Han pasado más de 500 días desde su detención, ocurrida el 23 de marzo de 2019; y más de 330 desde el 12 de septiembre del mismo año, cuando se le diagnosticó un tumor blando de 6 centímetros en la cara lateral del cuello.

15 minutos

A pesar de una indicación médica de septiembre de 2019 que recomendaba con urgencia operar un tumor en su cuello, de al menos 5 órdenes de traslado a un centro médico por parte de un tribunal y de medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el abogado venezolano, Juan Antonio Planchart, sigue preso, por lo que su familia asegura que su salud continúa deteriorándose y afirma que su vida está en riesgo.

En comunicación exclusiva con 15minutos, su hermana, Beatriz Planchart Márquez, hizo un llamado para que las autoridades competentes ejecuten la medida humanitaria para permitir la cirugía. “Él tiene una condición de salud crítica. Tenemos muchísimo miedo por su vida. Su vida está en riesgo y rogamos por favor acaten la orden que ya fue dada”.

Corren los días

Han pasado más de 500 días desde su detención, ocurrida el 23 de marzo de 2019; y más de 330 desde el 12 de septiembre del mismo año, cuando se le diagnosticó un tumor blando de 6 centímetros en la cara lateral del cuello.

Un mes después, el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control con Competencia en Delitos Conexos al Terrorismo ordenó su traslado a fin de que Planchart fuera sometido a la cirugía indicada. Sin embargo, el pedido de la justicia ha sido ignorado.

Daniela Pompei de Planchart reiteró el llamado para que se permita la atención médica de su esposo. En declaraciones al medio local Efecto Cocuyo, dijo que se encuentra muy preocupada debido a los rumores de casos de “gripe” en el centro de detención.

Según el medio, Pompei ha podido hablar por teléfono con él y refirió que, debido al aislamiento, su estado de ánimo no es el mejor.

En este mismo sentido, su hermana, Beatriz Planchart, comentó a 15minutos que “se encuentra física y anímicamente muy decaído”.

“Recordemos que él está aislado desde hace mucho tiempo, las visitas están suspendidas y realmente es a través de algunas llamadas y cartas que podemos saber sobre su condición”, afirmó.

Sin respuesta

A pesar de los distintos esfuerzos realizados por familiares, abogados y organismos de derechos humanos, Beatriz Planchart asegura que sus pedidos no han sido atendidos.

“Hemos hecho miles de esfuerzos en contactar a las autoridades, que entiendan nuestro llamado de urgencia, pero no hemos recibido respuesta alguna”, explicó.

Además, agregó que el caso se encuentra actualmente en un limbo. “Una de las cosas que también está pasando es que la juez que dictó esta orden de traslado para mi hermano fue removida en diciembre, y a la fecha, todavía no tienen asignado un nuevo juez y entonces el caso se encuentra en el limbo”.

Juan Antonio Planchart Márquez tiene doble nacionalidad: además de ser venezolano, es ciudadano italiano. En consecuencia, incluso se ha apelado a las autoridades de Italia para que intercedan por él. “Ellos están en conocimiento de su caso desde el inicio y han brindado asistencia. Lamentablemente, a pesar de esto, de toda su gestión, no hemos logrado ningún resultado”, puntualizó la hermana del abogado.

La causa contra Planchart

El régimen venezolano ordenó la detención de Juan Antonio Planchart, de 45 años, al señalarlo de delitos de conspiración, legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y asociación para delinquir.

Desde entonces, el abogado se encuentra preso en El Helicoide, centro de reclusión del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Organismos defensores de los derechos humanos como Foro Penal, y su propia familia, aseguran que la acción en su contra está relacionada con el hecho de que Planchart es primo del líder político, Juan Guaidó.

Planchart en riesgo

Los primeros días de agosto, ante la falta de respuesta de las autoridades, familiares y defensores de los derechos humanos reforzaron la campaña por la ejecución de una medida humanitaria para Juan Planchart.

“Urgimos atender la medida humanitaria solicitada, la vida de mi esposo está en peligro”, afirma su esposa, Daniela Pompei de Planchart, en un video que circula en redes sociales, como parte de una campaña en la que se exige el cumplimiento de la medida.

También, el representante diplomático de Guaidó en Marruecos y presidente de la Asociación Causa Democrática Iberoamericana (Academia), José Ignacio Guédez, abogó por su liberación a través de la red social Twitter.

Medidas cautelares

El pasado 3 de mayo de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una resolución que otorga medidas cautelares a favor de Juan Antonio Planchart ante el riesgo en el que se encuentra.

Esta fue solicitada el 15 de abril de 2020 por el abogado penalista, José Domingo Campos Huerta. En el escrito, se indica que el 21 de abril se requirió información y que al 3 de mayo no se había recibido respuesta por parte del Estado.

El texto introductorio establece que “el señor Juan Antonio Planchart Márquez se encuentra en una situación de gravedad y urgencia” y se señala que “sus derechos a la vida, integridad personal y salud enfrentan un riesgo de daño irreparable”.

En consecuencia, la CIDH pide a las autoridades venezolanas adoptar “las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud del señor Juan Antonio Planchart Márquez. En particular, asegurando que tenga acceso al tratamiento médico prescrito por las autoridades competentes”.

Ya en diciembre de 2019, este organismo se hizo eco de la solicitud de cumplimiento de la decisión judicial que ordenaba su traslado.

Situación de los presos políticos

El pasado 10 de agosto, el Comisionado Presidencial de Guaidó para los Derechos Humanos, Humberto Prado, solicitó la liberación de todos los presos políticos del régimen de Maduro, por el “alto riesgo de contagio por COVID-19 en los centros penitenciarios de Venezuela”. Actualmente, según el más reciente balance de Foro Penal, en Venezuela hay 382 personas presas en esta situación.

Frente a esto, el pasado sábado un grupo de defensores de los derechos humanos, así como allegados de varios detenidos, acudieron a la sede de El Helicoide a fin de obtener información.

Prado expresó que “es notorio, público y comunicacional que en la mayoría de los calabozos policiales los presos tienen COVID-19. Existen 49 casos de coronavirus en las mazmorras del país, lo que pone en alto riesgo de muerte a quienes están encerrados en las cárceles en condiciones muy cuestionables, algunos de ellos con deficiencias de salud”.

De allí la preocupación manifestada por Beatriz Planchart, quien recalcó que la condición de su hermano lo hace especialmente vulnerable ante el coronavirus.

“Ese tumor sigue creciendo y adicionalmente nos preocupa muchísimo que con esta situación que está enfrentando Venezuela, igual que el resto de los países del mundo, la COVID-19 pueda llegarle. Él, con esta condición, se coloca en el grupo de pacientes de altísimo riesgo, afirmó Planchart. “Lamentablemente, ya tenemos confirmación de un señor que estaba recluido en el Sebin que murió”, sostuvo.

“Por eso es el llamado, instamos a las autoridades para que por favor permitan resolver su situación de salud”, concluyó.

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