Héctor Lucena

Los acontecimientos políticos nacionales se mueven vertiginosamente a partir del 10-1-19, con motivo de la juramentación de Maduro como Presidente de la República para los próximos seis años. Era de esperar una situación extraordinaria, visto el muy extendido cuestionamiento nacional e internacional a esas polémicas elecciones del 20 de mayo del 2018, tanto su convocatoria por un organismo ilegítimo, como es la Asamblea Nacional Constituyente, sin la cualidad para convocar, como el desarrollo del proceso electoral, excluyente y viciado, denunciado en su momento hasta por la misma empresa Smartmatic, que había venido manejando la parte tecnológica de los procesos electorales desde el 2004. De ahí en adelante el ritmo de los acontecimientos va a una acelerada velocidad, indudablemente estaban represados y se esperaba que en algún momento se desatarían, apenas ocurriera el llamado de una dirigencia creíble, unitaria y fresca.  Hay que destacar en esta voluntad de protesta por parte de la población, que a lo largo del 2018 se registraron la mayor cantidad de conflictos jamás vistos en la historia del país. Hasta entonces eran el 2014 y 2017, los años que registraron mayor número de protestas, según los registros del Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social, pero las 12.715 protestas del 2018 superan en un tercio lo ocurrido en aquellos años. Destaca que lo preeminente en este último año son las protestas laborales -más del 40%-, por el descalabro del empleo y de la merma de los ingresos, que ha hecho que hoy la pobreza supere el 80% de la población; el estado de catástrofe económica no guarda relación con los altos ingresos que el país ha recibido a lo largo del actual régimen; y que explique como causa principal la descomunal diáspora venezolana. Entonces las protestas laborales que se tradujeron en marchas, toma de lugares públicos, en donde los trabajadores se enfrentaron al gobierno por sus políticas laborales y por su papel de patrono indolente e irresponsable en la conducción de las entidades estatales. Especial mención hemos de hacer del sector de trabajadores de la salud, particularmente de enfermería, que se lanzaron a una protesta nacional desde mediados del 2018 y se mantuvieron firmes por varios meses, ganándose la admiración y el respeto de la sociedad en general. En las protestas de este inicio del 2019, se empieza por los llamados a los cabildos en las principales ciudades del país, y en muchas de ellas, no sólo uno sino varios y todo en apenas pocos días. En Valencia metropolitana se inicia con un cabildo en Prebo, y luego en Naguanagua, Tasajal, San Diego, San Blas, La Isabelica, El Palotal, cubriendo con ello toda la gran ciudad. En todos estos cabildos se precisan los objetivos a seguir por quienes se hacen parte de las movilizaciones: declarar la usurpación de la Presidencia por parte de Nicolás Maduro, exigir el establecimiento de un gobierno de transición y realización de elecciones libres y democráticas. Marca un hito trascendente las movilizaciones de millones de ciudadanos el miércoles 23E, caminando por las diversas arterias urbanas, para encontrarse con otros ríos de gente procedentes de diversas zonas de las ciudades; los amplios espacios públicos previstos quedaron pequeños, y todo ello en simultáneo en cientos de poblados, desde la capital, pasando por las principales urbes, hasta pequeños poblados de solo decenas de miles de habitantes, que se movieron el mismo día y a la misma hora, atendiendo el llamado de la directiva de la Asamblea Nacional y de los diputados representantes de las regiones, y todo convocado predominantemente por redes sociales, dado el cerco informativo a toda la actividad de la AN. El gobierno hizo lo posible por torpedear estas convocatorias. Además de recurrir al cerco informativo, dificultó los servicios de transporte, tomó militar y policialmente lugares diversos de las ciudades y exhibió equipos antimotines; intimidó a medios de comunicación, en algunos lugares -Maracaibo, por ejemplo- allanamiento de sedes de plantas televisoras privadas, prohibiciones de ciertos temas en la programación radial -se conoce de suspensiones en Radio Fe y Alegría-. Hubo estrictas advertencias a los funcionarios al