jueves, 28 marzo 2024
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Clavel A. Rangel Jiménez

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La investigación periodística detrás de la sentencia contra Correo del Caroní

El Ministerio Público ha paralizado en tres oportunidades las medidas sustitutivas de libertad de tres presuntos implicados en casos de corrupción como el de las cabillas y Ferrominera. Pese a lo minucioso de la investigación, la Corte de Apelaciones siempre ha desestimado la actuación de la Fiscalía.

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Militares y cúpula del PSUV usurpan Alcaldía de Caroní al desterrar a José Ramón López

El Gobierno ha decidido quitar del medio al alcalde chavista José Ramón López antes del 6 de diciembre, fecha de las elecciones parlamentarias, destapando un presunto hecho de corrupción en el seno de la municipalidad. Se trata de uno de los primeros casos del período de Nicolás Maduro en el que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) destierra a un burgomaestre en funciones, como lo ha hecho este martes en la noche al imputar al alcalde y solicitar su privativa de libertad. Hasta entonces el Gobierno solo había actuado en contra de los suyos una vez que estos salieran del poder, tal como pasó con cuatro de sus exalcaldes. Esa fue la sumatoria de administradores municipales al final de 2013, año en que Maduro utilizó la bandera de la lucha anticorrupción para imprimir transparencia a su gestión. Pero no es el municipio Caroní una jurisdicción cualquiera. Desde la era Hugo Chávez, Ciudad Guayana ha jugado un papel trascendente para la “revolución bolivariana” tanto por lo estratégico de su localidad, como por la fuerza sindical concentrada al sur del país. A escasos dos meses para unas elecciones legislativas con visos de plebiscito para la administración central, el Gobierno ha decidido arriesgarse y sacrificar el liderazgo que en las dos últimas elecciones y, con ventaja, José Ramón López atesoró al servicio del partido. ¿Por qué desplazar al alcalde de Caroní? ¿Cuál fue el pecado de López? ¿Qué busca el PSUV con esta estrategia?   La bandera anticorrupción Como en otros casos en el país, la corrupción ha sido el ardid que ha activado al Ejecutivo para deslastrarse de los dirigentes en desgracia. Desde 2005, Chávez hizo de todo para consolidar la “unidad perfecta” en Bolívar pese a las diferencias internas devenidas, en principio, por la contraposición entre militares y civiles, y posteriormente porque la Alcaldía de Caroní había sido el único espacio -hasta entonces- donde el gobernador Francisco Rangel Gómez no tenía absoluto control. López sirvió para consolidar el liderazgo de Chávez en las bases donde Rangel nunca ha gozado de buena fama. Así, Francisco Rangel garantizaba la organización y movilización, y López el pueblo. Pero en algún momento la fórmula comenzó a fallar. Las últimas elecciones presidenciales, donde el PSUV perdió el municipio Caroní, las responsabilidades comenzaron a ser parte del debate interno. Rangel, que siempre ha sabido colarse en altas esferas, socavó el liderazgo de López en sus debilidades: los vicios, el manejo integral de los desechos sólidos, la recaudación, el crecimiento desordenado de la ciudad… y la corrupción.   