La administración de Maduro solicitó abrir una investigación que determine “si se debe acusar a una o más personas” por los crímenes contra la humanidad que el régimen atribuye a las sanciones estadounidenses.

La fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), Fatou Bensouda, confirmó este lunes que recibió una denuncia formulada por el gobierno de Nicolás Maduro sobre los supuestos crímenes de lesa humanidad en Venezuela a causa de las sanciones estadounidenses, lo que se suma a una denuncia anterior de seis países americanos contra el mandatario.

Bensouda confirmó que el pasado 13 de febrero la Fiscalía del TPI recibió una denuncia del gobierno de Maduro en la que solicita abrir una investigación sobre los crímenes contra la humanidad supuestamente cometidos en Venezuela “como resultado de la aplicación de las medidas coercitivas ilegales adoptadas unilateralmente por el Gobierno de Estados Unidos al menos desde 2014”, con la intención de que “determine si se debe acusar a una o más personas de la comisión de tales crímenes”.

“He informado a la presidencia del TPI sobre la remisión (de este caso) para permitir su asignación a una cámara de antejuicio”, indicó la jurista gambiana en un comunicado.

Bensouda recordó que es la segunda remisión que recibe de los estados miembro del TPI sobre la situación en Venezuela. En septiembre de 2018, Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú también pidieron a la fiscal jefe que investigara los posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en la nación caribeña desde 2014, en este caso, “en el contexto de las manifestaciones y protestas políticas”. En respuesta, el TPI lleva a cabo un examen preliminar, paso previo a la apertura de una averiguación oficial.

“En mi notificación a la presidencia del TPI he indicado que las dos remisiones parecen superponerse geográfica y temporalmente y, por tanto, podrían ser asignadas a la misma Cámara de Antejuicio”, dijo, aunque subrayando que “esto no debería prejuzgar una determinación posterior sobre si el alcance de las dos situaciones es suficiente para constituir una sola”.

Bensouda aclaró, asimismo, que el hecho de que un caso sea remitido directamente al TPI por uno o varios estados miembro no conduce automáticamente a la apertura de una investigación oficial, sino que solo puede acelerar el proceso en la medida en que la Fiscalía no tiene que recabar la autorización de la Cámara de Antejuicio para pasar a esa fase.

“En todas las circunstancias, mi oficina evalúa y analiza independientemente la información disponible” de forma “independiente e imparcial”, recalcó, aludiendo tanto a las remisiones de los estados miembro como a las remisiones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y a las diligencias de oficio.

Maduro anunció que emprendería una ofensiva judicial contra las sanciones de Estados Unidos. Ya ha presentado una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por las medidas punitivas contra la aerolínea estatal Conviasa y la semana pasada su ministro de Exteriores, Jorge Arreaza, fue al TPI para presentar esta segunda denuncia.

En diciembre de 2019, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, manifestó que el escrutinio del sector financiero derivado de las recientes sanciones económicas “sigue impactando negativamente en la economía y a los servicios públicos a todos los niveles”, por lo que se requiere mayor información oficial detallada para determinar el alcance preciso de las sanciones en la implementación de los programas sociales.

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