“Este año es el de peores resultados para los salarios de los venezolanos”, dijo el analista laboral Héctor Lucena. Las políticas económicas del gobierno han terminado de hundir los ingresos de buena parte del sector público.

El salario mínimo ha tenido al menos cuatro ajustes por año desde 2013 -cuando Nicolás Maduro llegó al poder- a 2018 para un total de 30 aumentos en ese periodo. Sin embargo, a dos días de terminar el 2020 solo ha habido dos aumentos oficiales este año, el primero en enero y el último en mayo, ambos evaporados antes de entrar en vigencia.

Pese a que durante los últimos años el salario se mantuvo entre 1 y 5 dólares, este año hubo un descenso aún más profundo. A finales de septiembre, el salario mínimo equivalía a 0,90 centavos de dólar. “No es factible para uno”, dijo una trabajadora de la administración pública que pidió mantener su nombre en reserva. Relató que con lo que cobra apenas puede comprar uno o dos alimentos. “Fue uno de los peores años”, señaló.

Para sobrevivir le ha tocado depender de las reparaciones de electrodomésticos que hace su esposo y de los bonos entregados por el Estado que, aunque no le permiten una vida digna, la ayudan a completar el dinero para pagar otros gastos.

Desde octubre, y con un crítico salario mínimo de Bs. 400 mil, el gobierno empezó a pagar -sin publicarlo en Gaceta Oficial- 1 millón 200 mil bolívares de salario, el equivalente a 1,2 dólares a mediados de diciembre.

   
Los trabajadores del sector público han migrado a sectores informales por los bajos sueldos

Héctor Lucena, especialista en relaciones laborales y profesor de la Universidad de Carabobo, comentó que “sin duda, este año es el de peores resultados para los salarios de los venezolanos”. Consideró que el 2020 fue el año de la destrucción del trabajo.

Para Lucena, la precarización del salario es un tema de Estado. “La política económica vigente destruye empleos y empresas, a cambio de crearlos en otros países de donde proceden las importaciones que sustituyen producción nacional”, expresó.

Explicó que el salario mínimo es una forma de incentivar el trabajo formal mientras garantice al menos la canasta básica, pero al contrario -desde 2012- es cada vez menor su poder adquisitivo. Pese a que el gobierno ha aumentado la entrega de bonos, estos tampoco implican mejoras para los ciudadanos, según Lucena.

“No resuelven los déficits de calidad de vida perdidos por los trabajadores”, afirmó. El especialista recriminó que además de pagarse de forma unilateral, generan “sectarismos y preferencias discriminatorias entre los trabajadores”.

Para revertir esta situación, el especialista consideró que hay que seguir las recomendaciones de la Comisión de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que sugiere en su informe de 2019 la recuperación de las consultas tripartitas, el diálogo social y asegurar el Estado de derecho.

Hasta ahora, ninguna de esas recomendaciones ha sido acatada por el Estado. Al contrario, las acciones del gobierno de Nicolás Maduro han agravado aún más las condiciones de los venezolanos que dependen de la administración pública. Decenas han tenido que migrar a la informalidad. “Las familias tenemos que hacer otras cosas para solventar los gastos”, dijo otra trabajadora del sector público que se rebusca vendiendo productos para poder solventar las necesidades de alimentación, ropa y educación.

Marcela León, secretaria general de la Central de Trabajadores Alianza Sindical Independiente, señaló que el gobierno de Maduro no ha tenido voluntad para mejorar el salario de los trabajadores y ha optado por atribuir a las sanciones el bajo pago. Para León, debe haber cambios estructurales en las políticas de gobierno que generen mejoras salariales. “El salario va acompañado de productividad y empleo”, expresó.

León estima que cerca de 2,5 millones de empleados del sector público dependen del salario mínimo, pues otros han migrado del país, se han trasladado al sector informal, han empezado a hacer trueque o en los casos más graves dependen de ayudas de organizaciones internacionales. “Empleo como tal que genere ingresos no hay”, dijo.

La representante de la Central ASI manifestó que para mejorar los salarios son necesarios acuerdos nacionales con múltiples actores que apuesten por un cambio global y de modelo económico, generando créditos e incentivos, buscando alternativas no petroleras y acompañados de planes de empleos de emergencia. Además de políticas macroeconómicas, propone un salario básico de al menos 50 dólares.

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