La organización no gubernamental resaltó que el Cicpc fue el órgano más involucrado en ejecuciones extrajudiciales en el segundo semestre del año pasado.

Más víctimas de un rastro de violencia en Bolívar: El Estado venezolano no solo ha perdido el control de la seguridad debido al incremento de bandas delictivas que se apoderan de zonas mineras del sur; también impone miedo en comunidades vulneradas.

En el último reporte de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu), ONG defensora de derechos humanos, se evidencia que en 2019 hubo más de doscientas víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales o muertes potencialmente ilícitas en el estado Bolívar.

El mes con más asesinatos en manos de funcionarios del Estado fue marzo, con 35 muertes. Le siguen agosto con 31, abril con 24 y julio con 22. Mientras que el mes con menos víctimas fue junio con 9.

Este monitoreo de ejecuciones extrajudiciales de Codehciu adopta elementos importantes de los principios del Protocolo de Minnesota, documento internacional que tiene el objetivo de proteger el derecho a la vida y la promoción de la justicia e investigación eficaz de toda muerte potencialmente ilícita.

El año pasado, cuando el monitoreo cumplió 12 meses en ejecución, entre abril de 2018 y abril de 2019 Codehciu registró 140 víctimas. Pero desde enero 2019 a diciembre del mismo año, se han registrado 218.

 


 

¿Y el derecho a la vida?

Dentro del último informe semestral del año pasado, Codehciu resalta: “El derecho a la vida es el lógico prerrequisito para el goce de los derechos humanos. La obligación del Estado de respetar, proteger y cumplir este derecho se deriva del artículo 3º de la Declaración Universal de los derechos humanos. Y del artículo 1º de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre ‘Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente’”.

Pero la violencia tiene a las familias bolivarenses de luto. Durante el 2019 el estado Bolívar se ha caracterizado por sucesos violentos, lo que evidencia una falta de políticas destinadas a sancionar estas conductas de funcionarios, que atentan contra los derechos humanos. Se ha hecho un clamor constante: el de familiares exigiendo justicia por casos de ejecuciones extrajudiciales.

Por otro lado, la ciudadanía exige sus derechos ante las catastróficas consecuencias de la violencia. En octubre y noviembre de 2019 se registraron protestas por parte de madres y esposas, víctimas indirectas de las ejecuciones, en las adyacencias de la Fiscalía del Ministerio Público, en Puerto Ordaz; denunciaron al comandante Ernesto Solís como responsable de cometer este tipo de ataques.

Negligencia

En el contexto violento del estado Bolívar también abunda la impunidad y la negligencia ante estos hechos. Durante el segundo semestre del 2019, Codehciu registró 113 muertes potencialmente ilícitas, en manos de cuerpos policiales que usan la fuerza de manera desproporcionada, e incumplen las normas que establecen los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Durante el mismo semestre, 5 personas murieron estando bajo la protección del Estado, hombres que se encontraban recluidos en centros penitenciarios; 4 de estos en los calabozos del Centro de Coordinación Policial de Guaiparo, y el quinto en los calabozos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en Ciudad Bolívar.

Estas muertes, según lo indicado en el Protocolo de Minnesota, también se consideran como potencialmente ilícitas porque “la muerte sobrevino cuando la persona estaba detenida, o se encontraba bajo la custodia del Estado, sus órganos o agentes. Incluye este supuesto, por ejemplo, todas las muertes de personas detenidas en prisiones, en otros lugares de reclusión (oficiales y de otro tipo) y en otras instalaciones donde el Estado ejerce un mayor control sobre su vida”.

De mal a peor

En el municipio Caroní se contabilizaron 46 ejecuciones extrajudiciales en el último semestre del 2019 y una evaluación del último trimestre (octubre, noviembre y diciembre) de ese año indica que estuvo a la par con Sifontes entre los más violentos en casos de ejecuciones extrajudiciales. Para este periodo, les siguen Heres y El Callao.

En el mismo trimestre, Codehciu observó cómo la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) fue el órgano más involucrado en estas violaciones a derechos humanos, pero en la sumatoria de los últimos seis meses es el Cicpc el ente que encabeza la lista como el más violento dentro del estado Bolívar.

Entre tantos casos, a veces son los más jóvenes quienes protagonizan estas historias de injusticia y muerte. Jesús Hernández es uno de los reseñados por Codehciu. De 22 años, el asesinato del joven fue registrado el 27 de marzo de 2019. Vendía combustible en Santa María de Upata y, durante un presunto “operativo de seguridad”, como señalaron reportes de prensa, fue ejecutado por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Codehciu recomienda al Estado Venezolano mantener a los miembros de los cuerpos de seguridad en un proceso de formación permanente en materia de derechos humanos; además, denuncia que este, con todos sus organismos, es el responsable de las investigaciones imparciales de estos hechos.

“El Estado debe establecer políticas de seguridad ciudadana eficientes y no violatorias de los Derechos Humanos”, alerta la ONG.

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