Si de corrupción se trata… Si bien el caso de la recaudación de tributos, Sisvencorp, y el manejo de los contratos dependientes de la Alcaldía de Caroní eran el escándalo a puertas cerradas, el tema corrupción ha tenido muchos flancos en Guayana, a los que Chávez pocas veces prestó atención. El caso de las cabillas, la mafia de los cupos del aluminio, el control de la minas y las denuncias consignadas en la Fiscalía General de la República por el diputado Andrés Velásquez, sobre el manejo de los contratistas en la Gobernación del estado Bolívar, han sido también casos archivados. El punto de inflexión más reciente fue en el 2012, cuando en un remitido nacional -el 29 de febrero de 2012- 42 organizaciones chavistas alertaban al “comandante” a propósito de la remoción de los “presidentes-trabajadores” y el ascenso desmesurado de un sector del PSUV. Alertaban sobre el “desgaste del proceso revolucionario” en la región propiciado por tres claves: el continuo privilegio del grupo político del gobernador del estado Bolívar; la toma de decisiones inconsultas y el favorecimiento a quienes “se han adueñado de Guayana desde hace más de 40 años”. Los Colectivos Patrióticos de Resistencia Popular Revolucionaria de Guayana declaraban que el estado Bolívar “no es el patio trasero del imperio y menos un feudo del gobernador Francisco Rangel Gómez. Por ello (…) hoy planteamos al país la necesidad histórica de seguírsela jugando con el pueblo y la clase obrera, pues hemos demostrado lealtad en la acción en todas las etapas y fases de esta, nuestra revolución bolivariana”. El comunicado no trascendió y, días después, Chávez cerró filas con el sector militar. Aquello significó un revés para los colectivos que empujaron las investigaciones en contra de la “mafia de las cabillas” y de los cupos del aluminio, como ahora la detención del alcalde, en términos políticos, es otro revés para las bases del PSUV.   La estocada Los desmanes en la municipalidad, sin embargo, se hacían insostenibles. Las confrontaciones del PSUV y la desarticulación en las políticas públicas hicieron de los servicios de recolección de desechos sólidos y el manejo de la basura el talón de Aquiles de la gestión de López, pero no el único de sus males. El control de los ejidos, históricamente administrados por la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), el desordenado crecimiento de la ciudad a partir de esa rivalidad y el deficiente servicio de transporte fueron aprovechados por el Ejecutivo para comenzar a ejecutar una administración paralela de la municipalidad que, a todas luces, significaban un mecanismo de presión a lo interno del partido. Así el gobierno emprendió el sistema de transporte masivo rápido en paralelo al proyecto de TransGuayana, creó Corpo-San Félix con competencias idénticas a las de la Alcaldía, patrocinó al presidente de CVG, Justo Noguera, como ficha de solución de problemas y finalmente, desempolvó los casos de corrupción archivados durante los últimos dos períodos. En paralelo hacía esfuerzos por controlar la Cámara Municipal. La enfermedad alegada por López el pasado 27 de agosto para separarse del cargo daba señales de lo que se manejaba a lo interno. El alcalde, entonces, asomaba incluso la posibilidad de salir del país, luego la presunta operación, su regreso y retirada y, finalmente, su desafío el pasado viernes 25 de septiembre cuando decide reasumir sus funciones en la Alcaldía, justo cuando la plana mayor del PSUV preparaba un acto con el alcalde encargado, Eriberto Aguilera. Menos de 48 horas después, el Tribunal Quinto de Control autorizaba orden de captura para el “hijo

