El Estado tiene la obligación de solicitar toda la asistencia nacional e internacional necesaria para atender las necesidades de las personas que pudieran ser afectadas, y que el trabajo de estos actores humanitarios y de derechos humanos pueda realizarse sin restricciones y represalias.

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“Reconocemos que el derecho internacional permite el uso de poderes de emergencia a los Estados para enfrentar situaciones graves como la actual epidemia de COVID-19. Reiteramos que los derechos humanos deben ser, desde el principio, parte esencial de todas las iniciativas de prevención, preparación, contención y tratamiento del COVID-19. El respeto a la dignidad humana es esencial en todas las etapas de la crisis”, reza el comunicado.

Las ONG enumeraron los siguientes aspectos:

1) Todas las autoridades y sectores de la sociedad deben enfrentar la epidemia colocando en primer lugar la salud y bienestar de la población, uniendo esfuerzos para colaborar en todas las iniciativas de prevención, preparación, contención y tratamiento del COVID-19.

2) Se debe garantizar el trabajo de los actores humanitarios y los defensores de derechos humanos. El Estado tiene la obligación de solicitar toda la asistencia nacional e internacional necesaria para atender las necesidades de las personas que pudieran ser afectadas, y que el trabajo de estos actores humanitarios y de derechos humanos pueda realizarse sin restricciones y represalias.

3) La actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y policías debe respetar derechos humanos, evitando arbitrariedades, y subordinarse al liderazgo de las autoridades civiles, priorizando las tomas de decisiones según criterios técnicos, científicos y sanitarios. Debe prohibirse las actuaciones de grupos de civiles armados en labores de orden público y debe establecerse una vocería coordinada, encabezada por las autoridades sanitarias, que evite los mensajes confusos para garantizar mejor orientación y mayor confianza en la población.

4) La implementación de la cuarentena debe informar suficientemente sobre su alcance, protocolos de movilización para el acceso a alimentos y atención médica, garantizando el mayor disfrute posible de los servicios básicos como el acceso a agua y energía eléctrica. Además, debe incorporar políticas para garantizar los medios de vida de la toda la población, con especial foco en los sectores más vulnerables, como los trabajadores informales y por cuenta propia, adultos mayores y personas en situación de pobreza, personas privadas de libertad, personas en situación de calle, que no cuentan con recursos acumulados para permanecer en aislamiento durante un largo período de tiempo. Los beneficios de estas medidas deben ser distribuidos a través de mecanismos no discriminatorios. Una cuarentena, según el derecho internacional, debe ser de duración limitada, ser revisada periódicamente e implementada de manera segura y respetuosa para disminuir los riesgos en el pleno disfrute de los derechos humanos.

5) El acceso a la información es un aspecto clave de las garantías del derecho a la salud de la población. La difusión de información debe hacerse de manera responsable, evitando alarmas innecesarias en la población y debe garantizarse que el trabajo de los medios de comunicación pueda realizarse sin restricciones adicionales al de las condiciones que eviten el contagio de sus trabajadores. Deben retirarse las restricciones actuales que impiden la consulta a diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales. Deben publicarse los boletines sanitarios que dejaron de publicarse desde 2006 y mantener información trasparente en materia epidemiológica.

6) Se deben colocar todos los recursos disponibles para que la atención médica necesaria sea accesible a todos los sectores de la población, especialmente a los sectores vulnerables, de bajos ingresos y residentes en zonas remotas. Deben tomarse todas las medidas posibles para proteger a los trabajadores del sector salud, incluyendo el que cuenten con todos los insumos, equipos y condiciones necesarias para realizar su labor en las actuales circunstancias.

7) La medidas de restricción de movilidad deben adoptarse de tal manera que no produzcan desabastecimiento, no impidan la asistencia a centros médicos para tratamientos regulares necesarios para no agravar condición de salud y atender los casos de personas que quedaron en terminales sin recursos y posibilidades de trasladarse.

Suscriben:
Acción Solidaria
Civilis Derechos Humanos
Laboratorio de Paz
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)
Convite AC
Centro de Acción Y Defensa por los Derechos Humanos (Cadef)
Impulsa Latinoamerica
Clima21 – Ambiente y Derechos Humanos
Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos (Redac)
GobiérnaTec
Accsi Acción Ciudadana Contra el SIDA
Movimiento Somos
Psicodehu
Asociacion Venezolana para la Hemofilia
Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Centrooccidental Lisandro Alvarado
FundaRedes
Ipys Venezuela
Asociación Civil Uniandes
A.C Los Naguaritos
Catedra de la Paz / Universidad de los Andes
Liga Merideña contra el Sida
Asociación por la Vida /Mérida
Justicia y Paz OP Venezuela
Asociación Civil NUPAZ
Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS)
Crea País
Promoción Educación y Defensa en DD HH - Promedehum
Observatorio Venezolano de Violencia
SOS Pacientes Renales
Comité de derechos humanos de la guajira
Labo Ciudadano
RedesAyuda & Humano Derecho Radio Estación
Hogar Virgen de los Dolores
Incide
Escuela de Comunicación Social UCAB Guayana
Todos por el Futuro
Opotunidad AC
Instituto Progresista
Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez)
Fundación Rehabilitarte
Acoana
Ciclovías Maracaibo
Caleidoscopio Humano
Una Ventana a la Libertad
Defensa en Acción
Sinergia,Red Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil
Fundación para el Desarrollo Integral Fundesi
Proyecto Mujeres
Excubitus Derechos Humanos en Educación
Observatorio Global Comunicación y Democracia
StopVIH
Grupo Social Cesap
A.C. Médicos Unidos de Venezuela
Banco del Libro
Mulier
SOS Pacientes Renales
Redhelara
ONG Las Mercedes Lara
El Zulia Recicla
DPR-LAR
Consorven, Confederación Sordos de Venezuela.
Red Universitaria por los DD HH
Acción Campesina
Centro de Justicia y Paz-Cepaz
Universidad Católica Andrés Bello
Red por los Derechos Humanos de NNA (Redhnna)
Asociación Civil Saber es Poder-AsoSaber
Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional
Comisión de DD HH de la Federación Venezolana de Colegios de Abogados del estado Apure ( Cddhhfvca Apure)
Acceso a la Justicia
Fundación ProBono Venezuela, Provene
Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ)
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (CDH-Unimet)
Plataforma contra el Arco Minero del Orinoco
Funcamama
Edepa A.C.
Red de Organizaciones de Derechos Humanos del Estado Anzoátegui Redhanz
Defiende Venezuela
Comisión nacional de DdHh de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del estado Táchira
Fundación Aguaclara
Monitor Social AC
Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes
Epikeia Observatorio Universitario de Derechos Humanos
Fundación para la cooperación internacional , la integración y el Desarrollo para el esfuerzo regional Ciider
Aula Abierta
Comision Nacional de DD HH de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela del Estado Lara
Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia
Movimiento Ciudadano Dale Letra
Votojoven
Fundacion “Yo te ayudo venezolano”
Creemos Alianza Ciudadana Libertador
Fundación Prodefensa del Derecho a la Educación y la Niñez
Derechos Humanos Venezuela Carúpano
Fundación para el Debido Proceso Fundepro
Sindicato Nacional Asociación de Profesionales Universitarios en Funciones Administrativas y Técnicas de la UCV
Aqui Cabemos Todos
Padres Organizados de Venezuela
Unión Vecinal para la Participación Ciudadana A.C.
Instituto Mead de Venezuela A.C.
Conciencia Ciudadana A.C.
Proyecta Ciudadanía A.C.
Comunidad en Movimiento A.C
Ciudadanía con Compromiso A.C.

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