Las potencias democráticas del mundo consideran que la vía para poner un fin a la crisis venezolana es a través de elecciones. Sin embargo, se debe llegar a un acuerdo político que establezca las garantías necesarias para llevar a cabo un proceso confiable.

Para este año 2020 se vaticinan unos comicios electorales en el país. En diciembre se vence el período de los diputados a la Asamblea Nacional, por lo que constitucionalmente se deben realizar elecciones parlamentarias. Por otra parte, una posible negociación política puede traer como desenlace unas elecciones presidenciales para poner fin a la crisis que se vive en la actualidad.

Los aliados internacionales del presidente interino y de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, apuestan por este último escenario y han puesto todos sus esfuerzos para llegar a él. Pero una salida democrática requiere de un proceso electoral legítimo y transparente.

El Observatorio Electoral Venezolano (OEV) analiza con preocupación en su comunicado Nombramiento del CNE: aprendamos de la experiencia la poca disposición del régimen de Maduro y de algunos factores de la oposición en trabajar en una pieza fundamental de este rompecabezas: el nombramiento de un nuevo Consejo Nacional Electoral.

“Dentro de este marco adquiere una enorme trascendencia el nombramiento de nuevas autoridades electorales, como resultado de un acuerdo político que permita la conformación de un árbitro imparcial que recupere la significación del voto como herramienta de la democracia y recupere la confianza entre los votantes”, explica la ONG.

     
El Comité de Postulaciones Electorales está integrado por 21 miembros, de los cuales 11 son diputados designados por la AN. Los otros 10 serán postulados por sectores de la sociedad | Foto Panorama

Sin embargo, luego de los comicios parlamentarios de 2015, donde la oposición venezolana obtuvo la mayoría de los escaños, el CNE ha actuado de manera parcializada y favoreciendo los interés del régimen, generando distintos procesos con evidentes desventajas, irregularidades y resultados dudosos.

Entre las elecciones que han tenido trascendencia está la de la Asamblea Nacional Constituyente convocada por Maduro en 2017, donde se pudo evidenciar la casi nula participación de los ciudadanos venezolanos, sin embargo el gobierno de facto dijo que participaron 8.089.320, lo que representa el 41,3% de la población electoral. La Asamblea Nacional posteriormente denunció que solo habían participado tres millones de venezolanos.

También las regionales celebradas en mayo del mismo año estuvieron llenas de irregularidades y violaciones al proceso electoral. El CNE había ordenado que se movieran los centros electorales para dificultar el acceso de los ciudadanos, además de colocar obstáculos en el camino. El caso que pudo evidenciar el fraude fue el del estado Bolívar. El equipo del candidato Andrés Velásquez pudo demostrar la manipulación de 11 actas con el objetivo de darle la Gobernación a Justo Noguera. Incluso, la propia página del ente electoral mostraba una clara ventaja de Velásquez, pero luego estos números fueron sustituidos.

Las elecciones presidenciales de 2018 representan el caso más reciente y el que trajo como consecuencia el actual escenario político. Dichos comicios debían realizarse en diciembre pero el CNE, siguiendo la propuesta de la ilegitima ANC, decidió adelantarlas para mayo, incumpliendo con la Ley de Procesos Electorales. A su vez, estuvieron marcadas por la inhabilitación de los partidos políticos, de la Mesa de la Unidad Democrática y la constante persecución a líderes opositores, obligándolos a irse al exilio.

Para evitar que este tipo de circunstancias vuelvan a ocurrir, el Parlamento ha estado trabajando en la renovación del CNE y ya ha conformado el Comité de Postulaciones Electorales.

Por su parte, Maduro ha manifestado su supuesta disposición para renovar el CNE con la participación de agentes internacionales: “Invito al Gobierno de México, Argentina, Panamá, a la Unión Europea, al Grupo de Contacto y al secretario general de la ONU, António Guterres, a que acompañen a Venezuela en la negociación para un acuerdo electoral de amplias garantías”.

El OEV observa el riesgo de que se repita la historia y, sin mediar ningún acuerdo político, el Tribunal Supremo de Justica el organismo que finalmente escoja los rectores y se vuelva a tener un árbitro parcializado.

Según la ruta marcada por Guaidó, el objetivo final son unas elecciones libres. Tras regresar a Venezuela, ha indicado que nuevas acciones se estarán anunciando en los próximos días para retomar las calles para aumentar la presión en contra de la dictadura de Maduro, y así, celebrar unos comicios legítimos y transparentes que permitan escoger al presidente de Venezuela.

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