Roberto Wellisch: más de 40 años negociando privilegios

A las afueras de Puerto Ordaz, en los portones de las empresas de aluminio -CVG Alcasa, CVG Venalum, CVG Bauxilum y CVG Carbonorca- resulta familiar el nombre de Roberto Wellisch, un empresario de nacionalidad argentina-venezolana-estadounidense que se ha ganado el apodo de El zar del Aluminio.

Glencore, el zar del aluminio venezolano

En la práctica, las empresas estatales del aluminio en Venezuela se han convertido en una suerte de maquila de Glencore, la mayor comercializadora de materias primas en el mundo. La trasnacional de origen suizo resultó ser el principal proveedor, cliente y en ocasiones hasta prestamista, al comprar su producción a futuro a cambio de efectivo inmediato.

Fiscalía solicita enjuiciamiento de empresario por el caso FMO

El empresario Yamal Mustafá y los tres ex gerentes de Ferrominera Orinoco, acusados de presunta corrupción, esperarán la audiencia preliminar bajo prisión. En la presentación de los actos conclusivos este miércoles, el Ministerio Público reiteró su acusación ante el Tribunal 9º de Control del área metropolitana de Caracas y pidió que se mantenga la privativa de libertad para los acusados en la Dirección General de Contrainteligencia Militar ubicada en Boleíta Norte, municipio Sucre del estado Miranda. Las fiscales 56º y 57º nacional, Milvira Caraballo y Paula Ziri-Castro, respectivamente, acusaron a María Acosta (exgerente de Finanzas) y María Rodríguez (exgerente general de Administración y Finanzas) por la presunta comisión de los delitos de peculado doloso, malversación agravada y asociación para delinquir. Al exconsultor Jurídico de Ferrominera, Noel Ramírez, lo acusan de ser presunto cómplice necesario en el delito de peculado doloso y asociación para delinquir. En el caso del contratista de la Gobernación del estado Bolívar y presidente del diario Primicia, Yamal Mustafá, los fiscales lo vinculan por ser presuntamente cooperador inmediato en el delito de peculado doloso propio, concertación de funcionario público con contratista y asociación para delinquir durante la gestión del expresidente de la estatal, Radwan Sabbagh. Los delitos se encuentran previstos y sancionados en las leyes Contra la Corrupción, y Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. En la audiencia de presentación ante el Tribunal 5º de Control de Puerto Ordaz, el pasado 21 de julio, se acordó la medida de prohibición de enajenar y gravar bienes, así como la inmovilización de las cuentas bancarias de estas cuatro personas.   Conmoción nacional Mustafá y los tres exdirectivos fueron detenidos entre el 18 y 19 de julio, y presentados en los tribunales del Puerto Ordaz el sábado 20 del mismo mes. El 1 de agosto la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Paúl Aponte Rueda, aceptó la solicitud planteada por los fiscales nacionales auxiliares 56 y 57, Frank Bolívar y Laura Romano, respectivamente, de radicar el expediente N° FP12-P-2013-1923 en Caracas. Atendiendo a esa solicitud el pasado 24 de agosto los acusados fueron trasladados a la capital, según los alegatos de la fiscalía, para evitar que la posible influencia de los involucrados perjudicara el desarrollo del proceso. Ahora, en un tiempo no menor de 20 días deberá darse la audiencia preliminar donde el juez determinará si las pruebas presentadas por el Ministerio Público cumplen con los principios de útiles, legales y pertinentes para ir a juicio. En esa audiencia el juez puede desestimar las pruebas o admitirlas dando con ello inicio al juicio oral; cinco días antes de la preliminar la defensa también podrá presentar sus pruebas ante el juez de control. Por delitos similares también está detenido el expresidente de Ferrominera, Radwan Sabbagh, por su presunta responsabilidad en el desvío de una partida presupuestaria de más de 295 millones de bolívares, cuando era presidente de la referida empresa ferrominera. A quien presidió la estatal por seis años se le acusa de la presunta comisión de los delitos de peculado doloso propio, malversación agravada, evasión de procedimientos de licitación, concertación de funcionario público con contratista y asociación para delinquir. De acuerdo a la comunicación del Ministerio Público, hasta la fecha la investigación -de manera preliminar- ha arrojado que producto de las alianzas comerciales suscritas con empresas internacionales por Sabbagh, se habría producido una afectación económica a las arcas de la empresa básica.   Sobornos Además de la desviación de la partida presupuestaria en CVG Ferrominera, el Ministerio Público tiene un expediente abierto por el pago de sobornos al coronel de la Dirección General de Contrainteligencia Miliar (DGCIM), Álvarez Dionisi, quien llegó a Guayana a investigar el tráfico de cabillas e irregularidades en las empresas básicas. Yamal Mustafá, propietario de Corpobrica, Credilab y el diario Primicia, entre otras empresas, es -junto a Sabbagh- uno de los tantos entrevistados por la DGCIM en el expediente Nº 47C-16.156-13 en calidad de presunta víctima de extorsión por parte de “El Tiburón”. Otros empresarios, como el propietario de Corinsur y su sobrino Manuel Mustafá, también fueron citados a declarar. A través de las cuentas del empresario se movilizaron 4 millones de dólares y 2 millones de bolívares a las cuentas del coronel en el exterior, todo esto bajo la presunta amenaza de hacer un escándalo “similar” al del caso de las cabillas en Guayana. Por el caso de extorsión, además de Álvarez Dionisi, está preso el joven Carlos Vieira, propietario de Viherca (cliente de Ferrominera), acusado de ser cómplice del funcionario de la DIM. Mustafá dijo a la DIM que decidió colaborar con sus cuentas para proteger a su sobrino, Manuel Mustafá, cuyas empresas intermediarias revenden mineral de hierro en el mercado internacional.

