Las violaciones al libre ejercicio periodístico se han intensificado durante el estado de emergencia por la COVID-19 mientras el gobierno procura un control férreo de la información.

El reportero gráfico de Correo del Caroní, William Urdaneta, fue detenido arbitrariamente el viernes por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) mientras cubría una asignación periodística en la avenida Guayana de Puerto Ordaz.

La detención ilegal y el posterior despojo de su celular y una memoria de la cámara fotográfica evidencia un patrón en contra de los trabajadores de los medios de comunicación en el marco del estado de emergencia generado por la aparición del COVID-19.

   
Los cuerpos de seguridad del Estado protagonizan la mayor cantidad de violaciones a los derechos de expresión y acceso a la información | Foto AFP

Urdaneta explica que durante la hora que estuvo desaparecido, estuvo dentro de una de las camionetas de los funcionarios circulando alrededor de la ciudad. “Me pidieron que me tapara la cara con mi camisa, dimos unas vueltas, ellos fueron a echar combustible y luego llegamos al mismo punto, allí en la redoma y dijeron que me bajara”, comentó el fotógrafo.

Además, los agentes de la Dgcim le quitaron su teléfono celular y la memoria de su cámara fotográfica en donde tenía el material de su trabajo sin justificación alguna, así como también lo fotografiaron a él y a su carnet de prensa.

El viernes, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) reportó que la emisora Pura Candela 93.3 FM de Carúpano fue clausurada por una comisión de Conatel y efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y le decomisaron todos los equipos de trabajo. El periodista y trabajador de la emisora, Otilio Rodríguez, fue apresado el pasado 17 de julio por la GNB por denunciar la venta ilegal de gasolina.

En el estado Bolívar también se registró que Adylene Peñalver, una periodista independiente que verificaba daños en el Consulado de Colombia en Puerto Ordaz, fue abordada por funcionarios policiales quienes la obligaron a eliminar todos los videos y fotografías que había realizado.

El hostigamiento a periodistas y fotógrafos durante la cobertura de la pandemia ha hecho que organizaciones de derechos humanos, especializadas en la defensa del derecho a la libertad de expresión, como IPYS Venezuela y Espacio Público, exijan a las autoridades gubernamentales respetar el derecho a informar y a la libertad de prensa, derechos inviolables y garantizados aún en estados de alarma.

Un patrón repetitivo

El gobierno de Nicolás Maduro ha impuesto como política de Estado la represión e intimidación de periodistas y medios de comunicación en su afán de controlar la verdad de los hechos y afianzarse en el poder, contrariando el artículo 57 de la Constitución que establece que: “Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura”.

Espacio Público ha contabilizado desde que se decretó el estado de alarma el 16 marzo, 404 violaciones a la libertad de buscar, recibir y difundir información orquestadas principalmente por los funcionarios de seguridad del Estado.

Estas violaciones se han intensificado en medio de la pandemia por COVID-19, donde el gobierno ha asumido un control férreo de la información y hostiga a todo aquel que pretenda dar datos que contraríen la información oficial.

El caso de la detención arbitraria del periodista Darvinson Rojas o los ataques en contra de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales sintetizan el accionar del Estado, que pretende hacerse dueño de la verdad a través de estos mecanismos de represión en contra del libre ejercicio periodístico.

Toda acción arbitraria en contra de los comunicadores sociales violan la Constitución nacional, y se incumple la exhortación emanada por organismos y expertos internacionales en materia de derechos humanos, incluyendo la recomendación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

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