Los economistas Tamara Herrera y Oscar Torrealba, así como la dirigente empresarial, María Uzcátegui, analizan el paquete de medidas anunciado por Maduro para atenuar las consecuencias del coronavirus en Venezuela.

@mlclisanchez

Nicolás Maduro anunció el domingo medidas económicas para contrarrestar las secuelas de la pandemia del Covid-19, entre ellas la suspensión de los pagos de alquiler de vivienda principal y locales comerciales durante seis meses; la inamovilidad laboral hasta el 31 de diciembre y el pago de nóminas a través del sistema patria por un lapso de seis meses.

Si bien el decreto no ha sido publicado, hay interrogantes con relación al pago de las nóminas que saltan a la vista ¿Cuántas empresas serán cubiertas por el subsidio? ¿Cuál será el monto subsidiado?

Por otro lado, faltan por conocer detalles acerca de temas clave como la suspensión del pago de alquileres, el acceso a créditos bancarios y a su vez la suspensión del pago de esos mismos créditos.

Pagarle a un trabajador salario mínimo sería el equivalente de condenarlo a morirse de hambre, ¿quién puede vivir con 250 mil bolívares?”. María Uzcátegui    

Los expertos en materia económica perciben que las medidas además de contradictorias son insuficientes; y los gremios empresariales aseguran que este plan acorralará aún más a la empresa privada del país.

El plan no contempla una flexibilidad o suspensión de las responsabilidades tributarias de las compañías ni la disminución del encaje legal, que es una herramienta de control monetario que controla la cantidad de dinero circulante en la economía, y es una reserva que debe hacerse en el banco, en este caso el Banco Central de Venezuela (BCV).

Un alto nivel de encaje, como lo dispone la autoridad monetaria del país, reduce la cantidad de dinero disponible para préstamos y retiro de fondos de los ciudadanos. Una disminución de encaje aumentaría la cantidad de dinero circulante y por lo tanto el flujo de caja.

A nivel mundial, los gobiernos han tomado medidas para reducir el impacto de la recesión económica causada por la pandemia, pues las medidas de prevención implican directamente menor oferta en el mercado y menor actividad comercial.

Una de las medidas implementadas por estos gobiernos es precisamente disminuir la presencia fiscal para que las empresas puedan continuar asumiendo todos los pasivos durante la contingencia, los costos fijos que posee, como los salarios a sus trabajadores.

Sin flexibilidad tributaria

Venezuela no tiene esa posibilidad, todo apunta a que el Gobierno nacional seguirá contando con los impuestos para financiar sus propias operaciones, esto incluye los anticipos de los tributos y los impuestos municipales.

“El Gobierno no tiene los fondos suficientes para mantenerse a sí mismo, por eso no renunciará al cobro del Impuesto Sobre la Renta, cuenta con eso para poder asumir sus gastos corrientes”, explicó el economista Oscar Torrealba.

   
“El sector privado queda a la buena de Dios con las medidas económicas que está implementando Maduro”, indica Torrealba | Fotos William Urdaneta

Los gobiernos del mundo están tomando medidas para reducir el impacto de la recesión económica causada por la pandemia, toda vez que la suspensión del comercio y otras actividades como las clases y la jornada laboral debido a la urgencia del distanciamiento social implica directamente menor oferta en el mercado y menor flujo financiero, y eso se traduce, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el aumento del desempleo mundial de casi 25 millones de personas.

Una decisión común adoptadas por los gobiernos es, precisamente, disminuir la presencia fiscal para que las compañías puedan continuar asumiendo todos los pasivos durante la contingencia y los costos fijos que posee, como los salarios a sus empleados.

Esto quiere decir que, una medida como esta, que descongestionaría a las empresas privadas durante la contingencia, solo puede ser implementada por un gobierno que tenga fondos de prevención y estabilización suficientes para poder mantener sus gastos corrientes durante la cuarentena, no es el caso de este país.

“Sin ventas, ¿cómo vamos a pagar el impuesto al valor agregado? ¡Estamos pagando un anticipo por algo que no estamos haciendo!”, advierte María Uzcátegui, expresidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio) y expresidenta de Fedecámaras en Trujillo.

Que las nuevas medidas económicas anunciadas por Maduro no contemplen una suspensión o flexibilización del pago de tributos como el Impuesto Sobre la Renta (ISR) o el Impuesto Sobre el Valor Agregado (IVA), “dejará al sector privado muy vulnerable a padecer el impacto de la cuarentena, lo que representa un impacto económico para Venezuela”, explicó Torrealba. Es decir, el riesgo de quiebra para algunas empresas.

Hasta ahora no hay medidas que garanticen la funcionalidad del sector productivo de un país que no tiene muchas reservas para soportar una parálisis por mucho tiempo. “Las pandemias matan, pero las recesiones también matan, también tiene efectos mortales”, concluyó Torrealba.

