Investigación de Una Ventana para la Libertad, realizado en 239 centros policiales de 15 estados del país, reporta más de 150 fallecidos durante 2019 en los calabozos policiales; de los cuales 40 murieron por enfermedades.

La ONG Una Ventana a la Libertad presentó su informe anual sobre la situación de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en centros de detención preventiva (CDP) del país.



    No podemos dejar de pensar que la situación de sobrevivencia en los centros de detención preventiva en Venezuela forma parte de la violencia psicológica, física, económica y política que vivimos en nuestro país. Casi que el mensaje es: si te descuidas vas a parar allá, y de allí sales muerto o a morir”. Conclusiones del informe anual de Una Ventana para la Libertad

En dicho informe correspondiente a 2019 se muestran los resultados registrados por la organización del monitoreo de 239 calabozos distribuidos en 15 estados del país. La organización pudo confirmar que se ha agravado la situación interna de los CDP y responsabiliza a la falta de una institucionalidad gubernamental que se dedique a atender estos problemas, profundizando mucho más la violación a los derechos humanos.

La agudización de la crisis venezolana también repercute en las personas privadas de libertad, quienes son responsabilidad directa del Estado como lo dicta el artículo 43 de la Constitución.

Lo que se vive en las cárceles venezolanas se ha mudado a los CDP: enfermedades y poca atención a los reclusos, hacinamiento, torturas y muertes, que además, traen como consecuencia la fuga de presos.

UVL registró un total de 358 reclusos fugados de los cuales solo 109 fueron recapturados. Asimismo contabilizaron la muerte de 192 privados de libertad que murieron dentro de los CDP: 46 por enfermedades, 40 por violencia entre reclusos, 34 en fugas, 16 por abuso policial, 21 por varias causas y 35 por causas desconocidas.


El equipo de investigación recabó la muerte de 22 presos por tuberculosis. Los investigadores registraron los casos de tortura hacia 88 reclusas y en el caso de los hombres hubo 144 casos
     

También indicaron que durante el primer semestre del año se detuvieron 583 personas por razones políticas, es decir, por las manifestaciones que se dieron a principio de año. El 26% de estos fueron acusados de vandalismo, pero posteriormente una parte fue libera. A medida de que las manifestaciones fueron mermando, el número de detenidos arbitrariamente fue reduciendo en la segunda parte del año. Actualmente hay 442 apresados por razones políticas.

Además de todo esto, la pésima infraestructura de los CDP y la falta de la aplicación del debido proceso influyen en un hacinamiento que degrada aún más las condiciones de vida de los arrestados. 

Para finales de 2019, UVL registró 19.286 privados de libertad en los calabozos monitoreados. Cinco estados presentaron más de mil detenidos de los que pueden soportar. El estado Zulia encabeza esta lista con 3.795 presos en 34 CDP lo que significa un 8.9% de sobrepoblación, superando el nivel nacional que es de 6.8%.

Estos números fueron potenciados por la detención arbitraria de personas que asistieron a las protestas de 2019 y se profundizó el deterioro de las condiciones de sobrevivencia en los centros de detención preventiva. A su vez, el Estado venezolano no direcciona acciones para proporcionar mejor ambiente en los centros de detención, además de no publicar cifras oficiales de la cantidad de reclusos.

El suplicio que es sobrevivir, día a día, viviendo en las condiciones detalladas por el informe de la organización Una Ventana a la Libertad es una flagrante violación de los derechos humanos fundamentales de las personas -mujeres, hombres, adolescentes de ambos sexos, personas de la comunidad LGBTI, indígenas- son iguales en su condición de minusvalía al entrar a uno de ellos.