Pioneros de FMO repudian saqueo de su empresa por la corrupción

Trabajaron durante más de 20 años en Ferrominera Orinoco y hoy se sienten defraudados. La empresa a la que dedicaron años de servicio ya no se parece a aquella que conocieron: respetuosa con los derechos de los trabajadores, de la meritocracia y comercialmente transparente. Frente al edificio administrativo II de FMO este grupo de jubilados de la estatal protestó por el incumplimiento en el pago del anticipo por el retraso en la discusión del contrato. El jueves pasado -desde Ciudad Piar- el presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), Carlos Osorio, aseguró su cancelación el 12 de julio, al día siguiente, como parte del compromiso del “gobierno revolucionario”. De ese pago, 7 mil bolívares le corresponden a los trabajadores pasivos de la estatal, los mismos que este lunes se concentraron frente a las instalaciones administrativas en reclamo de ese compromiso. “Nos dan a entender que el dinero no lo hay”, comenta el ex trabajador de la Planta Procesadora de Mineral (PMH) por 30 años, Héctor Redhead. “Nos sentimos defraudados, ofendidos”, dijo en relación a la respuesta de la empresa y a las recientes investigaciones del Gobierno por la comercialización irregular del mineral de hierro y los presuntos hechos de corrupción. “Primera vez que vemos esto en la historia de la empresa, eso debido a la centralización de todo. Digamos… la parte informativa, todo se manejó a capricho de ellos”, opinó Redhead. Los ex trabajadores consideran una “burla” que mientras el comisariato, las clínicas y farmacias de Ferrominera están desabastecidas, los gerentes y el ex presidente de la estatal, Radwan Sabbagh, reconozcan que movilizaron millones de dólares para cancelar sobornos.   Comercialización directa Tanto el trabajador Redhead como el ingeniero de minas, Vidal Rojas, quien laboró durante 26 años en el área de producción de la estatal, aseguran que la fábrica siempre vendió a empresas transformadoras; nunca a intermediarios. La presencia de decenas de traders en la comercialización de mineral de hierro de Ferrominera, buena parte de ellas sin experiencia ni credenciales en el mercado ferrosiderúrgico, es una irregularidad que se advirtió. Rojas considera un error que se confíe plenamente en un presidente de una empresa, sin mecanismos de contraloría efectivos más que el aval revolucionario de tal o cual funcionario. “Este ha sido un gobierno de oídos sordos frente a las denuncias de corrupción”, agrega. Ve natural que con la destitución de un presidente surjan estas revelaciones como la del expediente del coronel Álvarez Dionisi, porque “es como algo que ahora queda flotando”. Una de las soluciones finales debe ser un castigo ejemplarizante, señala Vidal, si no “la empresa seguirá siendo saqueada mientras no haya sanción”.   La meritocracia Un factor que considera importante es el respeto a la meritocracia. Traer a personas foráneas a asumir cargos dentro de la fábrica, sin sentido de pertenencia -destaca- “sin tener la mínima idea del mineral de hierro” genera riesgos como los que ahora se denuncian en la estatal. “Yo entré como ingeniero entrenante y llegué a ser superintendente general, pero tenías que demostrarlo, te daban 90 días de prueba para demostrar tus conocimientos”, recuerda el margariteño que llegó a Guayana apasionado por las minas y el potencial de la región. Si eso no cambia, cree que Ferrominera “no va a salir adelante, va a vivir de los aportes del Gobierno. Antes no, vivíamos año tras año en récord de producción”. Los más afectados de esta seguidilla de errores e ilícitos, agrega el ex trabajador Ernesto Valdez, quien laboró durante 38 años en la extractora, son las personas de la tercera edad y los trabajadores activos “quienes tenemos que subsistir con ese salario y pagar medicinas, comida, y se alega que no hay recursos”. Cree que la detención e investigación al ex presidente de Ferrominera es un primer paso para sanear la administración, “pero eso no debe quedar allí. Debería ir hasta los peces más gordos”.     Caso de corrupción en FMO • 2 de mayo de 2012. El vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, anuncia la designación de nuevos presidentes en las empresas Sidor, Venalum y Ferrominera Orinoco. • 5 de mayo de 2012. Trasladan a gerentes, empresarios y al ex presidente de Ferrominera Orinoco, Radwan Sabbagh, a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar en Caracas. • 12 de junio de 2012. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anuncia la detención del ex presidente de la estatal procesadora de mineral de hierro. • 12 de julio de 2012. Se realiza la audiencia de presentación de Radwan Sabbagh, y se le imputan los delitos de peculado doloso propio, malversación agravada, evasión de procedimientos de licitación, concertación de funcionario público con contratista y asociación para delinquir.  