Menos asumir nóminas, más flujo de caja

El economista explicó el subsidio de la nómina se traduce directamente en más inflación y por lo tanto una mayor profundización de la recesión económica en el país, puesto que el Estado no tiene dinero para financiar sus propias operaciones -de ahí que no haya una flexibilidad de las responsabilidades tributarias-, ni de asumir nóminas. La política a implementar significaría asumir un costo inflacionario.

   
Herrera y Torrealba afirman que la banca pública no tiene dinero suficiente para otorgar créditos significativos para evitar una parálisis del aparato productivo nacional

“Hay que resaltar que el Estado no tiene dinero suficiente para asumir todos esos pasivos y, por lo tanto, va a recurrir a la monetización de ese déficit”. El dinero que se deposite a los trabajadores se liquidará con inflación.

Por su parte, el economista resaltó que es poco probable que el Estado asuma los salarios de los empleados del sector privado por encima del salario mínimo. “Cualquier bono que vayan a dar, no va a ser suficiente para cubrir un consumo promedio”, apuntó.

“Pagarle a un trabajador salario mínimo sería el equivalente de condenarlo a morirse de hambre, ¿quién puede vivir con 250 mil bolívares?”, agregó a esto la expresidenta de Consecomercio. “Esos trabajadores son nuestra familia, la razón por la que nuestras empresas funcionan, someterlos a eso es dejar que se mueran de hambre”, insistió la dirigente gremial.

El empleado del sector privado quedará sometido a una nómina y bonos que probablemente no serán suficientes para satisfacer sus necesidades básicas: antes de la cuarentena, 7,9% personas en el país estaban bajo inseguridad alimentaria severa, es decir, 2.3 millones de venezolanos, según el informe del Programa Mundial de Alimentos de la Organización de Naciones Unidas. Además, para enero del 2020 la cesta básica venezolana se posicionó en 24.139.128,44 millones de bolívares soberanos, es decir, al menos 317,62 dólares para ese momento. Según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros.

Medidas contradictorias

Otras de las medidas anunciadas por Maduro para enfrentar la cuarentena por el Covid-19 son la aprobación de los términos de acceso para adquirir créditos para la pequeña y mediana empresa, y a su vez, la suspensión de pagos de intereses y créditos durante un plazo de 6 meses, ambas medidas contradictorias.

“¿Puede un banco prestar y no cobrar? No. De liberar el encaje se facilitaría la circulación del dinero, pero para otorgar crédito se necesita contar con capital para prestarlo, y si no hay pago de créditos, tampoco habría capital para prestar”, explicó la economista Tamara Herrera. Es decir, las medidas pretenden que el sistema bancario otorgue créditos sin cobrarlos.

   
María Uzcátegui, expresidenta de Consecomercio, pregunta: “Sin ventas, ¿cómo vamos a pagar el impuesto al valor agregado?”

Sobre esto, el economista Oscar Torrealba manifestó que el otorgamiento de créditos no es una medida eficiente para proteger a las empresas privadas del impacto económico del Covid-19. “La pregunta es, ¿la banca pública tiene dinero suficiente para otorgar créditos significativos para que el aparato productivo nacional no se paralice?, no”. Indicó.

Torrealba además explicó que esta medida implica que, en una política conjunta entre la banca pública y el Banco Central de Venezuela (BCV), exista una monetización de ese déficit que asumirá el Gobierno y se otorguen créditos con consecuencias hiperinflacionarias para la economía venezolana.

Por su parte, Herrera enfatizó que las medidas anunciadas hasta ahora no consideran al sector económico como un circuito. “solo quedaron en prometer apoyo a la población entregando bonos y asumiendo nóminas, el resto del circuito económico no tiene la compensación completa”. Es decir, las medidas solo se enfocaron en el alivio como complemento para los ingresos de los trabajadores informales, sin aliviar la carga del sector privado.

Sobre esto, Torrealba insiste en que dividir el sector privado en familias y empresarios es absurdo debido al aumento del sector informal en el que muchas familias dependen de un emprendimiento. “Tener políticas que protejan los gastos familiares, pero vulneren al sector privado deja consecuencias graves por que, en muchas familias, la fuente de ingresos principal es precisamente la empresarialidad privada”.

El paro forzoso laboral debido a la cuarentena por la pandemia del Covid-19 en Venezuela redujo la esperanza de vida de las empresas, “y no se sabe qué pueda pasar, es imprevisible. Las empresas no tienen músculo financiero para enfrentar la situación por lo tanto el impacto económico es una amenaza importante a tomar en consideración”, resaltó Torrealba.

En este sentido, el economista asegura que en este momento es imprescindible contar con un flujo de caja -libre flujo de ingresos y egresos- para poder reponer inventario al ritmo de la inflación. “El sector privado queda a la buena de Dios con las medidas económicas que está implementando Maduro”, concluyó.

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