La misión internacional independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas investigó 223 casos sobre ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzosas, represiones y detenciones por motivos políticos en Venezuela.

443 páginas, 223 casos investigados, 48 de ellos exhaustivos, 274 entrevistas a víctimas y análisis de otros 2.891 casos soportan el primer informe de la  misión internacional independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas, publicado este miércoles, el cual recopila evidencias de violaciones graves de derechos humanos, incluyendo crímenes de lesa humanidad, perpetrados por el gobierno, agentes estatales y grupos parapoliciales.

   

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El documento señala explícitamente al presidente Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello y los ministros del Interior y de Defensa, entre otros 45 funcionarios, de tener pleno conocimiento de los crímenes, al ser quienes dieron las órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos.

“La misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales -incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura- constituyen crímenes de lesa humanidad. Lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno”, dijo Marta Valiñas, presidenta de la misión designada en diciembre de 2019, junto a Francisco Cox Vial (Chile) y Paul Seils (Irlanda) por el Consejo de Derechos Humanos.

Además, sus estimaciones más conservadoras sugieren que Venezuela tiene una de las tasas más altas de América Latina sobre asesinatos cometidos por agentes del Estado.

La misión investigó 16 casos de operaciones policiales, militares o conjuntas que dieron lugar a 53 ejecuciones extrajudiciales, así como 2.552 incidentes adicionales en los que se produjeron 5.094 muertes por las fuerzas de seguridad, aunque no todos fueron necesariamente arbitrarios, aclara.

Importancia

Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, destacó que a diferencia de otros informes de Naciones Unidas, donde se señalan las violaciones de derechos humanos y los patrones que conforman esas violaciones, este da un paso más y señala quiénes son los responsables, y adicionalmente califica esas violaciones.

La misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos”. Marta Valiñas      

“Primera vez que un órgano internacional de Naciones Unidas señala que son crímenes de lesa humanidad (los cometidos en Venezuela). Es un informe mucho más duro respecto a la situación venezolana, porque ya califica como crímenes de lesa humanidad lo que ocurre en Venezuela. También señala a Nicolás Maduro y Diosdado Cabello como los involucrados en la comisión de estos crímenes. Además destaca que no solo se indican que se cometen crímenes de desapariciones forzadas, torturas a disidentes políticos o personas que protestan, sino que amplía el marco de violaciones de derechos humanos a  ciudadanos común”, acotó.

La investigación demuestra que las violaciones de DD HH no solo se vinculan a la oposición política, sino que incluye al ciudadano común como un elemento de control social. “Es trascendente en la medida de que se trata de una estructura del Estado, no solo para controlar a la oposición, sino a la sociedad con la violencia”, sostiene Daniels.

Otro de los puntos destacados del informe es que, en sus recomendaciones, insta a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional a tener en cuenta “la necesidad de que se haga justicia oportunamente a las víctimas de los crímenes investigados por la misión y a los que están bajo su consideración”.

“Se hace la fórmula diplomática de hacer una investigación, pero trasciende que la corte debe conocer estos casos y esperamos sea el empujón definitivo para que la Fiscalía salde su deuda con Venezuela, y el examen preliminar avance y se presente un caso latinoamericano, que sería el primero, ante la Corte Penal Internacional”, destacó Daniels.

Por la comunidad internacional

El coordinador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Rafael Uzcátegui, considera que esta es una oportunidad estelar que puede servir para la actuación de la comunidad internacional en la búsqueda de detener estos crímenes. “Ya no hay excusa para decir que no se cuenta con información confiable y viable sobre lo que ha ocurrido en Venezuela en materia de derechos humanos. Todo esto da cuenta de una realidad grave que necesita de la actuación de la comunidad internacional para intentar detener esta situación”.

    Primera vez que un órgano internacional de Naciones Unidas señala que son crímenes de lesa humanidad (los cometidos en Venezuela). Es un informe mucho más duro respecto a la situación venezolana”. Alí Daniels

Para el defensor, el informe de la misión reivindica el papel y la pertinencia de los organismos internacionales de protección de derechos humanos sobre Venezuela. “Dado que no tenemos posibilidad de que el sistema de justicia interno, no hay voluntad política del gobierno para mejorar las condiciones de derechos humanos, han tenido que ser estos organismos internacionales de protección los que comienzan a trabajar sobre nuestro país”.

Uzcátegui subrayó que es cierto que el ritmo de las organizaciones internacionales no tiene “la velocidad que el drama venezolano amerita, pero cuando comienzan a activarse, durante los diferentes procesos y fases, genera procesos tan contundentes como estos”.

Los crímenes

De los casos investigados por ejecuciones extrajudiciales, la misión precisó que el Cicpc y las FAES fueron responsables del 59% de todas las muertes perpetradas por fuerzas de seguridad del Estado, en el período analizado. Funcionarios de la Policía Nacional y las FAES reconocieron ante la misión que era una “práctica común encubrir los asesinatos plantando armas para simular enfrentamientos”. Fuentes internas también les confirmaron que los superiores podían dar a los oficiales “luz verde para matar”.

La gran mayoría de las muertes ilegales cometidas por las fuerzas de seguridad no han dado lugar a enjuiciamientos y en ningún momento se ha llevado ante la justicia a los funcionarios con responsabilidad de mando.

Ya no hay excusa para decir que no se cuenta con información confiable y viable sobre lo que ha ocurrido en Venezuela en materia de derechos humanos”. Rafael Uzcátegui      

Sobre las detenciones y torturas por motivos políticos, el informe reseña las aprehensiones en algunos casos equivalían a desapariciones forzadas de corta duración e incluían torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluidos actos de violencia sexual. Un exdirector del Sebin dijo a la misión que la institución tenía un “comportamiento cultural” de tortura.

La misión incluye los casos de 36 asesinados en protestas, incluido Augusto Puga, un estudiante de la Universidad de Oriente en Ciudad Bolívar, asesinado por funcionarios de la Policía estadal de un disparo en la cabeza el 24 de mayo de 2017.

Aunque las violaciones de DD HH al sur de Bolívar, en especial las relacionadas con el Arco Minero del Orinoco, forman parte del interés de la misión de Naciones Unidas, explicó que si bien “en la zona se han infiltrado el crimen organizado y los grupos armados ilegales, que se dedican a la minería ilegal y a diversas actividades delictivas conexas, incluido el tráfico de contrabando (...) La misión no pudo investigarlas debido a limitaciones de tiempo y recursos”.

Reconoce la presencia de grupos guerrilleros colombianos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (ELP) y exmiembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en territorio de los estados Bolívar y Amazonas.

“Existen numerosas denuncias de violaciones de los derechos humanos por parte de estos grupos, en coordinación con las fuerzas de seguridad del Estado venezolano y los sindicatos del crimen organizado. La misión no ha podido examinar esta cuestión en profundidad y recomienda una mayor investigación sobre este tema complejo e importante”, reiteró. 

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