servicio del Estado de no dejar de asistir al trabajo en ese día 23-1-19. A todo lo anterior, se agrega que el pago mensual de la pensión a las personas de la tercera edad se fijó justo para ese mismo día, sin embargo este segmento de la población ampliamente necesitado de esos recursos para compras fundamentales, prefirió voluntariamente hacerse presente en la movilización y concentraciones, trasladando su cobro de pensión para el día siguiente. Las movilizaciones y los actos del 23E se desenvolvieron en paz y tranquilidad. Quienes se movilizaban a lo largo de calles y avenidas mostraban su entusiasmo, fue notable las marchas familiares, padres e hijos, parejas, menores y mayores, mujeres y hombres, voceando consignas y cantos, los rostros mostraban la satisfacción de estar presentes. Sin embargo, hay que subrayar que antes de la marcha monumental del 23E, algunas escaramuzas habían empezado con la represión a las protestas en sectores populares, especialmente en Caracas, en donde el 21E se conoció de las primeras dos víctimas fatales por parte de cuerpos armados gubernamentales, eso se acrecentó en el transcurso de la semana, y ya para el sábado 26E el número de víctimas alcanzaba los treinta, además de casi cuatrocientos detenidos, sin respeto alguno a los DDHH por parte del régimen. Podemos señalar que está terminando la semana del despertar de esperanzas y optimismo, pero que no hay que perder de vista, que igual sigue una arremetida represiva, que acumula en pocos días un balance inquietante. Finalmente y no menos importante, se ha evidenciado que quienes han conducido al país al presente caos, han dado lugar a que el conflicto político existente sea un problema no solo nacional, sino que por más que insistamos en los argumentos de quienes aquí vivimos y está todo nuestro proyecto de existencia, que el régimen a lo largo de sus veinte años de mando autoritario hizo concesiones y facilitó intromisiones a varios gobiernos que confrontan con los EEUU, especialmente a Cuba, China,

Siguiendo con algunas consideraciones sobre la política laboral del régimen y su pretensión de eliminar conquistas muy sentidas en las relaciones de trabajo, como ocurre con los llamados lineamientos del despacho laboral -Memorando No. 2792- sobre negociaciones colectivas. Para entender una política de remuneraciones, importa tener presente que las organizaciones que son objeto del pretendido control la conforman tres categorías: 1. Por un lado la administración pública en sus ámbitos nacional, estadal y municipal; 2. En segundo lugar, el sector de empresas constituido por aquellas que producen bienes y servicios, aquí tenemos a unas de propiedad estatal y otras privadas; 3. Un tercer sector de carácter social que no tiene fines lucrativos, como cooperativas, condominios, trabajo en residencias, en asociaciones.Una situación deseable es que el primero depende totalmente de los ingresos que capture el Estado, con los impuestos, tasas y aquellos derivados por su condición de administrador de riquezas que son de propiedad de la nación. El presupuesto nacional contempla como se erogarán estos recursos. El segundo, los productores de bienes y servicios para el mercado, constituido por los ciudadanos y las entidades jurídicas. Aquí concurren como oferentes los privados y los públicos, con el carácter de empresas, que pueden ser compañías anónimas, personales, colectivas, nacionales, extranjeras, de propiedad estatal. Sus ingresos fundamentalmente están constituidos por lo que se derive de su producción y ventas. Las regulaciones tendrán presente las distintos tipos de bienes y servicios y el papel que representan para el funcionamiento de la sociedad. El tercer sector, que llamamos de carácter social, que no tiene fines lucrativos, tal carácter le permitirá tratos tributarios especiales. En el presente al lado de los dos primeros, es el sector con menor población. ¿Qué política salarial ha de corresponder a estos tres sectores? En primer lugar sin distinción alguna, ha de haber un piso que permita que las remuneraciones de quienes presten servicios deben resolver la alimentación y los servicios básicos para la vida personal y familiar. Todo aquel que trabaja a tiempo completo ha de tener como salario mínimo