Desde las comunidades, pueblos caseríos y municipios de Venezuela debe impulsarse un movimiento de formación ciudadana que construya nuevas bases del ejercicio político para la democracia de deberes y derechos.

@ottojansen

 La ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva, adoptará medidas positivas a favor de personas o grupos que puedan ser discriminados, marginados o vulnerables, protegerá especialmente a aquellas personas que por alguna de las condiciones antes especificadas se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”.

Este extracto es el Título III, “De los derechos humanos y garantías”, del artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En días pasados los guayaneses quedaron pasmados con un video del general Justo Noguera, gobernador del estado Bolívar, quien en el tono más pretendidamente autoritario anunciaba castigos contra quienes incumplieran las normas de la cuarentena que tenemos por la COVID­-19. La actitud prepotente (sin obviar la inconciencia de muchos sobre la protección de salud individual y colectiva) centra su instrucción en el don de mando de estilo cuartelario que no convence ni persuade y que, por el contrario, y por el talante de imposición, genera más rechazo e incomprensión en la sociedad civil. Pero es el estilo en tiempos de “unión cívico-militar”: una política del PSUV que, como dicen algunos curtidos especialistas, “sabrán ellos qué hacer con semejante figura”.

Las arbitrariedades, sin embargo, se reproducen a todo nivel cayendo en saco roto pero sobre todo decapitando la cultura del respeto por el otro, que a fin de cuentas es el cumplimiento mínimo de formas cívicas en los conflictos (por lo general con fundamento) que involucra, en estos últimos años a toda la sociedad venezolana.

Hemos visto cómo efectivos de seguridad y miembros de los denominados colectivos golpean como castigo a transeúntes en calles del país. Vemos cómo funcionarios de las fuerzas armadas humillan a ciudadanos en trabajos forzosos o con exigencias físicas desproporcionadas. Casi no produce asombro que personeros encargados de la distribución de las bolsas de comidas, por la autoridad que le confiere el poder popular revolucionario, desaten su furia y agresión contra aquellos que en sus comunidades no se someten a su mando. Los ataques contra los trabajadores de la prensa suman cualquier cantidad de casos; nada más la semana pasada, una periodista de Ciudad Guayana fue amenazada por indagar en lo que ocurría en una sede consular y el fotorreportero de Correo del Caroní, William Urdaneta, fue detenido por varias horas solo por cumplir con su faena diaria.

Movimientos locales por el imperio de la ley

La sociedad venezolana viene observando el espectáculo que organiza la usurpación en plena emergencia sanitaria, con medidas pendientes para abordar el combate por la salud y evitar mortandad de la pandemia global, demostrada con creces y dolor en otras naciones. En circunstancias de hundimiento nacional, caos económico, social y precarización general de servicios públicos que nos retroceden a la era medieval, la respuesta es organizar un tipo de elecciones parlamentarias como recurso de emboscada para el control absoluto y la perpetuación de un sistema opuesto a lo que es mandato de la carta magna.

La modalidad inventada establece condiciones que permiten burlar el compendio de expresar disposiciones establecidas, usando para ello los poderes públicos controlados. A todo esto, el ingrediente fundamental del show reside en los aliados, personajes y truhanes que compran y contratan. El periodista Alonso Moleiro describe el escenario y sus personajes con líneas duras y rotundas: “El colaboracionismo es un espacio corrompido, camino a fusionarse con los alacranes. Han renunciado a cambiar este país. Han decidido salvarse, no correr más riesgos. Han abandonado la causa por la democracia. Han decidido cohabitar con esta porquería”. De allí que las preguntas venezolanas sean hartas lógicas: ¿Quién habló de Republica? ¿Quién dijo democracia?

Pero al hoy agreste camino de rescate constitucional y de complejidades en la conquista de la sociedad signada por el Estado de derecho se abren miles de posibilidades, paradójicamente para sembrar en la conciencia colectiva el propósito que el país alcance esa jerarquía. Desde las comunidades, pueblos caseríos, municipios metropolitanos y de la periferia de Venezuela puede y debe impulsarse un movimiento sostenido, integral en disciplinas del conocimiento hacia la formación ciudadana que construya nuevas bases del ejercicio político para la democracia que funcione sobre preceptos de deberes y derechos.

Esos caciques, esos bufones que se revuelcan en porquerías, que ahora se expresan por todas partes, son el mejor portaviones en la mirada del ciudadano honrado sobre la obligación de construir y cuidar instituciones fuertes con la cultura del entendimiento. La comprensión de esa carta magna que vela por los deberes y derechos, el progreso y garantías para la sociedad. En Guayana debemos darle cause a ese proceso, porque a decir verdad el sentimiento de transformación hace rato ha echado a andar.

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