Después de entregarle la directiva de Acción Democrática a Bernabé Gutiérrez, en menos de 24 horas, el TSJ dictó una nueva sentencia en la que deja al partido Primero Justicia en manos de José Brito, diputado acusado de vínculos con presuntos hechos de corrupción.

En menos de 24 horas, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió dos sentencias en la que consuma el golpe que venía gestionando contra los partidos opositores. El lunes 15 de junio correspondió a Acción Democrática con la sentencia 0071; mientras que la tarde de este martes fue el turno de Primero Justicia, con la sentencia 0072.

Las sentencias se basan en acciones de amparo constitucional, con la que la Sala Constitucional suspende la dirección nacional de organización de ambos partidos, y nombra a una directiva ad hoc para un proceso de reestructuración.

En el caso de Acción Democrática, la junta ad hoc la preside Bernabé Gutiérrez, cuyo hermano es uno de los nuevos rectores designados por el TSJ, José Luis Gutiérrez Parra, quien negó que haya habido fraude en los últimos procesos electorales.

“En una nueva maniobra del régimen, en un nuevo asalto, para tratar de darle algún vicio de credibilidad a la farsa electoral que tiene planteado efectuar este año para supuestamente elegir una nueva Asamblea Nacional, desprovisto de partidos políticos democráticos que puedan competir en esas elecciones, ha decidido secuestrar las tarjetas de los partidos políticos, valiéndose de sus bufetes, mal denominado tribunales de justicia. El atraco ha comenzado por tratar de robarse Acción Democrática”, denunció el secretario nacional de AD, Henry Ramos Allup.

Agregó: “Esa supuesta decisión de la Sala Electoral ha ordenado robarse los símbolos de AD y entregarlo en manos de un corrupto que se ha prestado para ese sainete, traicionando la historia del partido y la militancia que tuvo durante muchos años en nuestra organización. No vamos a acatar ese tipo de decisiones írritas, tratando de robarse las siglas, las sedes y la historia de los partidos. ¿Qué hemos decidido? No participar en el fraude electoral que tiene orquestado el régimen de Nicolás Maduro, para tratar de simular ante la opinión internacional de que aquí hay democracia y que aquí hay procesos electorales”.

Tras la sentencia del TSJ, el partido publicó en Twitter la decisión, por unanimidad, de expulsar a Bernabé Gutiérrez de la militancia adeca y el cese de sus facultades partidistas. En consecuencia, nombró a Carlos Prosperi como el nuevo secretario nacional de organización de AD. Sin embargo, aunque el partido rechaza este ataque, la organización política está ahora a manos del TSJ.

El turno de PJ

Luego de la sentencia del TSJ contra Acción Democrática, se esperaba que precisamente ocurriera lo mismo con los partidos Voluntad Popular y Primero Justicia por solicitudes que hicieron diputados de la denominada “fracción CLAP”.

El segundo es ser suspendido fue Primero Justicia con la sentencia 0072, cuya directiva ad hoc queda en manos de José Dionisio Brito, acusado de vínculos en hechos de corrupción, por lo que fue expulsado del partido. Su recurso ante el TSJ fue su reinclusión y elecciones internas.

Ambas sentencias otorgan facultad a estas juntas ad hoc de utilizar la tarjeta electoral, logo, símbolos, emblemas, colores y cualquier otro concepto propio de la organización con fine políticos, y suspende provisionalmente los actos de expulsión y suspensión.

Para la ONG Acceso a la Justicia, estas decisiones de la Sala Constitucional del TSJ “muestra claramente el patrón del régimen político venezolano de no solo tener una oposición a la medida como en las presidenciales de 2018, sino además con los partidos tradicionales usurpando a sus reales miembros”.

“El camino escogido por el régimen de Maduro, de usurpar los partidos políticos de oposición, que además ilegalizó desde 2018, y hacer que participen como sea en las próximas elecciones parlamentarias es un preludio que anuncia que no serán democráticas ni libres”, agrega la ONG.

Recientemente, en entrevista para Correo del Caroní, el director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello, Benigno Alarcón, se refirió a las consecuencias de la designación de los rectores exprés del Consejo Nacional Electoral.

“Significa que el gobierno sigue adelante con su plan de tener unas elecciones parlamentarias a finales de este año, para tratar de sacar de la Asamblea Nacional a la oposición. Ahí es básicamente donde se centra el interés del gobierno, acabar con la historia de la Asamblea Nacional en manos de la oposición y tratar de ponerla en sus propias manos otra vez”, señaló.

Afirmó que se reafirmará la tendencia abstencionista por parte de la oposición, pero aunque el régimen pretenda disfrazar de legitimidad unas futuras elecciones, no gozará del reconocimiento de la comunidad internacional democrática, por la inconstitucionalidad en el nombramiento de los nuevos rectores del CNE.

 

 
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