Hasta ahora la administración de Maduro insiste en desconocer las denuncias recabadas por la Comisión de Encuestas. Por el contrario, desprestigia la investigación y se niega a aceptar las recomendaciones.

@g8che 

No hubo consenso del caso venezolano en el Consejo de Administración 340º de la Organización Internacional del Trabajo. Luego de tres reuniones fueron postergadas para marzo de 2021 las medidas a tomar sobre las violaciones laborales del gobierno de Nicolás Maduro.

Jorge Roig, representante de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), detalló que delegados de Cuba vetaron los acuerdos entre empleadores y trabajadores, lo que impidió un consenso sobre el caso venezolano. Al ser un consejo en línea no se pudo proceder al proceso de votación.

Entre los acuerdos estaban planteados que se deploraran las violaciones del gobierno de Nicolás Maduro en materia laboral, asistencia inmediata de una comisión de la OIT en Venezuela y que el caso venezolano pasara a la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT para posibles sanciones.

Eduardo Piñate, ministro del Trabajo, publicó en Twitter: “La Venezuela bolivariana obtuvo una contundente victoria al impedir un acuerdo lesivo a los intereses del país por parte del Grupo de Lima, la Unión Europea, la Organización Internacional de Empleadores y EE UU”.

Deben cumplir las recomendaciones

En 2019, la Comisión de Encuesta, el mecanismo de investigación más importante de la OIT, publicó en su informe una serie de violaciones por parte del gobierno en materia laboral, entre ellos el incumplimiento de convenios internacionales y hostigamiento contra personas y organizaciones ligadas al trabajo.

   
La sesión vía internet impidió que pudiese haber unas medidas sobre el caso venezolano durante este Consejo de Administración

La comisión realizó 22 recomendaciones al Gobierno venezolano, entre ellas, el cumplimiento de los convenios internacionales 26, 87 y 144, la liberación de trabajadores presos, el cese de detenciones arbitrarias, actos de violencia, amenazas y hostigamientos contra personas, gremios u organizaciones sindicales.

Pese a que las violaciones quedaron documentadas en dicho informe, el Gobierno venezolano rechazó todo lo registrado, desprestigió la investigación y se negó a cumplir con las recomendaciones dado que conllevaría a la vulneración de la Constitución de la República”, afirmó el gobierno.

“Lo importante es que se tomen medidas para solucionar estos problemas”, dijo Roig. El representante empresarial señaló que como punto positivo está el acuerdo entre empleados y trabajadores lo que genera buenas expectativas para que en marzo de hacerse presencial pueda haber una decisión del caso venezolano.

El representante de Fedecámaras desea que se pueda recuperar el diálogo social para retomar condiciones de trabajo dignas tanto para empleadores como trabajadores. “Venezuela tiene que cumplir con el informe de la Comisión de Encuestas”, reiteró.

Exigencia de los trabajadores

En este consejo también participó representantes de la Central de Trabajadores Alianza Sindical Independiente. Leída León, secretaria general de la organización, señaló el 10 de noviembre a Correo del Caroní que la Central de Trabajadores denuncian la ausencia de consultas para políticas salariales, la creación del memorando 2792 que destruyó las convenciones colectivas, el bajo salario, la migración forzada y la forma de establecer de tabuladores sin institucionalidad.

León agregó una semana atrás que esperaban que el Consejo de Administración empezara a emitir medidas urgentes para, con asesoría técnica, resolver los conflictos laborales en materia salarial, contrato colectivo, protección social y libertad sindical.

“La OIT expresa la preocupación de que no haya avances y se preocupa más que nosotros expongamos que por, al contrario, en vez de mejorar, se ha agravado aún más la situación de la libertad sindical en Venezuela”, señaló.

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