“El Tiburón” que extorsionaba en la ciudad del hierro

Juan Carlos Álvarez Dionisi llegó a Ciudad Guayana en el 2011 enviado por el jefe de la Dirección de Inteligencia Militar, Hugo Carvajal, a investigar presuntas irregularidades en la comercialización y distribución de las cabillas. Adquirió relevancia y fue catalogado de “héroe” al dar con la detención del ex gerente de comercialización de Sidor, Luis Salvador Velásquez Rosas, quien también se desempeñaba como presidente de la comisión de transición de la briquetera Orinoco Iron y Briqven. El caso, una de las banderas contra la corrupción ondeadas por el presidente Hugo Chávez, fue aplaudido en todos los niveles menos por el poder Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en Guayana, donde Salvador Velásquez fungía como fuerte aliado en el área de las finanzas. Su fama al frente del caso, y los dos ascensos que recibió hasta llegar al grado de coronel en poco tiempo, le sirvieron de aval para extorsionar a empresarios, gerentes y al presidente de Ferrominera Orinoco, Radwan Sabbagh, por su presunta participación en ilícitos de comercialización y entrega de contratos. Por miedo, presión o por conseguir más beneficios dentro de las estatales, un grupo de clientes y gerentes de la extractora y procesadora de mineral de hierro sirvieron de intermediarios, financistas y colaboradores de Álvarez Dionisi. Por esa razón Álvarez permanece detenido desde el 8 de mayo en el piso número 2 de la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Caracas, acusado de los delitos de extorsión, legitimación de capitales y asociación para delinquir. Junto a él está preso el joven de 23 años, Carlos Vieira, propietario de la empresa Viherca -registrada junto a su padre Gilberto Vieira en Guayana y Panamá-, acusado de su supuesta complicidad con Álvarez.   ¿Quién es? Las vinculaciones de “El Tiburón” son variadas. Su nombre aparece en un informe “Tormenta” que, según la periodista Patricia Poleo, involucró al entonces capitán de la Guardia Nacional con el caso de Vladimiro Montesinos, cuando Eliecer Otaiza era jefe de la DISIP. En la Gobernación del estado Carabobo, junto al gobernador Carlos Acosta Carlez, ejerció varios cargos. El 11 de noviembre de 2004, en la Gaceta Oficial del estado Carabobo extraordinaria 1.705, por Decreto 007 fue nombrado secretario privado del despacho del gobernador. También se desempeñó como jefe de Atención al Pueblo de la Gobernación y como comisionado del gobernador para Asuntos Sociales entre 2004 y 2005 atendiendo donaciones médicas, agilizando trámites y colaborando con asuntos sociales. Incluso sonó como candidato a la Alcaldía de Valencia en el 2008 y en abril de 2013 -a sus 44 años- fue aspirante al III Curso Internacional de Especialización en Criminalística y Ciencias Forenses de la Fundación para la Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Función Fiscal.   