Las fallas de electricidad, gas doméstico y agua son los principales motivos de las manifestaciones ciudadanas, seguidos por los reclamos laborales, indica el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social.

Un total de 4.414 protestas, 129 detenidos y dos asesinados en manifestaciones se registraron en el país durante el primer semestre de 2020, de acuerdo con cifras del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS).

A diferencia de años anteriores, la extensión de estado de alarma por la pandemia de COVID-19 influyó en la disminución del número de protestas, en relación con 2019 que reportó 10.477.


La cuarentena ha servido para profundizar el control social y contener las protestas en 2020
     

La cuarentena ha servido para profundizar el control social, las acciones represivas y las violaciones de derechos humanos por parte del régimen de Nicolás Maduro.

En medio de las medidas de confinamiento y el aumento en los casos de contagio de COVID-19, la precariedad de los servicios básicos, alimentación y la subida de los precios, fueron los que propiciaron el 79% de las protestas registradas entre enero y junio de este año.

El OVCS recordó que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos concluyó en su informe presentado el 2 de julio de este año que las acciones tomadas por el Estado en este contexto “han resultado insuficientes para garantizar un nivel mínimo esencial de derechos económicos y sociales, en particular para los sectores que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad”.

El organismo de la ONU subrayó que en Venezuela “el disfrute del derecho a un nivel de vida adecuado se ve afectado diariamente por los bajos salarios, los altos precios de los alimentos, el precario acceso a los servicios de salud y las persistentes carencias de los servicios públicos, que se han agravado en el contexto de la COVID-19 y la escasez de combustible”.

Más de 200 protestas en Bolívar

   
Al menos 222 protestas se han registrado en Bolívar durante los primeros seis meses del año

Los estados donde hubo más reclamos en este primer semestre fueron Táchira, con 488 protestas, seguido de Mérida con 454 y Miranda 355. Le siguen Distrito Capital con 349 y Anzoátegui 304. Bolívar ocupa el décimo lugar en el índice de conflictividad con 222 manifestaciones.

De las 4.414 protestas, 2.025 fueron por servicios básicos; 1.014 por electricidad, 980 por agua potable y 511 por gas doméstico.

Sobre las fallas eléctricas, que se mantienen desde el apagón nacional de 2019, el OVCS destaca que “el mayor repunte de las protestas ocurrió en mayo, cuando se documentaron 501 acciones de calle por inexistencia del servicio, afectación de electrodomésticos e imposibilidad operativa de comercios, bancos y servicios que dependen de la electricidad, como es el caso de las telecomunicaciones”.

Fue en una protesta por electricidad en la que asesinaron, el 4 de mayo, a Rafael Hernández (21), estudiante de Ingeniería de la Universidad de Los Andes (ULA), en el sector El Campito, del municipio Libertador del estado Mérida. Según testigos, civiles armados dispararon hacia la manifestación en la que asistía junto a varios vecinos.

La ausencia y constantes fallas en el suministro de agua potable, por su parte, “ha generado aumento de enfermedades, paralización de actividades y servicios médicos, uso de ríos contaminados, quebradas y alcantarillas para satisfacer las necesidades, ya que no todos los ciudadanos tienen el suficiente poder adquisitivo para contratar camiones cisternas”, señala el informe.

Debido a la ausencia del gas doméstico y las fallas eléctricas que dejan sin opciones para cocinar, familias venezolanas recurren con más frecuencia a la cocina a leña.

País petrolero sin gasolina

El desabastecimiento de combustible y el aumento de las restricciones en el despacho bajo el argumento de las medidas de confinamiento también fueron motivo de reclamo durante este semestre.

Fue en medio de la cuarentena cuando se ajustó el litro de gasolina a un precio subsidiado de Bs. 5.000, y al precio internacional de 0.5 dólares. Asimismo se raciona el despacho según el terminal de placa vehicular, y en el caso de las estaciones de servicio subsidiadas, cada conductor puede abastecerse de máximo 120 litros al mes, siempre y cuando esté registrado en el sistema patria.

