Un sidorista y una exempleada de Ferrominera están detenidos por difundir entre sus contactos mensajes que involucran a personeros del régimen de Nicolás Maduro.

“A todos, compañeros, les aviso: tengo aquí a una gente del Conas, los estoy grabando, están en una patrulla, armados todos, supuestamente ellos dicen que tienen una orden de tribunal para llevarme. Les aviso para que estén pendientes de mi seguridad y todo lo que tenga que ver conmigo, con mi integridad física”.

A través de una nota de voz en WhatsApp, Tania Rodríguez avisó lo que pasaba a las afueras de su residencia en Puerto Ordaz el pasado viernes 3 de abril a las 6:20 de la noche.

Las detenciones arbitrarias de manera sistemática pueden constituir crímenes de lesa humanidad competencia de la Corte Penal Internacional”. Provea

   

Fue esta la última comunicación que se tuvo con ella antes de que fuera llevada arbitrariamente por funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas).

La Intersectorial de Trabajadores de Guayana (ITG) denunció el hecho como un secuestro. El motivo de la detención, arguye la organización sindical, está relacionado al reenvío de un mensaje en redes relacionado con Cilia Flores. Aunque familiares se han reservado de emitir declaraciones, se conoció que la extrabajadora de Ferrominera recibió el domingo medida de privativa de libertad bajo arresto domiciliario.

No es la primera vez que el régimen atenta en contra de Rodríguez. A mediados del año pasado fue despedida de Ferrominera por participar en protestas dirigidas por el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera (Sintraferrominera), Rubén González, actualmente preso desde hace un año y cuatro meses en la cárcel La Pica, en Monagas.

Tania Rodríguez se dedicaba actualmente al trabajo de la costurería, para cubrir parte de los gastos de su hogar.

La segunda detención en una semana

La detención de Tania Rodríguez ocurrió el mismo día en que Elio Mendoza, supervisor de Planta de Pellas en Sidor, con 30 años de servicio, fue privado de libertad por un caso similar: reenviar un mensaje en WhatsApp sobre Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Nicolás Maduro.

El sidorista fue apresado por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) bajo engaño. Su hermana, Carla Mendoza, relató que el miércoles salió en la mañana de culminar su guardia. Aunque estaba libre, el jefe de planta, Francis Villegas, lo llamó para pedirle cubrir una guardia nocturna debido a un problema en planta. El trabajador de Sidor aceptó prestar su apoyo.

Salió a las 10:17 de la noche de su vivienda, pero no en el transporte de la empresa, sino en un vehículo particular. De Mendoza no se supo nada hasta el 1 de abril a la 1:00 pm, cuando le permitieron llamar a su esposa.

Hasta la mañana del viernes, ni parientes ni abogados tuvieron acceso a él, pero en la tarde todo el proceso que suelen dilatar en la mayoría de los casos se hizo en un par de horas. Elio Mendoza fue imputado por los delitos de instigación al odio y difamación al presidente del TSJ.

Las ONG Codehciu y Provea manifestaron su preocupación por este tipo de arresto y exigieron su libertad plena e inmediata.

Represalias de Maikel Moreno

El caso de Elio Mendoza fue el primero en el estado Bolívar, pero las represalias de Maikel Moreno por mensajes en WhatsApp empezaron en Portuguesa con Darelis Mercedes Corales Cabeza, de 31 años, hoy privada de libertad.

La detención de Darelis se dio el 27 de marzo por la Dgcim, luego de ser allanada su vivienda en Araure. Corales habría enviado un mensaje a Débora Menicucci, esposa de Maikel Moreno, a propósito de la comunicación que hizo la justicia estadounidense al ofrecer una recompensa por la captura de Nicolás Maduro y miembros de su gabinete, en los que se incluye a Moreno.

Según reseñó El Pitazo, la joven fue imputada por el artículo 20 de la Ley contra el Odio, el cual establece: “Quien públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas, en razón de su pertenencia real o presunta a determinado grupo social, étnico, religioso, político, de orientación sexual, de identidad de género, de expresión de género o cualquier otro motivo discriminatorio será sancionado con prisión de 10 a 20 años, sin perjuicio de la responsabilidad civil y disciplinaria por los daños causados”.

El Foro Penal calificó el caso como una detención política. Hasta el 2 de abril, la ONG contabilizó 23 detenidos políticos desde que comenzó la cuarentena nacional para la contención del Covid-19.

Detenciones en cuarentena

Desde antes de la cuarentena en Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro ya atacaba toda publicación en redes sociales, aunque se ha concentrado principalmente en publicaciones relacionadas a casos sospechosos de Covid-19. La primera perseguida fue la periodista de Aragua, Gregoria Rodríguez, por publicar un tuit sobre un protocolo de descarte de coronavirus.

El periodista Darvinson Rojas también fue apresado y atacado por las FAES por sus publicaciones en Twitter. Más recientemente fue detenida la bioanalista del hospital central de Valera, estado Trujillo, Andrea Sayago. Difundió un mensaje en WhatsApp en el que advirtió sobre la detección de casos positivos de Covid-19.

   


El sidorista Elio Mendoza fue apresado por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) bajo engaño la pasada semana | Foto archivo

Provea también alertó sobre la multiplicación de abusos y detenciones en tiempos de cuarentena. Entre sus advertencias están las aprehensiones de personas sin cometer delitos, como no usar tapabocas o permanecer en grupos en la calle o en su vivienda de manera festiva.

“Es comprensible que las autoridades se esfuercen en garantizar que las personas cumplan las medidas preventivas, pero privarlas de libertad porque incumplen recomendaciones es un abuso, una detención arbitraria. Así sea por pocas horas o días. Si bien el Código Penal establece que por cometer faltas una persona puede ser arrestada, resulta totalmente contraproducente seguir abarrotando los centros de detención preventiva cuando las recomendaciones de los organismos de salud y de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas es al contrario, que se libere la mayor cantidad de personas y se aplique el principio de juzgamiento en libertad para evitar se expanda en coronavirus en centros de detención”, destacó Provea.

La organización defensora de derechos humanos también se refirió a los casos de Elio Mendoza y Tania Rodríguez como persecuciones por motivos políticos.

“Las detenciones arbitrarias de manera sistemática pueden constituir crímenes de lesa humanidad competencia de la Corte Penal Internacional y motivo de investigación de la Misión de Determinación de Hechos constituida por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para investigar en Venezuela graves violaciones a los derechos humanos”, puntualizó.

De modo similar, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Informe 2019 resaltaba entre las recomendaciones al Estado “abstenerse de efectuar detenciones ilegales o arbitrarias, y en caso de que una persona sea privada de la libertad, asegurarse de se cumplan todas las garantías del debido proceso, incluyendo la pronta presentación ante una autoridad judicial, en aras de evitar desapariciones forzadas, torturas y otros tratos crueles e inhumanos”.

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