La Conferencia Episcopal Venezolana expresa su preocupación por la desfavorable situación de las comunidades originarias ante las repercusiones del coronavirus y la violencia minera.

La Conferencia Episcopal Venezolana denunció a través de un comunicado la precaria situación en que viven las comunidades indígenas del país y que se profundiza aún más ante la pandemia de COVID-19. Según la organización, las repercusiones de la cuarentena se hacen sentir en los pueblos originarios en general, pero particularmente en los amazónicos como resultado de una “sistemática exclusión de sus derechos a los bienes y servicios necesarios para una vida digna”.

El documento de los obispos recalca el grave deterioro de sus hábitats a causa del modelo extractivista depredador en las zonas mineras que, no solo afecta a las poblaciones indígenas, sino también al medio ambiente y por consiguiente a todos los venezolanos.

Desde la creación del Arco Minero del Orinoco en 2016, en los 111.843 kilómetros que abarca para la explotación de minerales impera la violencia impuesta por grupos irregulares amparados por los cuerpos de seguridad del Estado.

Debido al importante ingreso económico que representa para el gobierno de Nicolás Maduro, la zona sigue trabajando a todo dar sin las tecnologías adecuadas para la minería, lo que deriva en un impacto fatal para la biodiversidad y para las comunidades originarias que habitan en la zona.

   
Foro Penal denunció que se está produciendo “una serie de violaciones graves de derechos humanos colectivos e individuales hacia los pueblos indígenas” | Foto Europa Press

El artículo 120 de la Constitución venezolana señala que el aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitats indígenas “se hará sin lesionar la integridad cultural, social y económica de los mismos e, igualmente, está sujeto a previa información y consulta a las comunidades indígenas respectivas”.

“A la incertidumbre que genera la pandemia se suma el nefasto influjo de la explotación minera, con las consecuencias de evidentes peligros para el futuro de estos pueblos”, manifiesta la Conferencia Episcopal.

Por otra parte, indican que la falta de protección estatal combinada con los efectos de la pandemia, repercute en todos los aspectos de la vida indígena.

“La cuarentena obligatoria impide a los indígenas trabajar en sus conucos y dedicarse a la pesca, reduciéndolos así al hambre y a otras consecuencias”, continúan (…) En los lugares de mayor densidad poblacional, la falta de transporte y de suministro de combustible dificulta la comercialización de los productos agrícolas, pescados y artesanías, intensificando la ya precaria realidad que viven los pueblos indígenas”, añade la conferencia.

También denuncian que el Plan Toda Familia una Escuela del Ministerio Popular para la Educación es “impracticable en las comunidades indígenas” porque la mayoría no cuenta con electricidad, señal de televisión ni de internet.

Los obispos y las organizaciones de la Iglesia Católica, que siguen con preocupación cuanto acontece a los pueblos indígenas, afirman que “no se conoce sobre un protocolo específico para la atención de los pueblos indígenas en caso de contagio del virus SARS-CoV-2”.

Además, “los dispensarios y puestos de salud, en las comunidades indígenas, no cuentan con la mínima presencia de personal sanitario y dotación que permita resolver situaciones médicas básicas”.

A las precariedades se le suma la pandemia

Ante las dificultades propias del contexto en el que viven las poblaciones indígenas, los efectos del confinamiento repercuten directamente en sus actividades diarias, dejándolos aún más expuestos al virus.

Hasta la fecha, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha contabilizado 20 mil casos de coronavirus en indígenas del Amazonas, principalmente de Brasil, Venezuela y Colombia. Además, indicaron que estos grupos viven en aldeas aisladas con acceso mínimo a los servicios sanitarios.

“No actuar de inmediato ocasionará que sufran un impacto desproporcionado y la repercusión de la COVID-19 en los indígenas tiende a ser el doble de alta en comparación con otros estados de los mismos países”, detalló la directora general de la OPS, Carissa Etienne.

Etienne hizo un llamado a los líderes de estos gobiernos a generar políticas específicas de protección para enfrentar la pandemia, sobre todo para los migrantes y refugiados.

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) señaló que las comunidades indígenas están “peligrosamente expuestas” a la pandemia, haciendo énfasis en la situación de los migrantes venezolanos.

“A medida que la pandemia del coronavirus sigue avanzando por América Latina, (...) muchas comunidades indígenas desplazadas están ahora peligrosamente expuestas”, establecieron en un comunicado.

En Brasil actualmente hay aproximadamente 5 mil indígenas venezolanos de las etnias warao, pemón, eñapa, kariña, pemón y yekwana. La Acnur manifestó su preocupación debido a que el coronavirus está azotando la región amazónica y Brasil está emergiendo como uno de los focos de la pandemia en la región.

La agencia de la ONU ha denunciado que en Venezuela los indígenas no cuentan con la atención de personal sanitario ni con las capacidades de resolver situaciones médicas básicas, lo cual los obliga a atravesar la frontera en búsqueda de una vida mejor.

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