Continúan las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Venezuela, en un contexto inflacionario del 5.000% que ocasiona que el 7,9% de los venezolanos estén bajo una inseguridad alimentaria severa, de acuerdo con el informe presentado este jueves por Amnistía Internacional (AI) sobre los derechos humanos en las Américas.
La organización evaluó que durante 2019 persistieron las detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales de ciudadanos disidentes, uso excesivo de la fuerza, el sometimiento a presos de conciencia a procesos penales injustos, amenaza a la libertad de expresión y persecución a defensores y defensoras de los derechos humanos y la desprotección de los pueblos indígenas.
Amnistía Internacional cuestionó las respuestas a la crisis humanitaria compleja en Venezuela por parte de la comunidad internacional en un marco en el que hubo una negativa abierta del Estado para ceder ante la entrada al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La organización señaló que en los países deben amplificar su capacidad de respuesta a los venezolanos que salen del país en búsqueda de protección internacional, en lugar de poner trabas para que esto suceda, como es el caso de Chile y Perú.
Ejecuciones y detenciones arbitrarias
La ONG registró entre el 21 y 25 de enero 11 ejecuciones extrajudiciales en el plazo de cinco días. Todas las víctimas eran hombres disidentes, provenientes de comunidades con bajos ingresos y con una participación activa en las protestas ya sea por servicios públicos o por otras exigencias.
Amnistía Internacional también contabilizó 900 personas detenidas durante las protestas de enero de 2019, en cinco días. 770 de ellas fueron apresadas el mismo día. Esta organización apunta que estas detenciones pueden constituir crímenes de lesa humanidad porque forman parte de un ataque generalizado y sistemático a quienes son identificados como disidentes. En el contexto de los arrestos, las personas son sometidas a faltas al debido proceso, tratos crueles, inhumanos o degradantes y abusos por parte de las autoridades.
Foro Penal contabilizó 2.182 personas detenidas arbitrariamente, 388 de ellas fueron encarceladas por motivos políticos, según esta organización.
La ONG también denunció que las autoridades continuaron interfiriendo en las decisiones judiciales empleando la criminalización y la estigmatización de la persona disidente, defensores de derechos humanos y activistas. Además se denunció la detención y enjuiciamiento de civiles con procedimientos militares, como es el caso del líder del sindicato de Ferrominera Orinoco, Rubén González.
En el informe, la organización reportó que al menos seis presos y presas de conciencia seguían detenidos o estaban sometidos a limitaciones en sus derechos humanos. En octubre había 193 personas apresadas por publicar opiniones o denuncias en las redes sociales o la prensa según Espacio Público.
Pueblos indígenas
La organización resalta la situación de vulnerabilidad y desprotección de los pueblos indígenas, cuyos derechos están amparados por el artículo 119 de la Constitución venezolana.
Además señaló el asalto al pueblo pemón en Santa Elena de Uairén y la comunidad de Kumarakapay los días 22 y 23 de febrero de 2019 en el contexto del impedimento de la entrada de la ayuda humanitaria al país, en el que las fuerzas de seguridad del Estado venezolano abrieron fuego contra la comunidad dejando como resultado un saldo de 7 muertos, 26 heridos y 900 indígenas pemón desplazados hacia Brasil. A un año de la masacre no se ha hecho justicia.
