El parlamentario Américo De Grazia describe las tensas relaciones entre grupos armados que dominan las zonas mineras como una manera de comprender el asesinato del comandante del Fuerte Tarabay en Sifontes.
   

Penalizaciones con oro a indígenas

Este miércoles, el diputado Américo De Grazia denunció también una protesta de indígenas de la etnia pemón en el Parque Nacional Canaima, en las que se unieron las comunidades Urimán (sector III), San Miguel, Arapachi, Kapire, Awrauka y La Escalera.

“Esta situación comienza desde el fin de semana pasado cuando a los indígenas del sector III de Urimán, ubicado dentro del marco del Parque Nacional Canaima, se les comienza a penalizar el uso del transporte aéreo con básicamente cuatro medidas: por cada 100 kilogramo de oro tienen que dar un gramo de oro en carga, es decir, si el avión lleva 2 mil kilos de oro, deben dar 20 gramos de oro para la Corporación Venezolana de Minería, la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas; y a la Oficina Nacional de Fiscalización e Inspección Minera”, explicó.

La segunda medida es dar un gramo de oro por pasajero; deben dar un gramo de oro el avión que despega de Urimán, y también un gramo de oro por el avión que aterriza en Urimán.

Una fuente en Canaima aseguró que están en completa cuarentena, pero confirmó que deben pagar esas cuotas de oro a las que hace mención el diputado en el exilio. Por otra parte, mencionó que hay quejas de comunidades indígenas por estos mismos cobros desde La Paragua.

El pueblo de Tumeremo se tiñó de sangre nuevamente la noche del lunes, pero esta vez las víctimas no fueron mineros, sino dos miembros del Ejército: el teniente coronel León Ernesto Solís Mares, comandante del Fuerte Tarabay, y el sargento mayor de segunda Gustavo Flores.

En medio de la cuarentena nacional, los habitantes de la capital del municipio Sifontes cumplen con las medidas de prevención, pero ahora su preocupación está en el devenir del atentado contra el oficial Solís Mares y su asistente.

“El arco minero de la muerte, como le hemos llamado, es un coctel de violencia donde se conjugan las FARC, el ELN, el Hezbolá, los grupos colectivos y los que se autocalifican de sindicatos. En el caso concreto del comandante del Batallón 512 del Fuerte Tarabay, Ernesto Solís, guarda relación con un enfrentamiento que viene de 2019, entre el grupo Las 3R, que es un colectivo armado en Tumeremo, y el grupo guerrillero apoyado por las Fuerzas Armadas, y en este caso por el teniente que fue desafortunadamente asesinado el pasado 6 de abril en Tumeremo”, manifestó el diputado de la Asamblea Nacional, Américo De Grazia, hoy en el exilio.

El parlamentario recordó que no es el primer enfrentamiento entre el grupo 3R y supuestos guerrilleros del ELN, pero hasta ahora no se ha confirmado un enfrentamiento entre el Ejército de Liberación Nacional y el Ejército venezolano.

“Es sabido que el ELN opera en la zona de Bochinche, que tiene el control de las minas de Tumeremo que antes las dirigía el Topo. En febrero de 2019, el usurpador de la Gobernación, Justo Noguera, juramentó como colectivo en la plaza Bolívar de Tumeremo al grupo 3R y los llamó la vanguardia de frontera, les entregó como misión frenar la ayuda humanitaria que iba a entrar por Brasil hacia Santa Elena de Uairén”, recordó.

De esa operación, continúa De Grazia, se dio la masacre de Kumarakapay, los asesinatos en Santa Elena de Uairén, el desalojo al alcalde Emilio González, el desplazamiento de los indígenas pemón. “Pero aunque para el grupo irregular había sido exitoso que no ingresara la ayuda humanitaria al país, Justo Noguera y el régimen no cumplió al 3R”, revela el parlamentario desde Europa.

“No les devuelve las minas, no los ponen a trabajar ninguna mina, sino que los margina, los invisibiliza y los siguen masacrando. Esto trajo como consecuencia el efecto de la venganza producida el 6 de abril cuando fue asesinado el comandante Ernesto Solís y el sargento de segunda Gustavo Flores. Esta espiral de violencia, así como los indígenas son auspiciados a producir oro, estos son auspiciados a generar violencia para seguir produciendo y sacando el oro que requiere el régimen para su sobrevivencia personal y del propio régimen”, sostiene el diputado.

