La nueva política apunta a aliviar el volumen sin precedentes de más de 1,5 millones de solicitudes de permiso de trabajo pendientes en el Servicio de Inmigración y Ciudadanía.
La herramienta rastrea información publicada en Google News, Twitter y una selección de notas, comunicados y denuncias de la SIP.
El Estado intenta ocultar lo ocurrido. Olnar Ortiz, coordinador nacional de pueblos indígenas de Foro Penal, denunció los asesinatos en Parima B ante el relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de Naciones Unidas.
El representante de la empresa aseguró que no culpa a los vecinos, pero señaló que las personas no hacen un manejo adecuado de los desechos por falta de educación.
El dirigente sindical fue excluido de las reuniones de la tripartita sin explicación, por lo que denunció que las centrales presentes no representaron a la clase trabajadora, sino que estuvieron “para lavarle la cara al régimen”.
Cuando comenzó la pandemia fueron enviados a su casa y, aunque eventualmente se ha ido reactivando la cotidianidad, la estatal no los ha llamado de nuevo a sus puestos de trabajo.
Representantes de las estaciones del Distrito Capital aseguran que la estatal deja de cancelar $5 millones mensuales, por lo que no cuentan con ingresos para cumplir con los gastos operativos, tributarios y laborales.
Vicente Pérez, director ejecutivo de Fedeagro, señaló que la desmejora en la calidad del café y del cacao se debe a los intermediarios y a la desaparición de asociaciones.
Gilberto Castillo, de la Red Socialista de Campesinos, afirmó que tampoco cuentan con maquinaria porque la EPS Pedro Camejo, que las alquilaba en Aragua de Barcelona y El Tigre, ya no funciona.
El abogado señaló que la Corte Internacional de Derechos Humanos consagra la propiedad de los pueblos indígenas tomando en cuenta que ésta se basa en las tradiciones de esas poblaciones y en esos casos, es deber del Estado demarcar ese territorio y respetarlo.