un ingreso que satisfaga esa condición. No importa si se trabaja para el gobierno o los privados, ni tampoco si es sector con fines de lucro o no, sencillamente el trabajo ha de satisfacer ese mínimo. Los servicios básicos de la vida cotidiana, empiezan por alimentación, siguen con salud, luego agua, electricidad, educación, seguridad, transporte, comunicaciones, recreación, todos han de ser accesibles al máximo posible de la población, y a costos acordes con los ingresos salariales. La mayor parte de estos servicios son provistos por empresas estatales, con un lamentable deficiente funcionamiento, según indicadores ampliamente aceptados. Es importante tener presente que en cada sector, existen las carreras, las trayectorias. No todos los que laboran son portadores de las mismas experiencias, competencias, conocimientos. Hay heterogeneidades, que resultan especialmente de los años de formación, de los de dedicación a la actividad y también de la contribución al logro de los objetivos de esas organizaciones. Estos factores son los que explican las clasificaciones, tabuladores y jerarquías que existan. Por tanto en las remuneraciones y responsabilidades han de reflejarse. Han de ser diferenciales en los ingresos que sean sustentables y consensuados. Lo primero para que se puedan mantener y materializar en el tiempo; lo segundo, para que quienes laboran tengan identidad con la carrera que predomina en esa organización, que se aprecie su justeza. Es importante que las carreras sean visualizadas con transparencia, tanto desde adentro como fuera de las organizaciones, dado que los jóvenes que están en procesos formativos de profesiones tengan un mayor estímulo en aquello que han escogido para su carrera profesional o técnica; y que su desempeño ofrece igualdad de oportunidades de inserción, estadía y crecimiento. Igual para aquellos que cambian de carrera o sector, por razones de movilidad geográfica u ocupacional. Cuando el memorando que comentamos – No. 2793 del MPPPST- pretende “evaluar, monitorear y acompañar el proceso de negociación de las Convenciones Colectivas de Trabajo, así como aquellas que se encuentren suscritas”, está planteando una pretensión compleja. Incluso, lo es para los actores laborales que han venido construyendo sus clasificaciones, tabuladores y escalas. Incluso no se afirma que las mismas estén libres de la necesidad de revisiones y mejoramientos, son procesos que se alteran por los mismos cambios en la organización y el proceso del trabajo. De ahí sus revisiones. El papel del Estado en los temas salariales ha sido desatendido porque ha permitido que en el país el empobrecimiento haya alcanzado a un 87% de la población. Eso no lo resolverá obligando a que el salario mínimo sea aumentado unilateralmente en un momento dado, en una proporción del 5.900%, cuando el país avanza hacia una inflación del millón anual. ¿Qué se espera de un gobierno para una verdadera protección de las remuneraciones y las convenciones colectivas? 1. Una política económica desvinculada de todo tipo de ideologías que impiden el desarrollo de las capacidades y fuerzas productivas. 2. Una profesionalización en los órganos públicos que procesan y participan en las tomas de decisiones. Que el sectarismo sea puesto a un lado y se escojan los mejores. Que haya verdadera carrera en esas instituciones. 3. Que se restituya y mejoren los controles que son parte del balance de los poderes públicos. Que no haya poder que subordine a otro. Que rindan cuentas públicas ante los organismos de control y que de la misma se deriven decisiones que impliquen reconocimientos, ajustes, remociones o sanciones, según sean las evaluaciones profesionales y públicas. 4. La legislación que regula la relación laboral ha de ser concebida para todos los sectores que se señalaron al inicio, por tanto el decreto que hoy se tiene como tal, no guarda tal carácter. Su alto grado de pretensión reguladora ha invadido los espacios de los propios actores laborales. Conviene más bien, que se faciliten los procesos de negociaciones de los actores, que son quienes actúan y conocen sus realidades. 5. Para apoyar lo anterior, es importante que la institucionalidad necesaria para el desenvolvimiento de las relaciones laborales sea