La relación de las FAN y el ELN

“Desafortunadamente, la guerra en el Arco Minero, que ya ocupa a todo el estado Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro, es un territorio ocupado por la violencia. La guerra se ha dado y el régimen intenta invisibilizarla con el discurso de acusar de enfrentamientos entre bandas. Estoy convencido, y es lo que hemos venido denunciando desde septiembre de 2006, que la banda criminal más importante es la del régimen de Nicolás Maduro. El colectivo 3R no solo fue juramentado como colectivo, sino que el régimen los incluyó en el partido de Lina Ron, UPV”, recordó.

“La información nuestra es que el 3R fue el que ejecutó a Solís y no el ELN, puesto que es socio de las Fuerzas Armadas y se demuestra desde el 1 de marzo del año pasado cuando denunciábamos el asesinato de un joven proveniente de Apure, que fue reclutado por las FAN en Fuerte Tiuna, fue enviado a Tumeremo, al Fuerte Tarabay, y terminó Solís entregándolo como efectivo del ELN a este grupo”, agregó.

Se refirió al caso de Francisco Javier Solórzano Colmenares, proveniente de la población de Elorza. “Hay testimonios y pruebas de la alianza entre las FAN y el ELN, que además opera la explotación de madera en la sierra forestal de Imataca, ocupando el campamento forestal que pertenecía a la empresa Aserraderos Hermanos Hernández. Esto nos hace concluir que el asesinato lo produce quienes han sido sacados, marginados del negocio del oro, que en este caso son las 3R”, reiteró.

Denuncias sin investigar

La Fiscalía nacional investigaba a Solís desde diciembre cuando acudió una comisión hasta Tumeremo. El comandante del Fuerte Tarabay fue denunciado por desapariciones forzosas, ejecuciones extrajudiciales e incluso de abusos sexuales en contra de las mujeres del pueblo.

   
De Grazia cuestiona el silencio que mantuvo el Ministerio Público con respecto a las denuncias contra el hoy asesinado oficial Solís | Foto Jhoalys Siverio

Exigían su salida del Fuerte Tarabay, pero hasta entonces Solís siguió comandando el Batallón 512, y tampoco hubo una acción concreta del Ministerio Público que asomara la responsabilidad del oficial del Ejército en dichas denuncias de violaciones de derechos humanos.

“El hecho de que vecinos, ciudadanos, las víctimas, sus familiares hayan denunciado por tortura, desaparición y muertes a Solís en el Ministerio Público, no significa que el MP haya adelantado investigación al respecto, todos sabemos cuál ha sido la tarea de ese Ministerio Público y sabemos cuáles serían las respuestas. Estas acciones tienen casi o más de un año introducidas en el MP y no hemos visto resultado al respecto”, cuestionó De Grazia.

Afirmó que la relación con la guerrilla responde a una política del Estado venezolano, calificado por Departamento de Justicia norteamericano de terrorismo y narcotráfico.

Violencia minera en un gobierno de transición

¿Qué hará falta para revertir la violencia minera en el sur de Bolívar en un eventual gobierno de transición en Venezuela? La respuesta no es sencilla, admite el parlamentario.

“Estamos hablando de un tema transversal, hablamos de una cultura extractivita rentista petrolera y ahora minera que, si no tomas las medidas culturales desde la cúpula del Estado venezolano y no se haga de manera sensata, prudente, no podremos salir con paños de agua caliente. Se necesita de una operación quirúrgica que abarca muchísimos expertos, un cambio global y total de la cultura del Estado venezolano, que tiene que ver con la cultura del rentismo petro-minero, la productividad y la diversidad productiva”.

A juicio del legislador en situación de exilio, deben dar transformaciones que revierta el centralismo por la descentralización; la impunidad por un sistema de justicia confiable; la contaminación por un nuevo modelo ecológico.

“Debemos erradicar el populismo y cambiarlo por trabajo decente, la corrupción sustituida por la transparencia, el militarismo por el civilismo, el caudillismo por la institucionalidad, la tiranía por un modelo eficientemente democrático y el caos por una democracia inteligente que dé respuestas oportunas, eficientes y en tiempo real”.

Destacó que esto lleva a un plan nacional de país que no debe involucrar solo al estado Bolívar, sino a toda Venezuela.

De allí recordó que “no se puede pensar en ningún momento que con el cambio de presidente, las cosas podrán cambiar al sur del Orinoco, sino que hay que cambiar también el modelo de país que lastimosamente tenemos”.

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