El teniente coronel del Ejército, Ernesto Solís, ocupaba el más alto rango del componente militar en el municipio minero, al sur de Bolívar. En 2019, fue denunciado por desapariciones y ejecuciones extrajudiciales y por facilitar la entrada de grupos armados a una zona antes explotada por pequeños mineros. Junto a él, fue asesinado el sargento de segunda, Gustavo Flores.

La localidad de Tumeremo, municipio Sifontes del estado Bolívar, amaneció militarizado este martes, luego de confirmarse el asesinato del teniente coronel Ernesto León Solís Mares, comandante del Batallón 512 de Infantería de Selva G/D Tomás de Heres, Fuerte Tarabay, y del sargento de segunda, Gustavo Flores.

Ambos fueron acribillados pasada las 11:00 pm de este lunes 6 de abril, cuando se dirigían al Fuerte Tarabay en una camioneta Toyota Fortuner, donde fueron hallados sus cuerpos con múltiples heridas de bala. En la calle principal del sector La Caratica fueron emboscados por sujetos desconocidos. Hasta ahora, el atentado no ha sido atribuido a ningún grupo en específico.

Habitantes del sector escucharon ráfagas de tiros cerca de la medianoche, un ruido que no es ajeno en el municipio minero, conocido por la intensa anarquía minera y la violencia que ha dejado decenas de víctimas. “Pensé que había iniciado la guerra, hasta se escuchó una granada”, comentó una habitante de Tumeremo, que pidió mantener su nombre en reserva por temor a represalias.

Solís había sido denunciado, en 2019, por amedrentamientos, abusos, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales. Habitantes de la localidad, al sur de Bolívar, temen que su asesinato genere nuevas masacres en Tumeremo, a partir de la respuesta del Ejército a este hecho.

“La gente está más temerosa ahora. Dicen que el gobierno ahora va a empezar a matar a gente inocente”, manifestó otro habitante del municipio, quien pidió resguardar su identidad.

Denuncias contra Solís

   

Maduro pide incrementar “inteligencia preventiva”

Nicolás Maduro se refirió al asesinato del comandante Ernesto Solís y el sargento mayor Gustavo Flores, para expresar sus condolencias a familiares, amigos y compañeros en una cadena nacional este martes.

“Fue acribillado a balazos por una banda de asesinos que más temprano que tarde conseguiremos y llegará la justicia (...) máxima moral combativa, por eso siempre digo, máximas medidas preventivas de inteligencia, máximas medidas de seguridad, porque estos grupos mafiosos están en correspondencia con los grupos conspiradores del guadocismo, para asesinar y atacar a la Fuerza Armada, no les quede duda”, expresó Maduro.

Comparó este hecho con lo ocurrido en la planta de Cantv en Chacao y en Carabobo, así como el incendio en un galpón del Consejo Nacional Electoral (CNE), por lo que ordenó incrementar el patrullaje policial, militar y de la milicia en todo el país.

“Incrementar la inteligencia preventiva, incrementar el patrullaje, incrementar las medidas de seguridad frente a los grupos terroristas. A buen entendedor, palabras claras. Atención, máximas medidas de protección, patrullaje, inteligencia y seguridad de todas las unidades militares, de todos los jefes militares del país, de todos los soldados de la patria, de todas las unidades policiales, de todos los objetivos estratégicos”, reiteró.

Más temprano, el diputado en el exilio Américo De Grazia señaló -en su cuenta de Twitter- como presunto responsable del asesinato al grupo armado 3R, simpatizante del régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, habitantes contradicen esta versión, de la cual el movimiento 3R se desligó. Sospechan que la autoría del atentado recae en grupos guerrilleros, pero hasta ahora las autoridades siguen sin identificar a los autores materiales.

Desde septiembre de 2019, familiares de mineros iniciaron una serie de protestas y denuncias en contra del comandante Ernesto Solís, a quien acusaron de desapariciones forzosas y ejecuciones extrajudiciales. Entre las denuncias estaba la de Gladys Pedroza, cuyo hijo, Gunter Aguinagalde, de 20 años, fue asesinado el 26 de agosto de 2019.

“Hay muchos testigos que vieron lo que él (Solís) hizo con mi hijo y otro muchacho. Los arrastró para una casa y allí los torturó y los mató. Los muchachitos gritaban: ‘¡Señor, por favor! ¡No los maten!’, y él los mató”, relató Pedroza en septiembre de 2019, cuando un grupo de madres y esposas de mineros desaparecidos o asesinados acudieron hasta la Fiscalía en Puerto Ordaz.

Andreína Arcia, otra habitante del sur de Bolívar, también denunció la desaparición de su esposo, desde mayo de 2019. “A mi esposo, el 10 de mayo, el comandante Ernesto Solís lo sacó de mi casa y hasta el sol de hoy mi esposo no ha aparecido. Necesito saber dónde está, que me dé una razón”, exigió.

Después de las denuncias públicas, se elevó el amedrentamiento y las represalias. En la Fiscalía de Tumeremo no tomaron acciones por las denuncias, mientras que en Puerto Ordaz ofrecieron medidas de protección. El caso llegó hasta la Fiscalía en Caracas, la cual mandó una comisión a Tumeremo para las averiguaciones.

Las denuncias en el pueblo incluían robos en viviendas y atropellos hacia mujeres. Aseguraron que miembros del Ejército les cortaban el cabello y abusaban sexualmente de ellas, por lo que en varias oportunidades protestaron para exigir la salida de Solís del Fuerte Tarabay.

La última protesta en el pueblo fue en diciembre, después de que Solís diera el ultimátum de desalojar todas las minas en Tumeremo. Mineros y demás trabajadores de las minas exigieron la apertura de decenas de campamentos cerrados, alegando que dependen económicamente de la minería. El Ejército mantiene tomadas más de 30 minas, luego de la masacre de Corregente en octubre de 2018, donde asesinaron a siete personas.

En el municipio Sifontes, en una zona a la que se llega después de pasar por el Fuerte Tarabay, también se ha denunciado la presencia de grupos irregulares foráneos, vinculados al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

 
En el municipio Sifontes, en una zona a la que se llega después de pasar por el Fuerte Tarabay, también se ha denunciado la presencia de grupos irregulares foráneos, vinculados al Ejército de Liberación Nacional (ELN) | Foto Archivo