El encuentro digital “Propuestas para la Justicia en Venezuela” sirvió para formular propuestas de cara a una transición hacia la democracia, entre ellas la justicia transicional, rescate de la carrera judicial e innovación tecnológica.

El Poder Judicial venezolano se ha constituido como uno de los principales soportes del gobierno de facto de Nicolás Maduro con un viciado Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) cuyos fallos arbitrarios descomponen el estado de derecho, profundizando la crisis política venezolana.

En el año 2019, el TSJ fue el verdugo de la Asamblea Nacional, dictando sentencias en contra de los diputados que tuvieron como consecuencia el exilio y encarcelamiento, violando la inmunidad parlamentaria de los legisladores, para así afectar el quórum de las sesiones del Poder Legislativo liderado por la oposición. Todo esto como una fórmula para instaurar el Estado de facto en el país.

En la videoconferencia Propuestas para la Justicia en Venezuela, organizada por la organización Acceso a la Justicia y la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), los ponentes realizaron un diagnóstico del contexto del sistema judicial y plantearon una serie de propuestas que podrían revertir las consecuencias del asedio judicial de cara a un eventual proceso de reinstitucionalización e instauración de la democracia en el país.

En este foro digital participó el director de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, la directora ejecutiva del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (Unimet), Andrea SantaCruz, el profesor e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UCAB, Jaiber Núñez y el director del Centro de Derechos Humanos de la UCAB, Eduardo Trujillo.


El TSJ se convirtió en el principal aliado de Maduro para orquestar los ataques en contra de la Asamblea Nacional  | Foto El Nuevo Herald

     

Alí Daniels abrió el encuentro con una revisión del papel que ha tenido el TSJ y cómo su accionar ha consolidado al gobierno de Maduro. “El Tribunal Supremo de Justicia perdió su autonomía y promueve una justicia opaca que ayuda al gobierno”, señaló.

Daniels explicó en su ponencia que el TSJ se limitó a rendir cuentas, lo que causó que perdiera toda credibilidad como institución ante la población venezolana, además de ser el responsable del deterioro del sistema judicial del país.

“La información institucional sobre el Poder Judicial se reduce a lo que en unos minutos al año informa el presidente del TSJ”, aseveró Daniels, destacando que en la actualidad se toman decisiones por Facebook sin sentencias.

Mencionó que otro factor clave es la erradicación de la participación ciudadana, a pesar de ser un mandato constitucional. “Se sigue teniendo la idea de que el ciudadano es ajeno a la justicia. No exista participación ciudadana respecto al Poder Judicial ni en la formulación de políticas públicas”, continuó el director del Observatorio Venezolano de la Justicia.

El sistema judicial, según Daniels, es una institución que no se apega a la Constitución, que dicta sentencias sin juicio o sin demanda, que viola el derecho a la defensa, que no garantiza el debido proceso y fomenta la corrupción.

En consecuencia, el activista de los DD HH considera que se debe fomentar un sistema de transparencia judicial o rendición de cuentas con el objetivo de rescatar la institucionalidad del TSJ y recobrar la confianza de la población. Para esto, el abogado explica que es fundamental realizar una auditoría financiera del Poder Judicial para determinar la proveniencia y administración de los fondos. Asimismo, otro aspecto importante resaltado durante su intervención es la necesidad de hacer público quiénes son los jueces, su preparación y condición para ejercer el cargo.

Además, para consolidar un sistema judicial transparente, Daniels señaló que es trascendental que los jueces publiquen sus sentencias y el libro diario de su tribunal y los fiscales den cuenta de sus actuaciones para garantizar la publicidad de las audiencias en los casos permitidos, entre otros elementos.

Por último, el director del Observatorio Venezolano de Justicia hizo hincapié en que se debe fomentar la participación y colaboración ciudadana a través de un diseño de políticas públicas que lleven al sistema judicial a las parroquias para facilitar el acceso.

La justicia transicional en Venezuela

Un cambio político en el país conlleva un sinfín de modificaciones y ajustes para consolidar un sistema democrático en el país. Eduardo Trujillo indicó que uno de los más importantes es el camino que debe tomar el sistema judicial para consolidar un Estado de derecho.

“La justicia transicional es el paso del autoritarismo a la democracia, en donde se debe velar por la justicia y reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos o abusos”, explicó Trujillo.

    Un cambio político en Venezuela pasa por la recuperación de sistema judicial venezolano | Foto Reuters

El director del CDH de la UCAB considera como fundamental en este proceso garantizar el derecho a la verdad y a la justicia. “Venezuela tiene unas condiciones particulares. Sería un tránsito de la dictadura hacia la democracia, ya que hasta ahora no hay un conflicto armado”, continuó.

Trujillo precisó que para ser posible esta transición en el sistema judicial es necesario llegar a un acuerdo político que lo permita. “Para que se tenga la justicia transicional tiene que haber un acuerdo político entre las partes involucradas. Lo que busca la justicia transicional es el encuentro, la reconciliación entre los actores del conflicto”.

