Las ayudas sociales no universales como el “carnet de la patria” tienen visos discriminatorios, advierte Rafael Uzcátegui, coordinador de Provea, a quien le preocupa posibles limitaciones al acceso a los alimentos.

@g8che

Italia, Alemania, Francia y Estados Unidos son algunos de los países que han aplicado medidas económicas de protección para sus ciudadanos en medio de la cuarentena por el Covid-19, la cual ha generado la paralización productiva y comercial en el mundo, ya sea con el aplazamiento de cargas fiscales para compañías amenazadas, por suspensión del pago de hipotecas o por la activación de planes de estímulo fiscal.

Henkel García, economista y director de Econométrica, indicó que esta situación empeora el estado económico tanto de las personas como empresas que ven paralizadas sus labores, sobre todo en Venezuela al no tener ahorros importantes por la crisis económica que afecta el país mucho antes de la pandemia.

García manifestó que esto podría incrementar los despidos forzosos al no mantenerse una producción significativa que permita cubrir con todos los gastos de una empresa u organización. Incluso la Organización Internacional del Trabajo (OIT) calculó un aproximado de 25 millones de despidos a nivel mundial por la pandemia.

Como posible respuesta, el presidente Nicolás Maduro anunció la entrega de un bono especial por una cuarentena que contrarrestar la propagación de la nueva cepa del coronavirus que, hasta ahora, ha contagiado a 42 personas en el país, según el reporte estatal.

   
Coordinador general de Provea ve entrega de ayuda económica por medio de carnet de la patria como medida de control por parte del Estado

Sin embargo, estas cifras generan dudas en la ciudadanía puesto que el Estado no actualiza la información epidemiológica desde hace más de 4 años.

Por su parte 100 organizaciones de derechos humanos solicitaron al gobierno medidas para garantizar el acceso a servicios básicos y que se pongan en práctica medidas que beneficien a todos los sectores de la población.

A este respecto, Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea, manifestó que el carnet de la patria en su uso y aplicación ha tenido medidas discriminatorias desde su creación.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura para mediados de 2019 calculaba que 6.8 millones de personas pasaban hambre en el país. “El acceso a los alimentos se puede convertir en tan grave o preocupante como la pandemia en sí misma”, indicó.

Por eso, aunque ve oportuno la toma de medidas en ese sentido, lamentaría que se tome tan solo usando un mecanismo que no es universal como el carnet de la patria. “Aquí se estaría violando el principio de no discriminación”.

Para Uzcátegui, esta decisión solo genera mayor dependencia y no ataca la raíz del problema: “si eso se hace de esa manera lo que vamos a ver es que el gobierno va fortalecer sus mecanismos de control en medio de esta situación de grave salud pública”.

Además, indicó que esto puede agravar mucho más el contexto actual del país, lo que podría aumentar la probabilidad de contagio. “Vamos a tener un sector de la población que va estar en peores condiciones para que su sistema inmunológico resista a la propagación del virus”, dijo.

El coordinador de Provea ve con preocupación el panorama de no prestarse la ayuda económica a todos los ciudadanos. Considera que en una situación de desespero en que las personas salgan a manifestarse exigiendo beneficios pueden sufrir graves violaciones de derechos humanos al enfrentarse a fuerzas de seguridad que no están adecuadas para control de orden público en este contexto.

Cuidado con la hiperinflación…

Por otra parte, el economista Oscar Torrealba afirma que el Estado no cuenta con los fondos necesarios para tomar las medidas correctas: “Si ellos van a realizar una transferencia vía carnet de la patria será mediante emisión de dinero y por lo tanto será una medida inflacionaria”.

Para el economista la forma de mejorar la situación es realizando arreglos fiscales para las empresas y liberar la política de encaje para que la banca ajuste su nivel de crédito.

No obstante esto no será una realidad: “precisamente porque no tienen dinero es poco probable que hagan ese tipo de ajustes, porque lo necesitan”, añadió.

Además sugiere que lo mejor sería pedir financiamiento al Banco Mundial, pero el gobierno no tiene cómo maniobrar en consecuencia de las políticas implementadas.

Maduro solicitó al Fondo Monetario Internacional un préstamo de 5 mil millones de dólares para afrontar la pandemia pero la organización desestimó su pedido pocas horas después ya que se duda sobe su papel de mandatario de Venezuela.

Aunado al bono anunciado por Maduro, la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, señaló que en un día se han distribuido dos millones de cajas de alimentos a través del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP) para garantizar estos productos durante la cuarentena.

“En el marco del peor bloqueo criminal que sufre nuestro pueblo, Venezuela está abastecida frente a esta pandemia. Esta es una crisis que abarca a todos los pueblos del mundo, sin excepción”, ha recalcado Rodríguez.

Todo apunta a que las medidas tomadas por el régimen de Maduro son implementadas para fines políticos y de control social, y ante la negativa de los países vecinos en coordinar acciones que frenen el coronavirus, podría desencadenarse una catástrofe sanitaria en el país que el sistema de salud no está preparado para enfrentar.

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