Expediente financiero Las conclusiones del informe análisis técnico del Departamento de Análisis Financiera de la Guardia Nacional determinó que Álvarez registró en el 2006 alrededor de 160 mil bolívares de “origen desconocido”. Entre finales de 2010 y el primer semestre de 2012 hallaron 180 mil bolívares “cuyo origen no fue producto de su desempeño como miembro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sino del ciudadano Radwan Sabbagh por intermedio del ciudadano Yamal Mustafá, quien facilitó una cuenta bancaria registrada a su nombre”. El departamento determinó que Mustafá transfirió 3.9 millones de dólares producto “de la presunta extorsión de la cual estaba siendo objeto el ciudadano Radwan Sabbagh, a la cuenta Representaciones Doralito Citibank Na. New York”. Las divisas se encuentran vinculadas a Álvarez Dionisi y a Belkis Guerrero Moran, su esposa, oficial técnico egresada de la Escuela de Enfermería y retirada de la GN. De la investigación de la Guardia Nacional resultó que Guerrero recibió 190 mil dólares el 25 de octubre de 2012 por intermedio de Sabbagh. El informe concluye que los fondos son desconocidos por cuanto la Inspectoría General de la Guardia Nacional informó, el 6 de junio, que Guerrero recibió el último sueldo como miembro de la Fuerza Armada Nacional el 1 de marzo de 2009. Además determinaron que la esposa del coronel recibió dólares movilizados por el ex gerente de comercialización y ventas de Ferrominera, Juan Aníbal Vásquez, por intermedio de la empresa Viherca International. Además de su esposa, su hija recibió 4 mil dólares americanos provenientes de Vásquez.   Vínculos ferrosos Por intermedio de Álvarez ingresa a Ferrominera Orinoco José Reynaldo González Cuica como escolta del presidente de la estatal, Radwan Sabbagh. “Pero en realidad ejercí como asistente y no como escolta porque llegaron Ricardo García y Ulises Mendoza funcionarios del DIM que prestarían las labores de seguridad. Mi trabajo de asistente quedó limitado porque Sabbagh no me usaba como tal”, declaró González al cuerpo de investigaciones en mayo. De acuerdo con el testimonio del escolta, en varias oportunidades el coronel le llamó para agilizar unos despachos a la empresa Corinsur. “El gerente de seguridad no le permitía ingresar con las gandolas porque le faltaba una firma en la ficha de seguridad industrial, yo le informé al presidente Sabbagh y éste me ordenó que hablara con el gerente de seguridad de Ferrominera, Justo Guevara, para que se las dejara ingresar”. A partir de noviembre de 2012 ingresa a la empresa Jhonny Marín como apoyo a la seguridad del presidente. “Se dedicó por completo a esa actividad de seguridad familiar, controlando y coordinando con Ulises Mendoza, Ricardo García y Daniel Cedeño, quienes fungían como escoltas del grupo familiar de Sabbagh”. La familia, según González, se desplazaba en una camioneta Fortuner blanca blindada que le regaló Álvarez. “El mismo día que llegó Jhonny Marín me ordenó supervisar un área llamada Cerro Bonito para constatar que no estuvieran trabajando en horas nocturnas porque era ilegal y tenía información de ello”, dijo. A raíz de esa supervisión, la revisión del contrato y la existencia de cláusulas “leoninas”, el presidente Sabbagh -según el escolta- destituye al gerente Juan Aníbal Vásquez y nombra a Jorge Cañas al frente de la gerencia. Luego de la destitución del jefe del departamento de aduana, Pedro Escobar, González asume la jefatura “para

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