El principal obstáculo a vencer es conseguir la independencia del Poder Judicial. La corrupción y la pérdida de su autonomía favorecen a la violación de los derechos civiles y políticos y los derechos culturales, económicos y sociales que, según lo expuesto por Trujillo, constituyen la mayor cantidad de violaciones a los derechos humanos.

“La masividad de violaciones de derechos humanos registrados están relacionados a la ausencia de los servicios básicos. Los cortes de agua, luz y las limitaciones en el sector salud, son las más importantes”, manifestó Trujillo señalando que la corrupción ha influido directamente en este aspecto.

El defensor de los derechos humanos finalizó su intervención puntualizando que un factor fundamental para que la justicia transicional sea exitosa es identificar las incidencias para “no olvidarlas y no volver a transitarlas”.

La justicia penal virtual

Andrea SantaCruz fue la encargada de explicar los detalles de tener un sistema judicial virtual, teniendo en cuenta las implicaciones que tiene en el contexto venezolano actual. “Esto se refiere al uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en los procesos judiciales”, indicó SantaCruz.

    El director de Acceso a la Justicia hace un diagnóstico general del panorama actual del sistema judicial y señala hacia dónde tienen que estar enfocadas las propuestas | Foto El Ucabista

Resaltó que este tema no es nuevo y que este mecanismo se ha intentado activar en varias oportunidades, pero la realidad del sistema judicial y del desarrollo del país en materia tecnológica no lo ha permitido.

SantaCruz se refirió a una propuesta realizada por la magistrada Bárbara César hecha en abril de este año, en donde expone como necesidad urgente un procedimiento de audiencias virtuales o a distancia para aplicarlas en situaciones extraordinarias.

Del mismo modo, SantaCruz hizo un bosquejo de lo que otros países han realizado en esta materia durante la pandemia de la COVID-19. Algunas de las medidas tomadas han sido: la suspensión de plazos y actuaciones procesales, autorización de trabajo remoto, presentación de escritos vía electrónica y audiencias por medios telemáticos y videoconferencias.

No obstante, la carencia en un sistema de internet estable perjudica considerablemente la realización de estos procesos en Venezuela. Además, SantaCruz fue muy incisiva en que no puede aplicarse en un contexto donde no se respeta el derecho a la defensa y al debido proceso: “una audiencia virtual con el sistema judicial actual de Venezuela no garantiza el derecho a la defensa y puede verse amenazada la integridad física y mental del imputado”, comentó haciendo referencia a que la imposibilidad de trasladar al imputado a tribunales lo expone a recibir violencia física y psicológica por parte de los funcionarios de seguridad.

Para poder alcanzar una virtualización del sistema judicial tiene que haber una modificación profunda en él. “Se tiene que preparar a los profesionales en las TIC y mejores prácticas que garanticen la celeridad procesal”, concluyó.

La carrera judicial

La carrera judicial son las normas jurídicas que regulan el ingreso y permanencia de los ciudadanos que desean ejercer la función jurisdiccional. Así lo explicó Jaiber Núñez durante su ponencia en el foro.

“El panorama actual es que se desconoce el estado del Poder Judicial. No hay información pública ni credibilidad”, explicó Núñez. Además señaló que los magistrados y jueces son escogidos discrecionalmente sin cumplir con el proceso para su designación.

Una reforma en la carrea judicial pasa por una reforma de la constitución por o que Núñez indicó que una de las propuestas es una reforma de la ley de carrera judicial y que actualmente están trabajando en un anteproyecto de ley.

Además manifestó la necesidad de aplicar reformas en la dirección ejecutiva de magistratura (DEM) en donde se propone que los magistrados deben ser electos por mayoría calificada por un mandato fijo de 4 años.

De igual manera detalló que se debe innovar la Escuela Nacional de Magistratura a través de la implementación de un nuevo modelo de enseñanza basado en la educación por competencias.

Otro de los hilos conductores de la propuesta expuesta por Núñez es incentivar la participación ciudadana en el proceso de la carrea judicial.

“Se prevé realizar una etapa intermedia del concurso, en lugar de al comienzo, para dar información a la ciudadanía. Se pretende depurar la lista de candidatos para que los ciudadanos puedan obtener mayor información de cada participante”, comentó. Esto se aplicaría en aras de fomentar la participación para así recuperar la credibilidad en la institución del Poder Judicial.

Los participantes de la actividad coincidieron que para llevar a cabo las propuestas expuestas en el foro virtual, es clave el cambio de todos los que forman parte actualmente del TSJ, puesto que lo consideran como uno de los artífices de la violación sistemática de derechos humanos y de la destrucción del hilo constitucional en Venezuela. Sin embargo, una modificación del sistema judicial pasa por la necesidad de un cambio político que destrabe la crisis venezolana.

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