En Bolívar no solo existen estas restricciones. También se aplicó un esquema de despacho incendiario y máximo 20 litros por vehículo en estaciones subsidiadas. En las dolarizadas se impuso recientemente el sistema de despacho por terminal de placa del vehículo.

El OVCS registró hasta junio 688 protestas en rechazo a las largas colas, extorsiones y denuncias de abuso de poder por parte de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que custodia las estaciones de servicio en todo el territorio nacional.

Sucre reportó aproximadamente 59 protestas por gasolina, seguido de los estados Mérida (56), Miranda (49), Falcón (48), Nueva Esparta (47) y Táchira con 43 protestas. En Bolívar fueron 42.

Reclamos laborales

Los reclamos laborales representan el 21% de las protestas realizadas hasta junio, un total de 943.

“Los trabajadores se resisten a perder sus conquistas desdibujadas durante el autocalificado régimen obrerista con salarios insuficientes, represión y discriminación de las protestas, control de los sindicatos, escasas oportunidades de desarrollo en un aparato productivo mermado”, menciona el informe.

   
Recurrentes las protestas por el desabastecimiento de combustible y el aumento de las restricciones en el despacho | Foto William Urdaneta

En cuanto a protestas políticas, se documentaron 648. “La cuarentena afectó la dinámica y acciones de calle de los partidos políticos de oposición. No así las intenciones del régimen de avanzar en el control de todos los poderes públicos”.

En este mismo lapso de tiempo, el Tribunal Supremo de Justicia impuso a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), y nombró a juntas ad hoc para los partidos Acción Democrática y Primero Justicia. Además se convocó a elecciones parlamentarias para el próximo 6 de diciembre.

“Es urgente una transición pacífica que garantice el retorno del orden democrático y el fin de un sistema político que durante dos décadas ha llevado al país a los peores índices de productividad, restricción de libertades y más de 5 millones de refugiados con necesidad de protección internacional”, destaca el observatorio.

Sobre el tema alimentario, “entre abril y mayo aumentó la conflictividad por temas vinculados a la alimentación debido a los incrementos diarios en el precio de algunos productos. La respuesta del régimen de Maduro fue tomar el control de algunas empresas productoras de alimentos y establecer una lista de control de precios para 27 artículos esenciales de la canasta alimentaria, aprovechando las circunstancias para renovar inconstitucionalmente el decreto de emergencia económica publicado mediante Gaceta Oficial Nº 6.534., e implementado desde mayo de 2016”.

Saqueos en 13 estados

En este mismo período se documentaron 65 saqueos o intentos de saqueos en 13 estados del país. Zulia (15) y Anzoátegui (12) ocupan los primeros lugares. En Bolívar ocurrieron cinco de estos eventos. En uno de ellos, en Upata, el 23 de abril asesinaron a Charlis Núñez, de 29 años, y hubo más de 90 detenidos.

Por otra parte, el derecho a la salud en medio de la pandemia es también vulnerado. En los primeros seis meses del año, el OVCS documentó 352 protestas vinculadas al derecho a la salud.

“Los profesionales de la salud, junto a pacientes y familiares se han mantenido en protesta en rechazo ante las precarias condiciones que padecen actualmente a nivel de infraestructura, dotación de materiales e insumos de uso común y de bioseguridad para atender la pandemia por COVID-19. Los trabajadores de la salud han sido criminalizados cuando dan información relacionada con COVID-19, son hostigados y enjuiciados por exigir condiciones básicas e indispensables para el atendimiento”.

En cada una de las protestas del primer semestre de 2020, la represión estatal sigue siendo la respuesta. 221 protestas fueron reprimidas por cuerpos de seguridad del Estado y colectivos paramilitares, lo que representa el 5% de las 4.414 manifestaciones documentadas en este lapso. 129 personas fueron detenidas, otras 62 heridas y dos asesinadas en contexto de protestas.