la lengua nativa.

El asalto en Luepa tiene como antecedente el clima de tensión política y social luego del asalto al pueblo pemón realizado por el Ejército Nacional en febrero del 2019, en el que un grupo de militares abrió fuego contra pemones desarmados en Kumarakapay en el marco de la entrada de la ayuda humanitaria por la frontera con Brasil, en el asalto 3 pemones perdieron su vida en esta comunidad.

El asalto propició la militarización definitiva del territorio de la Gran Sabana y, a un año de la masacre, los familiares de los pemones asesinados solo conocen la impunidad y la represión militar que hunde a Kumarakapay en un dolor permanente.